Reducir la corrupción y proteger los derechos humanos: dos caras de una misma moneda
12 de Mayo de 2026
La corrupción y la crisis de derechos humanos avanzan juntas en América Latina ¿Cómo impacta esta relación en el Estado de derecho y la lucha contra el crimen organizado?
Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2025, la corrupción está aumentando a nivel global desde hace más de una década. Desde el año 2012, en las Américas solo cinco países han mejorado mientras la puntuación de 16 países ha bajado.
En junio de 2025, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió nuevas directrices sobre la aplicación del Foreign Corrupt Practises Act (FCPA) del año 1977. Según Francois Valérian, el Presidente de Transparencia Internacional, el FCPA ha sido considerado durante mucho tiempo como el estándar de oro en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, las nuevas directrices parecen reducir considerablemente su alcance, al orientar su aplicación hacia las amenazas más urgentes para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Además, establecen que no deberían perseguirse conductas indebidas vinculadas con prácticas comerciales habituales ni cortesías comerciales generalmente aceptadas. Estas formulaciones pueden restringir significativamente el margen de aplicación de la ley y enviar un mensaje preocupante a otros países, al hacer que ciertas formas de corrupción resulten socialmente más tolerables y al subordinar la integridad a intereses económicos.
A la vez, los derechos humanos se encuentran en una crisis profunda. En su informe de abril de 2026, Amnistía Internacional documentó un panorama generalizado de violaciones a derechos humanos en el mundo. Se destaca que, al mismo tiempo, el orden internacional basado en normas es objeto de ataques constantes.
Durante mucho tiempo, había un consenso global de que la promoción de los derechos humanos constituye un elemento esencial de las relaciones internacionales. Ahora bien, este principio básico se está cuestionando cada vez más en gran parte de la región. Ante el incremento de la violencia y del crimen organizado, se aumentan dudas respecto a la eficacia del Estado de derecho y de los enfoques basados en los derechos humanos.
De manera preocupante, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) se ha debilitado en diferentes aspectos. Estados Unidos ha suspendido su apoyo al SIDH y también a organizaciones de derechos humanos. La crisis financiera va acompañada de varios cuestionamientos políticos, ideológicos o jurídicos en cuanto a la legitimidad del SIDH.
No es casualidad que el aumento de la corrupción y la crisis de los derechos humanos se efectúen simultáneamente. Ambos fenómenos están estrechamente vinculados y se han reforzado mutuamente. En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe trascendental en el cual analizó a profundidad este vínculo. En 2025, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) elaboró una Guía Práctica en la cual confirmó la interdependencia entre corrupción y violaciones de derechos humanos. El mismo informe presenta recomendaciones políticas, administrativas y técnicas para reducir la corrupción con un enfoque de derechos humanos.
Ante esta situación, el compromiso anticorrupción y el de la defensa de derechos humanos han comenzado a actuar más holísticamente con un enfoque multidisciplinario. Se ha empezado a romper los silos conceptuales que existían durante muchos años entre estos dos campos igualmente fundamentales para una sociedad justa. Mientras los desafíos en la lucha contra la corrupción así como en la protección de los derechos humanos aumentan, aún crece la disposición de colaborar, lo que es más importante que nunca.
Resulta clave identificar, apoyar y, en su caso, proteger actores políticos influyentes que estén dispuestos a defender los derechos humanos y la integridad. Una red de organizaciones y personas que trabajen con estos objetivos podría reforzar sus esfuerzos. En términos más concretos, un diálogo fortalecido entre organizaciones de derechos humanos y de anticorrupción debe tener como objetivo elaborar una agenda prioritaria común e implementarla rigurosamente. Grupos Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) pueden asesorar en estos procesos en determinados países que lo soliciten.
En cuanto al SIDH, es el momento de evaluar sus fortalezas y debilidades. Se necesita un diálogo regional de alto nivel sobre la modernización del Sistema, el fortalecimiento de su legitimidad y de la cooperación regional en cuestiones de derechos humanos. Tal diálogo sólo puede tener éxito si se cuenta con voluntad política de los actores principales. En este contexto, el vínculo entre anticorrupción y derechos humanos puede ayudar. Parece de suma importancia convencer que un enfoque de derechos humanos es una estrategia poderosa contra la corrupción. En este contexto, el SIDH como referencia para políticas nacionales desempeña un rol central.
En los últimos años, el crimen organizado se ha establecido o bien fortalecido en muchos países de América Latina. Para dichas estructuras ilícitas y altamente dañinas, la corrupción es su base vital. Se necesita de funcionarios corruptos en los poderes del Estado para realizar negocios ilegales, para el lavado de dinero y para gozar de la impunidad.
Políticas contra el crimen organizado como se efectúan actualmente en El Salvador y en Ecuador cuentan generalmente con apoyo público. Aún mandan un mensaje contundente y fuerte a los delincuentes. En El Salvador se restableció la seguridad pública. En Ecuador, la situación es bastante más complicada por la presencia de poderosos carteles de drogas nacionales e internacionales que no existían en El Salvador. Ahora bien, todavía no hay ningún antecedente en el que la mano dura por sí sola haya logrado acabar con grandes estructuras criminales poderosas, precisamente carteles de drogas –ni en México, Colombia ni en otros países–.
Las políticas de mano dura corren el riesgo de provocar daños colaterales graves. Se observa tanto en El Salvador como en Ecuador violaciones severas de derechos humanos cometidos por actores del estado que antes no se registraban. En Ecuador se nota, además, un aumento de violencia en general. En los dos países, la corrupción ha aumentado en los últimos cinco años. En resumen se manifiesta que la política de mano dura por sí sola cura un mal con otro peor.
Con toda razón, la International Crisis Group destaca en su informe actual sobre Ecuador que se necesita una presencia estatal permanente y positiva en las zonas afectadas por la delincuencia. El Estado tiene que ser íntegro y el garante cumplidor del respeto de los derechos humanos. Solo de esta forma se puede ganar la confianza de la ciudadanía, reducir la corrupción y hacer frente al crimen organizado y su atractivo engañoso. En tiempos de una globalización progresiva, el derecho internacional es más necesario que nunca para evitar un vacío legal que abra las puertas para la corrupción y la violación de derechos humanos.
Citación académica sugerida: Kempken, Daniel. Reducir la corrupción y proteger los derechos humanos: dos caras de una misma moneda. Agenda Estado de Derecho. 2026/05/12. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/reducir-la-corrupcion-y-proteger-los-derechos/
Palabras clave: América Latina, corrupción, derechos humanos
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Es jurista alemán, consultor independiente y experto en cooperación internacional, con amplia experiencia en América Latina. Ha ocupado cargos en la cooperación alemana, el Ministerio de Cooperación Económica y la diplomacia en la región.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
