Guatemala. La crisis democrática y judicial

1 de Diciembre de 2023
Guatemala. La crisis democrática y judicial
Foto. Prensa Comunitaria

El artículo analiza la interconexión entre la crisis democrática y la crisis judicial en Guatemala, destacando la necesidad de una reforma profunda en el poder judicial como parte integral de las soluciones.

La crisis de Estado de derecho que ahora mismo atraviesa Guatemala es sumamente compleja y tiene una diversidad de aristas. Lo evidente es que ha alcanzado un punto crítico imposible de obviar. Para la segunda semana de octubre, se acumulaban     más de quince días de protestas y un paro nacional que exigen la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras, el titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad Rafael Curruchiche y el Juez Fredy Orellana.

Las protestas tienen un objetivo claro: resguardar la democracia de lo que ya ha sido calificado como un golpe de estado en curso, que busca revocar por medio de un caso penal el resultado de las elecciones generales de 2023.

El caso por medio del cual la fiscalía pretende cancelar por la vía penal al partido que llevó a ganar la elección presidencial a Bernardo Arévalo, salpica también a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, órgano encargado de llevar a cabo las elecciones, pero también único facultado para suspender o cancelar a un partido político según la ley.      

En medio del caos, de forma exprés y cuatro años tarde, el Congreso renovó a los trece magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los 135 magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones tras una orden de la Corte de Constitucionalidad.

Además, los intentos de los resultados electorales han tomado forma en dos casos nuevos: uno sobre la toma de la universidad pública guatemalteca y uno sobre la compra que realizó el Tribunal Supremo Electoral de un sistema de transmisión preliminar de los resultados de las votaciones que culminó con el levantamiento de la inmunidad de 4 magistrados titulares.

Estos eventos, que se enmarcan en el estallido de esta crisis democrática, sólo han sido posibles porque los mecanismos del sistema de justicia han sido utilizados y retorcidos para reforzarla.

Crisis judicial: el mal de raíz

A partir de Rule by Law, The politics of courts in authoritarian regimes, libro de Tamir Moustafa y Tom Ginsburg sobre el rol de las cortes en regímenes autoritarios, se puede observar un paralelismo sorprendente con el contexto guatemalteco.      

Los tribunales han sido utilizados no solo para marginar jurídicamente a opositores políticos en contiendas electorales, sino también para criminalizar a partidos de oposición, como en el caso del partido del presidente electo, Bernardo Arévalo.

Las altas cortes, como la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, han legitimado la criminalización en lugar de frenarla, sirviendo al control del régimen sobre la voluntad popular. Tribunales y fiscalía son clave en este control, generando malestar social según Moustafa y Ginsburg.

Este control social de los tribunales guatemaltecos ha provocado malestar en la población hasta llegar al límite de tolerancia social. Sin embargo, esta situación no puede perdurar indefinidamente. Para restaurar la institucionalidad, es imperativo abordar las razones que permiten a las instituciones judiciales socavar la democracia.

La crisis democrática parece tener su punto álgido a raíz de los casos penales promovidos por la fiscalía, validados por los jueces ordinarios y la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, es posible rastrear mucho más atrás ataques a la democracia y el Estado de derecho que han tenido eco en el seno del sistema de justicia. Esto destaca la urgencia de reformar el sistema de justicia para asegurar un acceso objetivo, imparcial y equitativo a la justicia.

El ejemplo de Chile: una visión comparada para pensar en la etapa post crisis

Según el World Justice Project Rule of Law Index, Guatemala ocupa hoy el puesto número 111 de 142 según su puntaje en el índice de estado de derecho, pero bajando a los puestos 124 en justicia penal y 136 en justicia civil.

Una mirada comparada a algunos de los países que han atravesado reformas a su sistema de justicia y que hoy tienen resultados favorables, puede ser un insumo útil para pensar en el futuro próximo guatemalteco y en la mejora de esos índices. El caso chileno es ejemplar. Hoy en día, Chile ocupa el puesto 33 por su puntaje general, 48 en justicia penal y 41 en justicia civil.

