La escalada de la censura en Cuba entre el 27N y el 11J

10 de Septiembre de 2021
La escalada de la censura en Cuba entre el 27N y el 11J
Capitolio, Cuba. Obtenido de Pxhere.com

Las protestas acaecidas en Cuba en julio de este año, son una oportunidad para reflexionar (nuevamente) sobre los derechos humanos en la isla. 

La violencia contra activistas y periodistas en Cuba escaló de manera significativa después de los hechos acontecidos en noviembre de 2020, en los cuales un grupo de artistas aglutinados en el Movimiento San Isidro realizaron una huelga de hambre por la que fueron duramente reprimidos. Esto sería el preámbulo de la violencia estatal desatada a raíz de las protestas ocurridas el 11 de julio de este año por el desabasto de alimentos y medicinas y el agravamiento de los contagios por Covid19.

La violencia post-27N

El primer semestre del 2021 fue particularmente difícil para el ejercicio del periodismo independiente en Cuba, y para la libertad de expresión en sentido general. A los habituales actos de hostigamiento, acoso y amenazas contra periodistas y activistas, se sumaron el uso de leyes penales, la supresión de la conectividad a internet para evitar la participación de estos en foros virtuales o el desarrollo de sus labores, así como los arrestos domiciliarios y las detenciones arbitrarias. A su vez, en ARTICLE 19 Oficina para México, Centroamérica y Caribe se conocieron otros casos de regulaciones migratorias, es decir, la prohibición de salida del país a periodistas y activistas. 

En el marco de la estrategia para atender la pandemia se percibió el recrudecimiento de la hostilidad contra la prensa independiente y sus corresponsales dentro de Cuba, en particular cuando estos documentaron las largas filas para la adquisición de productos de primera necesidad. 

Otro elemento de contexto influyó en la violencia contra la prensa. Las agresiones crecieron luego de los hechos acontecidos el 27 de enero de 2021 en las inmediaciones de la sede del Ministerio de Cultura de la República de Cuba, cuando un grupo de artistas y activistas trataron de reunirse con las autoridades de esta institución, según lo acordado en la noche del 27 de noviembre. No obstante, se desplegaron en conjunto con efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la Seguridad del Estado y otras dependencias del Ministerio del Interior, en acciones represivas contra activistas y periodistas independientes. 

Durante este periodo en ARTICLE 19 se registraron 657 agresiones hacia periodistas de 16 distintos medios de comunicación, así como activistas de los Movimientos San Isidro (MSI) y 27N, blogueros, freelancers y youtubers, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2021. Para que se tenga una idea de la agresividad manifestada por las autoridades cubanas durante el primer semestre del año 2021, podemos decir que durante todo el 2020 se documentaron 679 agresiones, apenas 22 más que en lo que va del año en curso.

Debemos partir de que en Cuba existe un marco legal restrictivo para la libertad de expresión que observa en el ejercicio periodístico alterno a los canales tradicionales, un vehículo malicioso de desestabilización política, propaganda y alteración del orden. Esto último fue constatable luego de los hechos ocurridos en noviembre y diciembre de 2020, en torno a los activistas del Movimiento San Isidro. Asimismo, pudo percibirse nuevamente luego de los hechos del 27 de enero de 2021, y más recientemente, el 11 de julio.

Según la documentación de ARTICLE 19, una de las acciones más recurrentes son los llamados “actos de repudio” llevado a cabo por organizaciones sociales respaldadas por el gobierno cubano. De esta manera se moviliza a ciudadanía organizada en agrupaciones oficialistas en defensa del gobierno, para amedrentar, denigrar y estigmatizar públicamente a periodistas independientes y activistas en la isla.  En coordinación con estos actores sociales, están la Policía Nacional Revolucionaria y el Departamento de Seguridad del Estado. 

Los cuerpos de seguridad no sólo buscan afectar la labor informativa interrumpiéndola, sino que toman medidas para prevenirla con el fin de evitar que periodistas salgan a la calle a realizar su trabajo para cubrir la escasez de productos, las aglomeraciones en los centros de distribución de alimentos, protestas espontáneas o cuando pretender salir a dar muestras de apoyo a periodistas o activistas detenidos. Este patrón se agudizó después de las movilizaciones del 11 de julio pasado.

