¿La libertad avanza? El escenario crítico para la protesta social en Argentina

27 de Febrero de 2024
¿La libertad avanza? El escenario crítico para la protesta social en Argentina
Foto. Twitter @MundoEConflicto

Tras la aprobación y puesta en práctica del “protocolo antipiquete” en Argentina, la autora analiza el escenario del derecho a la protesta social en el país.

El 10 de diciembre pasado asumieron las nuevas autoridades políticas en Argentina que conducirán el destino del país por los próximos cuatro años. Trajeron consigo un plan de gobierno de reforma integral basado esencialmente en la desregulación económica. Como la historia latinoamericana nos ha enseñado, el poder económico difícilmente juega a favor del pueblo, por lo que su impacto en la vida de las personas es inevitable.

La modalidad con la que el gobierno decidió implementar este plan, muestra elementos que permiten cuestionar su institucionalidad y legalidad. En primer lugar, utilizaron herramientas excepcionales y de emergencia para implementar reformas estructurales; una receta que utilizan muchos gobiernos en Latinoamérica, sobre la que pesan severas alertas.

Luego, impulsaron reformas más profundas por medio del Congreso, sin respetar los procesos de trámite, control y labor legislativa; e imponiendo regulaciones de carácter legal que son, en gran medida, contrarias a los principios, declaraciones y derechos constitucionalmente establecidos.

El recorrido histórico de nuestra región también nos enseña que toda reforma, sobre todo aquellas que impactan sobre las bases de una nación, requiere consensos. Sin espacios de diálogo, participación y construcción de acuerdos, los cambios son imposiciones; y las imposiciones implican reacción.

La protesta social como derecho humano y el protocolo anti-piquete

La manifestación social es la principal herramienta de las comunidades para expresar su postura en contextos de tensión social. Por ende, un elemento esencial para la existencia y la consolidación de las democracias y la defensa de los derechos: un terreno que el pueblo argentino conoce y respeta.

Frente a este escenario, y apenas al cuarto día de su mandato, el gobierno debutante dispuso un nuevo régimen de regulación de la protesta social; que lejos de proteger el derecho a la manifestación pública, social y pacífica, busca limitarla.

El sistema regulatorio estableció mediante la Resolución Ministerial 943/2023, el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”; conocido como “protocolo anti-piquetes”, que, además de ser cuestionable por la modalidad legal adoptada -contraria a los estándares de legalidad que deben regir la regulación en esta materia-, pretende proteger el derecho a la libre circulación por sobre el derecho a manifestarse pacíficamente.

Este espíritu es claramente deducible de su propio nombre, pero también, de su articulado. Entre sus preceptos, establece la facultad de intervención de fuerzas federales -incluso sin intervención judicial- ante cualquier entorpecimiento del tránsito de personas o medios de transporte. Esta intervención, en los términos del Protocolo, estaría autorizada incluso si la obstaculización fuese parcial y existieran vías alternativas de circulación.

Determina también que el objetivo de la participación de las fuerzas de seguridad, lejos de estar orientado a garantizar el derecho a la manifestación, es liberar en su totalidad los accesos y las vías de circulación; es decir, garantizar el tránsito y no la protesta.

El uso de la fuerza como principal recurso del protocolo

Sobre el uso de la fuerza en estos contextos, el protocolo señala que se usará la fuerza mínima necesaria y suficiente para lograr el objetivo; estableciendo que el uso de la fuerza es la regla y no la excepción.

Los estándares internacionales determinan con claridad el carácter preventivo de los cuerpos de seguridad y, por ende, la prohibición del recurso de la fuerza, la que solo debe actuar de forma excepcional, proporcional, y necesaria. Esto es absolutamente incompatible con la habilitación del uso de la fuerza como regla general.

También se autoriza el empleo de armas no letales; lo que resulta especialmente peligroso. La comunidad internacional ha alertado sobre esta calificación, y establecido que incluso aquellas armas de menor poder de impacto pueden resultar letales en atención a su uso.

Es por ello, que el concepto de armas no letales ha sido ampliamente descartado y reemplazado por el uso de armas de menor letalidad; sobre las cuales rigen los mismos criterios de excepcionalidad, proporcionalidad y extrema necesidad aplicables al uso de la fuerza en general.

Este protocolo, aún vigente, fue acompañado de campañas discursivas que aumentaron su tenor represivo; y de proyectos normativos adicionales que restringieron aún más el derecho a la manifestación, incluso estableciendo mecanismos de autorización previa y definiéndola de forma extremadamente amplia habilitando la reacción del poder estatal por aplicación del protocolo con un enorme margen de discrecionalidad y arbitrariedad.

Como era de esperarse, la reacción de la población fue inmediata. Las manifestaciones comenzaron a desarrollarse e intensificarse con el paso de las semanas. El 24 de enero se produjo la primera jornada de huelga nacional, y con ella, los primeros registros del accionar represivo estatal habilitado por el Protocolo.

