El primer semestre del 2021 fue particularmente difícil para el ejercicio del periodismo independiente en Cuba, y para la libertad de expresión en sentido general. A los habituales actos de hostigamiento, acoso y amenazas contra periodistas y activistas, se sumaron el uso de leyes penales, la supresión de la conectividad a internet para evitar la participación de estos en foros virtuales o el desarrollo de sus labores, así como los arrestos domiciliarios y las detenciones arbitrarias. A su vez, en ARTICLE 19 Oficina para México, Centroamérica y Caribe se conocieron otros casos de regulaciones migratorias, es decir, la prohibición de salida del país a periodistas y activistas. 

En el marco de la estrategia para atender la pandemia se percibió el recrudecimiento de la hostilidad contra la prensa independiente y sus corresponsales dentro de Cuba, en particular cuando estos documentaron las largas filas para la adquisición de productos de primera necesidad. 

Otro elemento de contexto influyó en la violencia contra la prensa. Las agresiones crecieron luego de los hechos acontecidos el 27 de enero de 2021 en las inmediaciones de la sede del Ministerio de Cultura de la República de Cuba, cuando un grupo de artistas y activistas trataron de reunirse con las autoridades de esta institución, según lo acordado en la noche del 27 de noviembre. No obstante, se desplegaron en conjunto con efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la Seguridad del Estado y otras dependencias del Ministerio del Interior, en acciones represivas contra activistas y periodistas independientes. 

Durante este periodo en ARTICLE 19 se registraron 657 agresiones hacia periodistas de 16 distintos medios de comunicación, así como activistas de los Movimientos San Isidro (MSI) y 27N, blogueros, freelancers y youtubers, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2021. Para que se tenga una idea de la agresividad manifestada por las autoridades cubanas durante el primer semestre del año 2021, podemos decir que durante todo el 2020 se documentaron 679 agresiones, apenas 22 más que en lo que va del año en curso.

Debemos partir de que en Cuba existe un marco legal restrictivo para la libertad de expresión que observa en el ejercicio periodístico alterno a los canales tradicionales, un vehículo malicioso de desestabilización política, propaganda y alteración del orden. Esto último fue constatable luego de los hechos ocurridos en noviembre y diciembre de 2020, en torno a los activistas del Movimiento San Isidro. Asimismo, pudo percibirse nuevamente luego de los hechos del 27 de enero de 2021, y más recientemente, el 11 de julio.

Según la documentación de ARTICLE 19, una de las acciones más recurrentes son los llamados “actos de repudio” llevado a cabo por organizaciones sociales respaldadas por el gobierno cubano. De esta manera se moviliza a ciudadanía organizada en agrupaciones oficialistas en defensa del gobierno, para amedrentar, denigrar y estigmatizar públicamente a periodistas independientes y activistas en la isla.  En coordinación con estos actores sociales, están la Policía Nacional Revolucionaria y el Departamento de Seguridad del Estado. 

Los cuerpos de seguridad no sólo buscan afectar la labor informativa interrumpiéndola, sino que toman medidas para prevenirla con el fin de evitar que periodistas salgan a la calle a realizar su trabajo para cubrir la escasez de productos, las aglomeraciones en los centros de distribución de alimentos, protestas espontáneas o cuando pretender salir a dar muestras de apoyo a periodistas o activistas detenidos. Este patrón se agudizó después de las movilizaciones del 11 de julio pasado.

Del total de 657 agresiones referidas en el primer semestre de este año, han sido víctimas 84 personas, todas ellas periodistas y activistas por la libertad de expresión y los derechos humanos. Se aclara que no coinciden la cantidad de agresiones con la de víctimas, debido a que algunas personas han sido agredidas más de una vez en este período. Del total de víctimas de 57 son hombres y 27 mujeres. Entre las agresiones más comunes contra periodistas y activistas registrados estuvieron los arrestos domiciliarios (355), detenciones arbitrarias (212) y campañas de desprestigio (33). 

En el caso de 27 mujeres periodistas o activistas por la libertad de expresión agredidas, las acciones represivas han tenido un impacto particularmente severo, pues muchas de ellas comparten sus labores periodísticas con las del hogar y la atención a sus familias. Tal como se ha documentado, los arrestos domiciliarios, por ejemplo, en ocasiones les han impedido salir a buscar a sus hijos a la escuela o realizar gestiones para la adquisición de productos de primera necesidad. 

En algunos casos de detenciones arbitrarias e interrogatorios se les ha amenazado de acciones contra sus hijos, inclusive con privarlas de la patria potestad. También se han registrado situaciones en las que han sido obligadas a desnudarse ante oficiales del Ministerio del Interior, con la justificación de buscar equipos de grabación que pudieran portar en sus genitales.