Libertad de expresión y disidencias en órganos colegiados de derechos humanos

10 de Agosto de 2022
Libertad de expresión y disidencias en órganos colegiados de derechos humanos
Crédito de foto: Flicrk - Comisión Interamericana de Derechos Humanos

¿Tienen los titulares de los órganos colegiados de derechos humanos como la CIDH, derecho a la libertad de expresión, cuando su opinión no es mayoritaria?

Recientemente tuvo lugar una controversia en torno a expresiones vertidas por dos comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que me hicieron pensar en el lugar de la libertad de expresión, las disidencias y los márgenes de maniobra de miembros de un cuerpo colegiado de derechos humanos como la CIDH.

Las manifestaciones de ambos comisionados provocaron adhesiones, rechazos y dieron lugar a un debate en torno a las siguientes preguntas: ¿Tienen las y los miembros de la CIDH o de otros organismos de derechos humanos derecho a la libertad de expresión? ¿Pueden expresar públicamente sus opiniones si éstas no coinciden con las de la mayoría del cuerpo colegiado al que pertenecen? ¿Violan algún código interno al revelar públicamente sus propias convicciones o su diversidad de visiones sobre una calificación jurídica, una apreciación de los hechos, la visión sobre la (in)conveniencia de pronunciarse en un caso, informe o comunicado, en un sentido u otro? Si lo hacen, ¿minan o socavan la autoridad del órgano o la autoridad de las decisiones mayoritarias (que ya no se percibirán como únicas o unánimes)?

Una opinión separada ¿agrega o quita valor?

Es habitual encontrar en la mayoría de los tribunales (domésticos e internacionales) opiniones separadas, como algo normal y corriente. No sólo es admisible, sino sano y deseable. La función de las opiniones individuales en órganos jurisdiccionales ha sido ampliamente estudiada. Revisar esa literatura es interesante, pues podría ser aplicable a órganos cuasijurisdiccionales como la CIDH.

La autora Meredith Kolsky Lewis muestra que las disidencias cumplen una serie de funciones positivas:      

i. Mejoran las decisiones judiciales, pues fuerzan a la mayoría a mejorar sus argumentos o a matizarlos;      

ii. Orientan la futura interpretación del derecho, al brindar alternativas a tomar más adelante si esa decisión, que antes fue mayoritaria, prueba en el futuro ser errónea o fracasada, y      

iii. Dan expresión sustantiva al ideal de la libertad de expresión, en la medida que no sólo supone el ejercicio de ese derecho por parte de un miembro elegido a título personal para la función (de juez, comisionado, etc.), sino que se puede ver como representando visiones de minorías de la sociedad.

Lo que para una mayoría (al interior del órgano o para una opinión pública mayoritaria) puede ser aceptable, deseable o irrenunciable, para otros (dentro de ese órgano, o en la sociedad) puede ser inaceptable o al menos cuestionable. Y todos tienen derecho a poder expresarlo y la sociedad el derecho a conocer las distintas visiones.

Acaso podría considerarse que la opinión que no ha reunido la cantidad de votos suficientes, ni ha logrado convencer al resto de los miembros de un tribunal u órgano colegiado no tiene derecho a expresarse. Incluso podría considerarse que hacerlo iría en desmedro de la autoridad del órgano o de la decisión misma adoptada. Todo lo anterior, si se entendiera que la fuerza de esa decisión, o la del órgano, está en su poder de convencimiento al público al que está dirigido, y el hecho de que no se perciba como una decisión sólida, monolítica, sino más bien contingente o cuestionable, podría debilitarla. Más si consideramos que el órgano en cuestión es internacional (con la aparente falta de “dientes” que ello implica).

También podría pensarse que es serio debilitar o quitarle fuerza a la decisión de un órgano internacional si se trata, justamente, de un órgano de derechos humanos, porque entra en juego la protección misma de la persona. Aunque esto último sería tanto como pensar que la opinión mayoritaria es la expresión verdadera e inerrante de los derechos. (Pensamiento más generalizado de lo que parece, basado en atribuir a los “estándares de derechos humanos” un valor jurídico mayor que el que tienen).

¿En qué asuntos se puede disentir?

Quizás haya que distinguir en cuanto a las diversas funciones de los órganos colegiados de derechos humanos; pues podría sostenerse que hay decisiones sobre las que se puede disentir y otros asuntos en los que no.

