Justicia Penal Internacional para Latinoamérica

8 de Febrero del 2021
Justicia Penal Internacional para Latinoamérica

Hace pocas semanas terminó la 19 Asamblea de los Estados Partes (AEP) de la Corte Penal Internacional (CPI). Se realizó en La Haya, pues debido a las constantes agresiones al equipo de la Fiscalía de la CPI por parte del anterior Gobierno de los EE. UU. no pudo llevarse a cabo en Nueva York. No obstante, tuvo acceso remoto desde cualquier lugar del mundo, dadas las restricciones por el manejo de la pandemia, siendo la AEP más democrática de la historia.

Entre los múltiples temas de interés quisiera destacar tres vinculados con la expectativa de justicia penal internacional (JPI) para Latinoamérica, así como sus principales desafíos.

La Revisión

Como toda organización de derecho internacional, la CPI es apoyada, exigida y criticada desde diversas orillas. En septiembre de 2020, terminó el proceso de revisión de la CPI con la publicación de un reporte que incluye el análisis sobre asuntos generales de la Corte, específicos de los órganos, de la Fiscalía y del registro (víctimas, defensa y reparación), así como de gobernanza externa y relación con la AEP.

En materia de exámenes preliminares (EP), aplicable en situaciones regionales, se recomendó adoptar un plan estratégico para determinar la duración de los EP, con hitos y plazos en todas las fases, sin que superen dos años, pero al mismo tiempo se insistió en su flexibilidad, considerando la complejidad de cada situación. Colombia es un claro ejemplo de esto último, lo que genera confusiones frente a los esfuerzos de complementariedad.

La AEP recibió el informe, valoró el ejercicio e inició el análisis de los asuntos que son de su competencia, lo que continuará en las siguientes sesiones. Por su parte, la Corte señaló que tomaba nota de las recomendaciones e iniciaba su análisis autónomo. Algunos artículos recomendados sobre el tema son: GuilfoyleZangenehLyons y World Movement Federalist y otras ONGs.

Las elecciones

Bajo el lema “elegir a los mejores”, la sociedad civil alentó a los Estados a seleccionar las personas mejor calificadas para los distintos cargos. La AEP seleccionó su nueva mesa directiva y seis integrantes del Comité de Presupuesto y Finanzas, instancia encargada de la revisión presupuestaria de la CPI. También eligió seis nuevos magistrados de la Corte, entre ellos tres de Trinidad y Tobago, ​México y ​Costa Rica, para un periodo de nueve años. Con esto, serán 4 los jueces latinoamericanos y del caribe en este tribunal.

Por su parte, la elección de la persona que ocupará el cargo de Fiscal de la CPI para un periodo de 9 años se aplazó, pues los Estados decidieron abrir nuevamente la postulación y el análisis de hojas de vida y, por lo tanto, se realizará el día de hoy, 8  de febrero. La persona elegida deberá atender el mayor número de situaciones latinoamericanas bajo examen en este tribunal en su historia.

Justicia para las víctimas en Latinoamérica

Las víctimas de todas las regiones del mundo, incluyendo las latinoamericanas, tienen expectativas en la capacidad de la CPI para luchar contra la impunidad y sancionar a los máximos responsables de los crímenes de su competencia. Así las cosas, no hay ninguna razón para privilegiar a una región en particular ni para acusar a esta institución, como se hace injustamente, de estar interesada exclusivamente en África. Teniendo esto en cuenta, en este apartado plantearé tres desafíos que tiene la JPI para Latinoamérica en los siguientes años.

Hay dos formas para que las situaciones de competencia de la CPI lleguen a su conocimiento: la remisión y el conocimiento propio de la Fiscalía. Hasta el momento la Fiscalía ha recibido dos remisiones del Consejo de Seguridad de la ONU, once remisiones de Estados y ha conocido directamente, a partir de información remitida por organizaciones y otras fuentes, trece situaciones.

Hasta 2018 en Latinoamérica solo se había iniciado el análisis de dos situaciones (Colombia y Honduras) y fueron a motu proprio. El EP de Colombia, iniciado en 2004, continúa y el de Honduras, abierto en 2010, fue cerrado en 2015. Desde entonces, se dieron tres remisiones por parte de Estados latinoamericanos: un grupo conformado por Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú frente a situaciones en Venezuela (2018), siendo la primera remisión estatal de la situación de otro Estado Parte en la CPI; Venezuela por situaciones en su territorio (2020); y el Estado Plurinacional de Bolivia por hechos en su territorio (2020).

