La dictadura uruguaya comenzó en junio de 1973 y finalizó con las elecciones nacionales de noviembre de 1984, iniciándose luego un breve período de transición hasta la asunción de las autoridades democráticas en marzo de 1985.
Inmediatamente al restablecimiento democrático, se iniciaron investigaciones judiciales que generaron diversos problemas y, para la mayoría del espectro político nacional, estaba en juego la subsistencia de la recién recuperada democracia. En este esquema, se aprobó en 1986 la ley 15.848, comúnmente llamada “ley de caducidad”, pues en lugar de establecer directamente una amnistía declaró la caducidad de la pretensión punitiva del Estado frente los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales.
Esta ley fue objeto de dos consultas populares: la primera, fue un recurso de referéndum contra la ley en 1989 y la segunda, un plebiscito de reforma constitucional por el que se pretendía derogar la ley por disposición constitucional. Ambos pronunciamientos populares fueron favorables al mantenimiento de la ley de caducidad.
En febrero de 2011, la Corte IDH dictó sentencia en el caso Gelman v Uruguay, disponiendo, entre otros aspectos, que la denominada “ley de caducidad” carecía de efectos jurídicos y, en consecuencia, que se debían investigar los casos de graves violaciones de los derechos humanos ocurridos durante la dictadura y, si se obtienen pruebas suficientes, penalizar a los responsables.
La sentencia de la Corte IDH se vio afectada por el dictado de la ley 18.831 de 2011 que, si bien quiso avanzar en el sentido ordenado por la Corte IDH, se ha transformado hasta el día de hoy en una fuente de obstáculos para las investigaciones y ha hecho que la sentencia de la Corte IDH se pierda de vista.
El grado de cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH ha sido variable. Una tendencia jurisprudencial en materia penal es muy firme en cuanto a la necesidad del cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH y utiliza los argumentosmodernos y correctos para fundar sus fallos. En este escenario, se han procesado personas, avanzando en los juicios correspondientes, en muchos casos disponiendo la prisión preventiva. Pero otra tendencia no ha sido tan clara. En general, no menciona la sentencia de la Corte IDH, aunque algunos de sus expositores consideran que los términos de prescripción de los delitos estuvieron suspendidos durante la dictadura y durante la vigencia de la ley de caducidad; con lo cual desaparece el principal escollo para las investigaciones. Tengo entendido que la Suprema Corte no se ha pronunciado en recursos de casación en ninguno de estos expedientes. O sea, el grado de cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH ha variado según los distintos criterios de los tribunales.
En las elecciones de octubre de 2019, un nuevo partido político, “Cabildo Abierto”, obtuvo algo más del 10% del respaldo del electorado. Este partido es liderado por el excomandante en jefe del ejército, Gral. Guido Manini Ríos (ahora senador). A menos de dos meses de asumidas las nuevas autoridades (el 1 de marzo de 2020), legisladores de este partido comenzaron a insinuar la posibilidad de “dar vuelta la página” histórica y, sin perjuicio de continuar con la búsqueda de los desaparecidos, cesar en la persecución penal de los responsables.
En un ambiente absolutamente distorsionado por la pandemia, estas intervenciones fueron cada vez más frecuentes hasta la presentación de un proyecto de ley que propone, en forma confusa desde el punto de vista técnico: a) mantener las investigaciones, pero reestablecer la ley de caducidad, con lo que desaparecería la posibilidad de sancionar penalmente a los responsables de los delitos, b) con muchos defectos técnicos, pretende reafirmar la preeminencia del derecho interno uruguayo sobre el internacional y la preeminencia de los pronunciamientos populares a favor de la ley de caducidad,y c) que la responsabilidad penal por las graves violaciones de derechos humanos de la dictadura han prescrito o no pueden perseguirse, lo que tendría consecuencias no claras sobre las personas hoy procesadas o condenadas.