Desde luego, no cabe duda de que en los casos contenciosos esta facultad está expresamente reconocida tanto para jueces como comisionados, por la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), artículos 66.2 y 50.1, respectivamente.

Pero ¿pueden hacerlo en opiniones consultivas, o informes temáticos u otras decisiones de la CIDH? Por lo pronto, en la Corte IDH siempre ha sido así, como podemos verlo en el voto concurrente del juez García Ramírez en una opinión consultiva:    

La buena práctica de la Corte ha permitido escuchar los pareceres individuales que nutren el examen colegiado de los temas. En esa buena práctica figura el respeto a los votos que cada juez expresa, sea que coincidan, sea que difieran de la mayoría. Sana costumbre entre pares que se reconocen como tales, sin espacio para la imposición o la intolerancia. No hay “pensamiento único”, aunque exista coincidencia en valores y criterios fundamentales.    

En la CIDH, la práctica parece ser más escasa. Acá un ejemplo de voto razonado en el  Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus DESCA. Yendo más lejos, cabría preguntarse si se pueden emitir votos razonados o disidentes de comunicados de prensa o incluso de tweets emitidos por los canales oficiales de la CIDH, no siendo esas cuestiones parte de la función contenciosa o adjudicativa del organismo.      

El Reglamento de la CIDH dice en su artículo 19 que cualquier comisionado puede presentar su voto razonado (de acuerdo o no con las decisiones de la mayoría) a continuación de la “decisión”. Es claro que para el mismo Reglamento (ver, por ejemplo, los artículos 18, 25, 36, 43, etc.) “decisión” es todo aquello que se vota y, por tanto, se decide por mayoría.

Decisiones son tanto las que aprueban informes (no aclara, así que vale tanto para informes de casos o temáticos) y resoluciones, como las que eligen integrantes de la directiva, interpretan el reglamento, crean relatorías, etc. Es de imaginar, que cada comunicado de prensa (y no sabemos si cada tweet, pero sería esperable que también, cuando la materia es importante) se vota o de algún modo se decide. Entonces, si aplicamos el antiguo principio ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, la respuesta es clara.

No puede ser de otra manera, además, cuando comunicados de prensa son citados por tribunales domésticos para fundar decisiones o cuando la misma CIDH luego cita sus comunicados (ver aquí, pár 18, y aquí, notas 299 y 396) y hasta sus tweets (notas 186 y 196) en sus informes, convirtiéndolos de a poco en parte de sus “estándares”. Teniendo esto en cuenta, parece más que justificado que cualquier miembro de la CIDH quiera y pueda expresar su voto razonado también en esos casos.

Un ejercicio de libre expresión

La libre exteriorización de opiniones concurrentes o disidentes en los organismos de derechos humanos no es sólo una protección para la institución. Oponerse a ellas o limitarlas no sólo puede empobrecer el debate y perjudicar la legitimidad del órgano en su conjunto, también tiene la virtualidad de violar la libertad de expresión individual, al silenciar esas voces.

En efecto, cada comisionada y comisionado mantiene su libertad de expresión. Se manifiesta en cada voto; en que pueden seguir usando sus cuentas personales de twitter, conceder entrevistas, etc. Esto está consagrado no solo en el artículo 13 de la Convención Americana, sino más claramente en el 70.2 de la misma:

No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la Corte ni a los miembros de la Comisión por votos y opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones.

Después de todo, la CIDH no es sólo (ni principalmente) un órgano cuasi jurisdiccional; es (también) un órgano político. Como tal, puede y debe mostrar una representación de las minorías, que tienen derecho a manifestar su opinión, concordante o discordante. Más vale que sea un órgano que refleje la sociedad en su infinita variedad y que transparente así que da lugar a todas las voces.

Citación académica sugerida: De Casas, Ignacio. Libertad de expresión y disidencias en órganos colegiados de derechos humanos, Agenda Estado de Derecho, 2022/08/10. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/libertad-de-expresion-y-disidencias-en-organos-colegiados-de-derechos-humanos/

Palabras clave: Libertad de expresión; CIDH; disidencias; votos razonados;

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ACERCA DEL AUTOR
C. Ignacio de Casas

Abogado por la Universidad de Mendoza y Master of Studies in International Human Rights Law por la University of Oxford. Actualmente está escribiendo su tesis doctoral en la Universidad Austral, donde es profesor de Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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