Los informes 2020 de la Fiscalía de la CPI sobre los EP destacan el avance a la fase 3 de Venezuela I, considerando que existe fundamento razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, y el inicio de los análisis en Venezuela II y Bolivia. En el caso de Colombia, la Fiscalía planteó el inicio de un proceso, sin precedentes, de consultas para construir un marco de parámetros referenciales que permitan tener indicadores para determinar si debe abrir una investigación o esperar los procesos de rendición de cuentas nacionales.

Si bien una remisión de un Estado Parte no conduce automáticamente a la apertura de una investigación, sí acelera el proceso pues la decisión de la Fiscalía no requiere revisión judicial. Por esa razón, un primer desafío de la JPI en Latinoamérica es el aumento de las remisiones estatales y la pulsión política de anunciar públicamente la presentación de denuncias ante la CPI, desvalorando su independencia judicial.

Considerar los desafíos que enfrenta la justicia penal internacional es una tarea que debe involucrar a todos los interesados en la permanencia del sistema del Estatuto de Roma. Así, la tendencia a atacarse políticamente a partir de llamados y amenazas ante la CPI debe rechazarse pues expropia la justicia que es para las víctimas, destinatarias de los esfuerzos de la JPI. La denuncia del uso político de la CPI, como reto para los próximos años, no pretende negar los crímenes ni olvidar a las víctimas sino, por el contrario, procurar su centralidad en los procedimientos futuros, sin que ningún actor político se arrogue el éxito del avance o de las decisiones judiciales de la CPI en estos casos. Por ejemplo, en Venezuela las víctimas requieren justicia ahora y después de terminar la dictadura.

El segundo desafío tiene que ver con el aumento de la capacidad de documentación de situaciones relacionadas con la comisión de crímenes internacionales. El conocimiento y la experiencia en la defensa de los derechos humanos debe acompañarse de los criterios para la determinación y prueba de los elementos de los crímenes, así como la documentación e indicación de las responsabilidades. Entonces hay que aumentar el conocimiento público de las reglas de funcionamiento del sistema del ER y de las decisiones judiciales de la Fiscalía y la Corte, así como acompañar el desafío que supone la generación de indicadores de complementariedad, como los que se esperan formular en el caso de Colombia. A esto se suma la permanente exigencia de respuestas de los sistemas nacionales de justicia y la atención a la ausencia de procesamientos genuinos frente a crímenes de competencia de la CPI.

El tercer desafío es la invitación a la Fiscalía para mirar con mayor detenimiento a las víctimas de Latinoamérica: analizando la situación de México y otros países de la región a motu proprio; aumentando la traducción al español de sus actuaciones, incluso analizando el uso del español como idioma oficial; incluyendo en sus informes anuales la información no confidencial remitida por la sociedad civil, permitiendo el contraste de la entregada por los Estados; y produciendo diálogos sobre la no repetición como parte del proceso de complementariedad, de forma que mientras se investigan los crímenes se sumen esfuerzos para evitar su continuidad.

Serán años desafiantes. Los efectos de la pandemia en esta materia están por verse, así como el nombre de la persona que liderará el equipo de la Fiscalía de la CPI, probablemente un nacional de Europa. Mirar a Latinoamérica permite insistir en el compromiso genuino de la región por defender y respetar los principios y valores fijados en el Estatuto de Roma, así como en el propósito de la justicia internacional de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Citación académica sugerida: Ospina, Juan Carlos: Justicia Penal Internacional para Latinoamérica, 2021/02/08, https://agendaestadodederecho.com/justicia-penal-internacional-para-latinoamerica/

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ACERCA DEL AUTOR
Juan Carlos Ospina

Abogado, especialista en cultura de paz y magíster en derechos humanos. Actualmente es asesor jurídico de la Comisión Colombiana de Juristas, así como doctorando y docente de la Universidad de los Andes. Asociado del Colegio Internacional de Abogados de la CPI (ICCBA).

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.