La educación condicionada en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina

26 de Octubre de 2022
La educación condicionada en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tomado de Pixabay

¿Condicionar las transferencias económicas a familias con pocos recursos al requisito de asistencia escolar, es contrario a los derechos humanos?

El derecho a la educación de niños y niñas se encuentra reconocido en diferentes instrumentos de derechos humanos e incluso en las constituciones de diversos países de la región. En el caso de Argentina, algunos de los Estados de la confederación reconocen también el derecho a la educación. Este es el caso de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en sus arts. 23, 24 y ss reconoce este derecho desde los 45 días de vida.

Diagnóstico de la situación escolar en la Ciudad de Buenos Aires

Pese a que históricamente en la Ciudad de Buenos Aires faltan vacantes y miles de niños y niñas quedan fuera el sistema educativo, existe presupuesto sub ejecutado. 

En el año 2022 la pandemia dejó un duro impacto en la educación. Además de los niños y las niñas que quedaron fuera del sistema educativo, otros no lograron cumplir con los objetivos básicos esperados del año escolar. Es por esto que, aparentemente, las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran preocupadas y han buscado reforzar la educación.

Sin embargo, parece que las políticas que se han adoptado apuntan a otro camino: reforzar la desigualdad entre quienes más tienen y quienes menos tienen. En este sentido, debe ser leída la Resol. N.° 3732/MEDGC/22 del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires que definió cuáles son las condiciones que deberá cumplir un estudiante para ser considerado un alumno regular. 

Para cumplir este requisito los estudiantes deberán asistir en cada bimestre un mínimo del 85% de los días efectivos de clases durante el ciclo lectivo, según las fechas establecidas en la agenda educativa. Asimismo, no podrán tener más de 25 inasistencias a lo largo del año. Leída por sí sola, está política podría mostrar una genuina preocupación por garantizar que los niños y las niñas asistan efectivamente a la escuela.

Incluso se prevé que, ante la detección de casos de no cumplimiento de regularidad, la escuela dé intervención al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, la medida va más allá y penaliza la pérdida de regularidad con el retiro del pago de una ayuda económica que brinda también el Gobierno de la Ciudad, mediante el programa “Ciudadanía porteña”.

El Programa “Ciudadania Porteña. Con todo derecho” creado en el año 2005 consiste en una prestación monetaria mensual por hogar que se otorga bajo ciertas condiciones y pautas.  La prestación se dirige a “sostener el acceso a la alimentación de los beneficiarios así como a promover el acceso a la educación y protección de la salud de los niños, niñas, adolescentes y su grupo familiar, la búsqueda de empleo y reinserción en el mercado laboral de los adultos” (conf. art. 2). 

Se trata de una política de transferencia condicionada de ingresos. Una de esas condiciones está vinculada a la inscripción, asistencia y permanencia escolar de los niños y las niñas en la escuela cada 3 meses. Esta nueva resolución implica entonces cambiar las condiciones para el pago de la suma monetaria: se deberá acreditar la asistencia del 85% a clases cada dos meses, y quienes no cumplan quedarán excluidos/as del beneficio.     

El nuevo Programa “Ciudadania Porteña. Con todo derecho” - Castigar o los/las ya castigado/as

De esta manera, si bien, desde el Gobierno de la Ciudad se plantea reforzar el sistema educativo y el vínculo con los niños y niñas, pareciera que lo que se busca es castigar a los/as ya castigados. Obligarlos a asistir a la escuela bajo pena de quitarle el quizá único ingreso que tiene la familia implica no comprender las situaciones de desigualdad y pobreza por las que atraviesan estas personas.

Asimismo, implica también no tomarse en serio las razones por las cuales muchos niños y niñas dejan de asistir a clase. En este sentido, en esta misma jurisdicción hace poco tiempo falleció una niña en condiciones de malnutrición. Este es el caso más grave que da cuenta de la situación en que se encuentran algunos niños y niñas. Sin embargo, muchos otros/as no pueden asistir a clases porque deben colaborar con los trabajos de sus familias, cuidar de sus hermanos/as menores o porque las escuelas están alejadas de sus domicilios y no tienen recursos para el transporte. Esos casos son menos conocidos.

Razones hay miles, simplemente es cuestión de identificarlas y reconocerlas para poder cumplir con la obligación del Gobierno de la Ciudad de mejorar esas condiciones de pobreza estructural en donde viven estos niños y estas niñas. En este sentido, el art. 17 de la Constitución local obliga al gobierno a desarrollar políticas sociales para superar las condiciones de pobreza y exclusión.

Conclusiones

Esta resolución resulta contraria a ese propósito y es discriminatoria en varios aspectos. En primer lugar, por asumir que las familias más pobres no le dan relevancia a la educación (estereotipo). Además, esta medida no es neutral, tiene un impacto en los sectores más empobrecidos (o familias pobres para ser más exacta) que son quienes necesitan y han solicitado la ayuda económica. Quitar el subsidio, implica desmejorar las situaciones de los hogares, en la mayoría de los casos a cargo de una mujer.

Además, implica también una mirada sesgada sobre el impacto de la política. No evitará la deserción escolar de niños y niñas, sino que desmejorará sus condiciones alimentarias y de salud. No es simplemente desinterés. En la mayoría de los casos hay una imposibilidad que no es mirada por el Gobierno, sino simplemente se asume que hay que sancionar porque hay familias que están cobrando la ayuda económica y que no quieren mandar a sus hijos/as a la escuela o no hacen el esfuerzo suficiente. Comprender la pobreza implica darnos cuenta de que, en estos casos, la educación importa, pero más importa llegar al final del día y tener una olla con comida caliente para el grupo familiar.  

Citación académica sugerida: Ronconi, Liliana. La educación condicionada en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Agenda Estado de Derecho. 2022/10/26 . Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-educacion-condicionada-en-la-ciudad-de-buenos-aires-argentina/

Palabras clave: Educación, transferencias económicas, ausentismo, Argentina. 

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ACERCA DE LA AUTORA
Liliana Ronconi

Doctora en Derecho, Profesora de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Becaria de Post-Doctorado del CONICET

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Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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