Violencia en el Congreso tras la implementación del protocolo

La discusión de la Ley Bases impulsada por el Ejecutivo para transformar de forma estructural la plataforma jurídica argentina, convocó nuevamente a la población en las puertas del Congreso Nacional para expresar de forma pacífica su rechazo y resistencia a la imposición de un régimen carente de consensos y de impacto negativo en su bienestar.

El despliegue policial regido por el Protocolo, de dimensiones absolutamente desproporcionadas, intensificó de forma significativa el clima de tensión social. En este contexto, y conforme fue avanzando el tratamiento de la Ley a partir del día 30 de enero, las numerosas concentraciones populares y comunitarias que expresaban su voluntad de forma pacífica fueron ferozmente reprimidas por las fuerzas de seguridad.

La violencia dominó la escena los tres días siguientes, dejando un saldo de decenas de personas heridas de gravedad, entre las que destacaron una enorme cantidad de periodistas. Tal y como era posible prever conforme a los preceptos del protocolo y los discursos vertidos por las autoridades, el uso de la fuerza fue la regla.

La ambigüedad de la regulación y su inobservancia de los estándares en materia de protesta, condujeron a un ejercicio arbitrario y desproporcionado de la fuerza contra manifestantes, incluso cuando éstas no obstaculizaron el tránsito en las calles.

Los cuerpos de seguridad fueron más allá de lo límites del propio Protocolo: entre las circunstancias más alarmantes destacan la intervención de fuerzas federales militarizadas, la portación de armas de fuego, y el uso de armas menos letales que han sido severamente cuestionadas por el tenor de su impacto sobre la salud y la integridad de las personas.

El informe “Uso de la Fuerza en el marco de Protestas Sociales” publicado en 2022, alertaba sobre la opacidad normativa de los Estados latinoamericanos con relación al derecho a la manifestación pacífica y la participación de las fuerzas de seguridad, y sus consecuencias.

Sobre Argentina, la investigación fue incluso más contundente: advirtió que la ausencia de regulación de carácter legal y alcance general en materia de protesta y uso de la fuerza conducía a un alto margen de discrecionalidad en la actuación, y dejaba al descubierto un terreno permeable al abuso, la arbitrariedad y la limitación del derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente.

La intervención de la justicia federal y el futuro del protocolo

Recientemente, la Justicia Federal reaccionó ante este escenario y ordenó una medida cautelar que, si bien no suspende definitivamente la actuación del Protocolo, ordena al Ministerio de Seguridad de la Nación a adecuar la actuación de las fuerzas de seguridad a los límites impuestos por el Sistema Constitucional argentino y el bloque de constitucionalidad,entre los que destaca en sus fundamentos a:

i. la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

ii. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

iii. la Observación General No. 37 de Naciones Unidas y

iv. los Mandatos del Consejo de Derechos Humanos de ONU No. 3/2024, entre otros-.

La medida representa un límite valioso al atropello a la institucionalidad que representa el Protocolo; y en particular, opera como un paraguas de protección de derechos y libertades democráticas.

También, adelantó importantes criterios de interpretación sobre la convivencia del derecho a la libre circulación con el ejercicio de otros derechos y libertades como la reunión, manifestación y expresión; los límites del poder ejecutivo en materia legislativa; la división de poderes y la institucionalidad; el rol auxiliar de las fuerzas de seguridad; y los principios aplicables al uso de la fuerza.

Mediante esta Resolución la justicia argentina advierte lo que a todas luces parece obvio: las formas y los contenidos con los que el Poder Ejecutivo pretende regular el uso de la fuerza y el derecho a la protesta contrarían los estándares internacionales desarrollados sobre la materia y las obligaciones constitucionales y convencionales asumidas por el Estado.

Sin perjuicio de ello, y aun cuando se activen los mecanismos judiciales de control el escenario sigue siendo crítico. Si bien las medidas de regulación arbitraria y de constitucionalidad cuestionada pueden ser limitadas en términos formales, el discurso que habilitan sostiene el peligro para la población en términos prácticos.

En definitiva, el derecho a manifestarse se encuentra en un terreno de coyuntura complejo, que requiere de estrategias claras y monitoreos cercanos; en tanto su limitación inevitablemente impactará contra las garantías del sistema democrático argentino.

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Citación académica sugerida: Sánchez Jeanney, Soledad. ¿La libertad avanza? El escenario crítico para la protesta social en Argentina. Agenda Estado de Derecho. 2024/02/27 Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/protesta-social-en-argentina/

Palabras clave: Argentina; derecho a la protesta; uso de la fuerza; manifestación

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ACERCA DE LA AUTORA
Soledad Sánchez Jeanney

Abogada especialista en derechos humanos. Actualmente se desempeña como consultora jurídica independiente en temas relacionados a la protección de derechos humanos ante el Sistema Interamericano. Coautora del Libro y Policy Paper “Uso de la Fuerza en el marco de protestas sociales: aportes prácticos a partir de un análisis comparado de normativas nacionales” de la Fundación Konrad Adenauer con CEJIL y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.