Deseamos poner el eje en un punto específico. Como nunca antes sucedió en nuestro arcaico sistema judicial del expediente escrito, gracias al juicio por jurados se comenzó a hablar verdaderamente en la Argentina de la centralidad de la prueba de los hechos en un juicio oral para la decisión del caso. Se trata de una verdadera y saludable revolución. La misma con la que soñaron los constituyentes americanos del siglo XIX, cuando colocaron al juicio por jurados en todas las constituciones para erradicar de raíz a la justicia escrita y secreta de la Inquisición colonial.

Con sólo ver lo que se ha producido en sólo siete años de jurado clásico, no queda otra que imaginarse lo diferente que habría sido la justicia de nuestro continente si se hubiese cumplido inmediatamente con la manda constitucional del jurado en el siglo XIX. El jurado logró la proeza de inutilizar para siempre al expediente escrito. Con ello, logró destronar de su sitial de privilegio a la instrucción.

Hasta hoy, la concepción del juicio que tienen los abogados latinoamericanos continúa mayormente circunscrita a cuánto se sabe de dogmática penal, de garantías constitucionales y de la parte especial de los delitos. Lo cual, por cierto, es imprescindible, pero claramente insuficiente.

La adopción en las leyes de juicio por jurado clásico de Argentina del estándar de prueba de más allá de duda razonable ha posibilitado un giro copernicano en torno a la prueba de los hechos y en cómo debe litigarse apropiadamente y de manera adversarial un juicio oral. El juicio por jurados clásico ostenta dos características normativas esenciales que han obligado a los litigantes y jueces a cambiar radicalmente la cultura del juicio oral:

1) Está prohibida la incorporación por lectura del expediente y de las actas escritas.

2) El ingreso de toda prueba al debate debe ser acreditada por la parte que la ofrece y resistida por la contraria.

Se terminaron los tiempos en que el cuchillo con que se cometió el homicidio entraba al juicio sin más trámite que meterlo en un sobre de madera, atado con un hilo al expediente. O la lectura de los testimonios escritos tomados por policías o empleados judiciales. Cada pieza de información (prueba) que una parte pretenda llevar al juicio público deberá ser acreditada por el proponente, testeada rigurosamente por la contraparte y decidida por el juez en audiencia pública. Cada testigo y perito deberá declarar oralmente ante el jurado.

¿Sobre qué bases se decidirá esta admisibilidad? En cuanto a su relevancia con las teorías del caso y el objeto del juicio, en cuanto a su confiabilidad como fuente de información de aceptable calidad probatoria y en cuanto al potencial prejuicio que pueda causar sobre el jurado.

Es lo que hoy se conoce en los cursos de admisibilidad probatoria que, por fin, comienzan a darse en el país con las siglas R.C.P (Relevancia, Confiabilidad y No Prejuicio de la prueba).  Es lo único que ha posibilitado una verdadera depuración -en un marco 100% adversarial- de prueba inútil, perniciosa, de pésima calidad, repetitiva y cargada de prejuicios que, como es de esperar, conduce irreversiblemente a decisiones equivocadas y a juicios eternizados en el tiempo.

En síntesis, es la herramienta esencial que permite que los jueces de juicio y revisores mensuren de manera objetiva/subjetiva si el veredicto de culpabilidad del jurado se ajusta o no al estándar de prueba de más allá de duda razonable, integrante de la garantía de inocencia del Art. 18 de nuestra Constitución.

Hace un mes, Cambridge University Press, la editorial más antigua del mundo de habla inglesa, le dedicó un capítulo entero al jurado argentino en su libro “Juries, Lay Judges and mixed courts. A global perspective” que resume el estado de situación.

A pesar de la promesa de la Constitución Nacional de 1853, el juicio por jurados no se implementó hasta que en el siglo XXI las provincias tomaran la iniciativa. En respuesta a la desconfianza pública en el sistema legal, los académicos e investigadores vieron al jurado como un modo de dotar de transparencia, eficacia y democratización a un sistema judicial enraizado en la tradición inquisitorial (…) A pesar de que los juradistas del país enfrentaron oposición, derrotaron a las resistencias y las cortes de apelación rechazaron todos los ataques contra los nuevos sistemas de jurados. Más aún, las primeras investigaciones revelan reacciones positivas de los jurados, jueces y abogados que han participado en los juicios por jurados de Neuquén, Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Mendoza, Río Negro y las nuevas provincias se han unido al movimiento para implementar el juicio por jurados. Otros países latinoamericanos han expresado su interés en las actividades del jurado en la Argentina. Futuros avances merecen ser observados con toda atención.

Los hechos hasta aquí hablan por sí solos. No hay dudas de que el jurado es un éxito, y lo es por muchas razones. Porque asegura una calidad del juicio infinitamente mayor, con más transparencia, celeridad, publicidad, y respeto por las garantías constitucionales y los derechos humanos. Porque fortalece las instituciones democráticas en muchos sentidos, favoreciendo la desconcentración del poder de decisión, acortando la distancia histórica entre los tribunales y los ciudadanos, y por lo que significa en términos de representación. Y, porque rompe con los más de 200 años de inobservancia del modelo de justicia elegido por nuestros constituyentes. Un modelo que fue reemplazado por una tradición inquisitiva que durante décadas ha sido implementada prácticamente “de facto”, y que sólo nos ha conducido a una crisis institucional tan profunda como insalvable.