Del total de 657 agresiones referidas en el primer semestre de este año, han sido víctimas 84 personas, todas ellas periodistas y activistas por la libertad de expresión y los derechos humanos. Se aclara que no coinciden la cantidad de agresiones con la de víctimas, debido a que algunas personas han sido agredidas más de una vez en este período. Del total de víctimas de 57 son hombres y 27 mujeres. Entre las agresiones más comunes contra periodistas y activistas registrados estuvieron los arrestos domiciliarios (355), detenciones arbitrarias (212) y campañas de desprestigio (33). 

En el caso de 27 mujeres periodistas o activistas por la libertad de expresión agredidas, las acciones represivas han tenido un impacto particularmente severo, pues muchas de ellas comparten sus labores periodísticas con las del hogar y la atención a sus familias. Tal como se ha documentado, los arrestos domiciliarios, por ejemplo, en ocasiones les han impedido salir a buscar a sus hijos a la escuela o realizar gestiones para la adquisición de productos de primera necesidad. 

En algunos casos de detenciones arbitrarias e interrogatorios se les ha amenazado de acciones contra sus hijos, inclusive con privarlas de la patria potestad. También se han registrado situaciones en las que han sido obligadas a desnudarse ante oficiales del Ministerio del Interior, con la justificación de buscar equipos de grabación que pudieran portar en sus genitales. 

La reacción mundial ante la censura

Desde inicios de 2021 se produjeron varias expresiones sobre la situación en Cuba. En el primer trimestre del año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó medidas cautelares a favor de periodistas independientes y activistas. Adicionalmente, una relatora de la Organización de Nacional Unidas, envió una comunicación el 18 de enero de 2021, manifestando su condena a la represión contra la libertad de expresión y mostrándose preocupados por las detenciones arbitrarias de activistas y periodistas independientes. 

Por su parte el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU envió una comunicación al gobierno cubano el 3 de junio, pidiendo información sobre el activista Maykel Castillo Pérez, a quien consideró como desaparecido luego de 14 días de detención sin conocerse su paradero. Además, la adopción por parte del Parlamento Europeo de una resolución de condena a la represión en Cuba, el 9 de junio, en la cual se hizo alusión expresa a las violaciones a la libertad de expresión ocurridas en el país.

Después de las protestas del 11J nada será igual

Lo anterior planteaba un panorama de escalamiento de la violencia contra periodistas y activistas que se desataría durante las protestas del 11 de julio. El terreno ya estaba preparado para una persecución encarnizada que significó, a partir de las protestas,  11 detenciones de periodistas. Human Rights Watch daría cuenta de alrededor de 500 personas detenidas

El “apagón” de internet ha hecho difícil conocer el desarrollo de los hechos. Sin embargo, lejos de soterrar la situación que vive Cuba, hoy día el debate sobre la situación de los derechos humanos se vuelve apremiante y demanda cambios en dos sentidos: los altos niveles de represión interna y el bloqueo económico estadounidense. 

Romper con los atavismos del “excepcionalismo” cubano, dentro y fuera del país, ha sido uno de los principales avances en las últimas semanas. Después de largos impasses por medio de los cuales Cuba ha sido sustraída de la discusión político-económica global, en buena medida por los manidos discursos de la Guerra Fría de ambos polos del espectro político, sectores cada vez más convencidos de la complejidad de la situación en la isla buscan una solución que tenga a los derechos humanos como eje central de transición. Esperemos que por el bien de las personas que ahí habitan —no de ideologías ni gobiernos—Cuba reciba la atención que merece y comience a dar pasos firmes hacia la plena vigencia de los derechos humanos.

 

Citación académica sugerida: Maldonado, Leopoldo. La escalada de la censura en Cuba entre el 27N y el 11J. Agenda Estado de Derecho, 2021/09/10. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-escalada-de-la-censura-en-cuba-entre-el-27n-y-el-11j/

Palabras clave: derechos humanos, Cuba, 11J, Movimiento San Isidro, censura, 27N

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ACERCA DEL AUTOR
Leopoldo Maldonado

Director Regional/Regional Director
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica 

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.