En Latinoamérica, a partir de la década de los años sesenta, los sistemas judiciales experimentaron un significativo proceso de reevaluación. Este proceso se manifestó inicialmente en la exigencia de una aplicación efectiva de la ley y, posteriormente, en el reconocimiento de la imperante necesidad de implementar reformas sustanciales en el ámbito judicial, con el propósito de garantizar una mayor eficiencia y autonomía en relación a los poderes ejecutivos de las naciones.

Las reformas judiciales en Chile atravesaron tres etapas: una en 1990, una en 1995 y una final luego de 2005. Desde la etapa post Pinochet, en la etapa post Pinochet tenía tres objetivos primordiales: a) reforzar la independencia y el carácter del poder público; b) mejorar orgánica y procesalmente la institucionalidad judicial con miras al logro de su eficacia; y c) apoyar a la formación profesional de jueces y magistrados.

Este abordaje permitió enfrentar en buena medida los problemas principales de los sistemas de justicia latinoamericanos, según los propone William Rattliff en Judicial reform: the neglected priority in Latin America.

El ejemplo chileno destaca la necesidad de un enfoque coherente y sostenido en la reforma del sistema de justicia, lo cual puede ser fundamental para el fortalecimiento de la democracia y a institucionalidad en la región, como se evidencia en el contraste con la situación actual guatemalteca, donde aún prevalecen desafíos en la consolidación de un sistema de justicia independiente y eficaz

Puntos clave: ¿de dónde partir para abordar el problema?

La aplicación de estas reformas en el sistema judicial guatemalteco podría contribuir significativamente a prevenir futuros abusos y garantizar que la justicia cumpla su función esencial sin comprometer la democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En primer lugar, es posible pensar en una reforma constitucional que garantice la independencia del Organismo Judicial y establezca un marco legal sólido para la administración de justicia en el país.      

En la práctica, la experiencia chilena buscó precisamente dotar de rango constitucional a la reforma a través de cambios orgánicos y no necesariamente procesales, como lo relata José Luis Cea Egaña en Reforma Constitucional al Poder Judical. Estas reformas pueden incluir fortalecer al Consejo de la Carrera Judicial, reducir las atribuciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia y reformar la forma y modo de elección de magistrados.

Un aspecto clave es la implementación de un sistema de carrera judicial sólido que promueva la meritocracia y la formación continua de jueces y magistrados. Esto aseguraría la selección de profesionales competentes y éticos en el ámbito judicial.

Atendiendo a los Principios Internacionales sobre la Independencia de Jueces, y con respecto a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, vale la pena modificar el proceso para garantizar una selección imparcial basada en méritos, evitando influencias políticas y asegurando la independencia del Organismo Judicial.

Esta crisis puede ser un momento clave para el fortalecimiento del sistema de justicia en Guatemala. En Judicial reform as political insurance: Argentina, Peru, and Mexico in the 1990s, Jodi S. Finkel señala que en esos tres países las reformas que verdaderamente incrementaron las facultades del poder judicial para frenar al poder ocurrieron solamente una vez los partidos de gobierno se encontraban a punto de perder su posición de dominio político. La consecuencia a largo plazo de una reforma judicial robusta, propone Finkel, puede ser un poder judicial autónomo capaz de servir como un verdadero control del poder político.

La actual transición de poder que genera el inicio de un nuevo período en los organismos ejecutivo y legislativo es una ventana de oportunidad positiva que permite iniciar a pensar, al salir de los graves momentos de crisis, en mecanismos de fortalecimiento institucional en el sector justicia, que permitan fortalecer el estado de derecho y, sobre todo, garantizar el acceso a la justicia.

Citación académica sugerida: Gálvez Hernández, José Javier. Guatemala. La crisis democrática y judicial. Agenda Estado de Derecho. 2023/12/01. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/guatemala-la-crisis-democratica-y-judicial/

Palabras clave: Guatemala, Crisis democrática, Reforma judicial

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ACERCA DEL AUTOR
José Javier Gálvez Hernández

Guatemalteco, estudiante de derecho en la Universidad Rafael Landívar, investigador en materia de derechos humanos, seguridad y justicia.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.