Es habitual encontrar en la mayoría de los tribunales (domésticos e internacionales) opiniones separadas, como algo normal y corriente. No sólo es admisible, sino sano y deseable. La función de las opiniones individuales en órganos jurisdiccionales ha sido ampliamente estudiada. Revisar esa literatura es interesante, pues podría ser aplicable a órganos cuasijurisdiccionales como la CIDH.

La autora Meredith Kolsky Lewis muestra que las disidencias cumplen una serie de funciones positivas:      

i. Mejoran las decisiones judiciales, pues fuerzan a la mayoría a mejorar sus argumentos o a matizarlos;      

ii. Orientan la futura interpretación del derecho, al brindar alternativas a tomar más adelante si esa decisión, que antes fue mayoritaria, prueba en el futuro ser errónea o fracasada, y      

iii. Dan expresión sustantiva al ideal de la libertad de expresión, en la medida que no sólo supone el ejercicio de ese derecho por parte de un miembro elegido a título personal para la función (de juez, comisionado, etc.), sino que se puede ver como representando visiones de minorías de la sociedad.

Lo que para una mayoría (al interior del órgano o para una opinión pública mayoritaria) puede ser aceptable, deseable o irrenunciable, para otros (dentro de ese órgano, o en la sociedad) puede ser inaceptable o al menos cuestionable. Y todos tienen derecho a poder expresarlo y la sociedad el derecho a conocer las distintas visiones.

Acaso podría considerarse que la opinión que no ha reunido la cantidad de votos suficientes, ni ha logrado convencer al resto de los miembros de un tribunal u órgano colegiado no tiene derecho a expresarse. Incluso podría considerarse que hacerlo iría en desmedro de la autoridad del órgano o de la decisión misma adoptada. Todo lo anterior, si se entendiera que la fuerza de esa decisión, o la del órgano, está en su poder de convencimiento al público al que está dirigido, y el hecho de que no se perciba como una decisión sólida, monolítica, sino más bien contingente o cuestionable, podría debilitarla. Más si consideramos que el órgano en cuestión es internacional (con la aparente falta de “dientes” que ello implica).

También podría pensarse que es serio debilitar o quitarle fuerza a la decisión de un órgano internacional si se trata, justamente, de un órgano de derechos humanos, porque entra en juego la protección misma de la persona. Aunque esto último sería tanto como pensar que la opinión mayoritaria es la expresión verdadera e inerrante de los derechos. (Pensamiento más generalizado de lo que parece, basado en atribuir a los “estándares de derechos humanos” un valor jurídico mayor que el que tienen).