¿Y los jueces qué? Guatemala y la persecución judicial a quienes cumplieron con su obligación

14 de Marzo de 2023
¿Y los jueces qué? Guatemala y la persecución judicial a quienes cumplieron con su obligación
Foto. CICIGgt

¿Qué garantías debe brindar la comunidad internacional frente a la persecución judicial que afecta a los encargados de la lucha contra la corrupción en Guatemala?

Guatemala y la inmunidad de los jueces

Hace pocas semanas, el Fiscal Rafael Curruchiche de Guatemala, quien es el actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, anunció que en ese país se había iniciado una investigación en contra del ahora ministro de defensa de Colombia, Iván Velásquez. Velásquez  fungió como director de la Comisión Internacional Contra la Corrupción de Guatemala (CICIG), que operó en ese país durante varios años. Él estuvo a cargo de esta Comisión desde 2014 hasta 2019, fecha de culminación unilateral de esa misión por parte del Estado de Guatemala.

El anuncio dio inicio a una confrontación verbal entre los gobiernos de Colombia y Guatemala sobre lo que representaba esa investigación. Sin embargo, luego de cruces de manifestaciones entre ambos gobiernos, las aguas volvieron a su cauce natural.

Como resultado de esa situación salió a la luz pública que el entonces director de la CICIG      tenía inmunidad para ejercer su labor, según el documento suscrito por Naciones Unidas y el entonces gobierno de Guatemala.

Visto así el asunto, resulta evidente la imposibilidad que a Velásquez se le pueda enjuiciar en Guatemala por su actividad como director de dicha misión internacional.

Operadores de justicia bajo persecución

Pero ¿qué pasa con los miembros del sistema judicial de Guatemala –jueces, fiscales, abogados, representantes de víctimas- que, a la par con el equipo internacional impulsaron procesos judiciales y lograron condenas contra poderosos carteles de corrupción en ese país?

En 2022, la Federación Latinoamericana de Magistrados –FLAM- y la Unión Internacional de Magistrados –UIM- juntaron esfuerzos para hacer una visita de jueces de diferentes países a Guatemala. Entre los diversos aspectos verificados de la situación institucional que vive en la actualidad ese país, se estableció que, a partir del cese de la CICIG, se dio paso al interior del sistema judicial a una persecución sin precedentes en contra de las y los jueces que cumplieron con la función judicial en relación con dicho proceso de búsqueda de justicia material en casos de esa índole.

Como resultado de esa visita, se emitió un informe en el que se estableció lo siguiente:    

Recibimos información de que alrededor de 24 exfiscales y jueces han tenido que salir al exilio debido a la criminalización y los ataques sistemáticos en su contra. Esto incluye a ex magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la ex magistrada de la Sala de Apelaciones Claudia Escobar, la jueza de Mayor Riesgo Erika Aifán, las ex fiscales generales Thelma Aldana y Claudia Paz y Paz, el ex fiscal de la FECI Juan Francisco Sandoval, seis fiscales de la FECI y tres fiscales jefes de fiscalías de sección, entre otras personas…    

…existe un ataque sistemático en contra de jueces, juezas, fiscales y ex funcionarios de la CICIG que conocieron casos de gran corrupción y violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. Se está utilizando de manera indebida el derecho penal para criminalizar a los administradores y operadores de justicia como represalia por el trabajo que realizaron de manera independiente. Particularmente nos preocupa la situación de la jueza Yassmin Barrios y los jueces Miguel Ángel Gálvez y Carlos Ruano, así como los constantes ataques en contra de los miembros de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) que defienden la independencia judicial         

Frente a esto, se considera que es necesario un poder judicial fuerte que haga contrapeso a otros poderes del Estado. Como lo señala el analista internacional Daniel Kempken:    

Tomando en cuenta la gravedad de la gran corrupción, medidas de prevención a solas no son suficientes para enfrentar los desafíos. Hace falta también la investigación criminal de alto perfil y un poder judicial independiente que esté dispuesto a condenar a las personas corruptas.  Por eso, tiene mucho sentido fortalecer la justicia, incluyendo la administración judicial. También es necesario promover la integridad judicial. La justicia por supuesto no está libre de corrupción. Al mismo tiempo en cada sistema judicial se encuentran personas juzgadoras íntegras también. A estas juezas y jueces íntegros hay que promoverlos y hacerlos más fuertes…         

Pero, al perderse esta última característica de poder judicial independiente, al ser también cooptada la judicatura por la corrupción, se producen efectos negativos para el Estado de derecho, como se verificó en esa misión de jueces.

Lecciones aprendidas para Latinoamérica

Ante tal panorama, queda para Latinoamérica una lección aprendida del proceso guatemalteco cuando se trate de misiones internacionales de justicia, como la CICIG.

Esta es: debe dársele también, de todas las formas posibles, seguridad y protección intemporal a los administradores de justicia -los y las jueces nacionales-, y a las demás personas que conforman el sistema de justicia nacional -fiscales, defensores de víctimas, entre otros-, en el mismo nivel que a las personas extranjeras.

Cualquier afectación que se quiera hacer a las personas administradoras de justicia por su trabajo contra la corrupción, debe ser duramente reprendida por la comunidad internacional, la que debe salir eficazmente al paso de tal afrenta contra el ejercicio independiente de la judicatura.

Es un ejemplo de valentía, gallardía y arrojo el de los y las jueces que confiaron en la comunidad internacional y su propio país, pero que hoy deben exiliarse a fuerza de la persecución del mismo Estado al que sirvieron. Como sucede con el juez Miguel Ángel Gálvez, quien debió renunciar a su cargo, en la misma línea que debió tomar la juez Erika Aifán, o quienes están ahora en la mira, como el juez Carlos Ruano.

Todo esto hace que se deban repensar los mecanismos y medios de protección a los nacionales inmersos en tales programas, para que no se tenga que decir por los y las jueces latinoamericanos como ellos: ¿Y los jueces qué?

Citación académica sugerida: Lara Acuña, Hermens. ¿Y los jueces qué? Guatemala y la persecución judicial a quienes cumplieron con su obligación. Agenda Estado de Derecho. 2023/03/14. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/guatemala-y-la-persecucion-judicial/

Palabras claves: Guatemala; independencia judicial; persecución judicial; CICIG; corrupción; impunidad.

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ACERCA DEL AUTOR
Hermens Darío Lara Acuña

Presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia -Corjusticia -, Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

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Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.