La respuesta del espectro político ha sido clara. Todos los miembros de la coalición de gobierno, que Cabildo Abierto integra, así como la oposición al gobierno se han manifestado en contra de la iniciativa. O sea, está en contra más del 85% del espectro político nacional, por lo que no es razonable pensar que se apruebe.
De todas formas, Cabildo Abierto puede presionar con una eventual salida de la coalición de gobierno, con lo cual se perdería la mayoría parlamentaria actual.
Las discusiones políticas, periodísticas, de analistas y en general la opinión pública, han caído en errores insólitos haciendo que los debates sean confusos, erróneos y de muy baja calidad.
Se han vuelto a poner sobre la mesa temas cerrados tales como la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, la imposibilidad de otorgar amnistías a responsables de cometer conductas contempladas como tales, el derecho del Estado a establecer las salidas políticas para las crisis que entienda oportunas, la eventual prevalencia de los pronunciamientos populares en referéndums y plebiscitos sobre todo otro acto legislativo o jurisdiccional, el valor y vinculatoriedad de las sentencias de la Corte IDH, etc.
¿Qué enseña lo anterior? Pues que para la sociedad uruguaya había temas aún sin resolver, tales como los efectos de una sentencia de la Corte IDH o el valor que tiene un pronunciamiento popular y si éste puede ser controlado judicialmente en cuanto a su regularidad jurídica y, eventualmente, descartado. La situación del Uruguay es extraña. Si bien los estándares de protección de los derechos humanos son en general altos si los comparamos en el continente, se vivió de espaldas al sistema interamericano hasta 2011 en que apareció la primera sentencia (Gelman) y luego vino una segunda (Barbani). En los últimos años estos temas no fueron objeto de debate, por lo que no es extraño que reaparezcan mostrando estas carencias.
Aun cuando parece muy poco probable que la iniciativa legislativa, a la que se ha hecho referencia en este texto, prospere, no deja de ser preocupante la aparición de estas propuestas que implican un retroceso en la protección de los derechos humanos que va mucho más allá de la ley de caducidad, ya que cuestionan todo el sistema constitucional (primacía del Derecho interno, de los pronunciamientos populares, etc.).
De todas formas, me atrevo a señalar que pese a todo puede haber algo bueno en lo que se está viviendo. Las discusiones anteriores, en especial, luego de la sentencia de la Corte IDH de 2011, estuvieron cargadas de prejuicios, intencionalidades políticas extremistas y muy fuertes y, con respeto lo digo, con muy poco rigor jurídico. No me extraña que muchos ciudadanos hayan quedado con confusiones graves.
En la actualidad, la reacción de la opinión pública ha sido distinta. En general se intenta entender la cuestión en un clima de calma y las intervenciones públicas tienden a ser más racionales, con criterios jurídicos claros, salvo, claro está, las que provienen de los promotores de la iniciativa y algún otro caso aislado.
O sea, si bien es preocupante, puede llegar a ocurrir que de esta iniciativa legislativa se salga con mayor fortaleza que antes en cuanto a la comprensión de la sociedad de conceptos básicos: el rol del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de la Corte IDH, cómo se armonizan y funcionan la regulación constitucional y la internacional y, especialmente, comprendiendo que el sistema interamericano significa una garantía para los ciudadanos y un claro avance en la protección de los derechos humanos.
Citación académica sugerida: Risso Ferrand, Martín: Intento de retroceso en las investigaciones de las graves violaciones de derechos humanos en Uruguay, 2020/09/04. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/intento-de-retroceso-en-las-investigaciones-de-las-graves-violaciones-de-derechos-humanos-en-uruguay/
Profesor de Derecho Constitucional (en grado y postgrado) e investigador de alta dedicación en la Universidad Católica del Uruguay y está evaluado como nivel II por el Sistema Nacional de Investigadores. Desde 2009 es miembro del Grupo de Justicia Constitucional, de la Fundación Konrad Adenauer.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.