Guatemala: cada vez más cerca del abismo

1 de Diciembre de 2021
Guatemala: cada vez más cerca del abismo

La destitución del fiscal anticorrupción más importante de Guatemala generó una crisis política que detonó multitudinarias protestas en todo el país, pero el trasfondo de la crisis va más allá de este hecho.

El 24 de julio por la madrugada, el jefe de Sección de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, abandonó Guatemala con poco más que la ropa que tenía puesta y sin saber cuándo iba a regresar. Unas horas antes, el fiscal Sandoval había revelado durante una conferencia de prensa la forma en la que la actual Fiscal General, Consuelo Porras, habría obstaculizado su labor en diversas investigaciones de corrupción al más alto nivel.

La conferencia de prensa se dio después que el fiscal Sandoval fuera destituido sumariamente por la jefa del Ministerio Público, sin audiencia o procedimiento previo, y sin que hubiese claridad de la causal invocada para finalizar su carrera fiscal.

La destitución ilegal del fiscal Sandoval causó indignación en numerosos sectores de la sociedad, pues bajo su liderazgo se procesaron importantes casos de corrupción, incluyendo la manipulación de los procesos de selección de magistrados y magistradas a las Altas Cortes del país. Los éxitos de la fiscalía desarticulando estructuras criminales incrustadas en el Estado fueron reconocidos por la propia Fiscal General, incluso semanas antes de la destitución de Sandoval.

Diversos sectores de la sociedad convocaron a un paro nacional en respuesta a la remoción del fiscal Sandoval. El 29 de julio, decenas de movilizaciones o protestas ocurrieron en todo el territorio nacional. Entre las exigencias de los sectores manifestantes, se encontraba la renuncia del presidente Giammatei y de la Fiscal General. Crisis otra vez.

Como ya se ha señalado, el sistema político de Guatemala padece de una enfermedad crónica. Desde el 2015, casi anualmente (2017, 2019, 2020 y ahora 2021), el país enfrenta manifestaciones ciudadanas significativas que no solo piden la renuncia de funcionarios, sino transformaciones profundas al Estado. La debacle de Guatemala es multivariable. La crisis política se alimenta de la inexistente institucionalidad, pero también por un total desdén hacia el régimen de legalidad democrática y el Estado de Derecho.

La crisis del Estado de Derecho en Guatemala

No sería una exageración afirmar que, en la historia republicana de Guatemala, jamás ha existido un Estado de derecho pleno. Los factores que corroen el Imperio de la Ley ─la corrupción y el autoritarismo, por ejemplo─ siempre han estado allí.

Sin embargo, los últimos 5 años dan cuenta de una tendencia preocupante. Guatemala, quizás, se encuentra en el proceso de degradación institucional más grave desde el inicio de su proceso de democratización iniciado en 1985.

El 2017 y 2018 se caracterizaron por una suerte de frenesí de la clase política y algunos sectores empresariales para asegurarse impunidad, en medio de un contexto de convulsión política provocado por investigaciones promovidas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La CICIG era la misión de las Naciones Unidas que, junto con autoridades locales, desarticuló estructuras del crimen organizado incrustadas en las instituciones públicas.

Así, por ejemplo, el 13 de septiembre de 2017, una coalición ─bastante diversa ideológicamente─ de 107 congresistas aprobó una serie de reformas al código penal que resultaban, de facto, en una amnistía a numerosos delitos relacionados a corrupción en el ejercicio de la función pública.

Diversos sectores de la población denominaron a esta coalición legislativa como el pacto de corruptos. En efecto, los meses y años subsiguientes se dieron una serie de hechos que sugieren algún grado de coordinación entre sectores políticos ─y empresariales─ con el fin de asegurarse impunidad; un “punto y aparte” de las investigaciones de CICIG.

Aunque la manipulación del código penal del 2017 no fue exitosa, ese año el entonces presidente y ex comediante, Jimmy Morales, decidió expulsar ilegalmente al jefe de la CICIG, y, eventualmente, también decidiría unilateralmente incumplir el tratado internacional que le daba vida a CICIG.

Local e internacionalmente, ambas acciones fueron consideradas como esfuerzos para asegurarse impunidad a sí mismo y a su familia. Las decisiones del presidente fueron declaradas ilegales por la Corte de Constitucionalidad (CC). Sin embargo, el señor Morales decidió no acatar las resoluciones de la CC, provocando una crisis constitucional.  

La desobediencia directa del señor Morales de decisiones judiciales desencadenó un efecto dominó. Poco después, el Congreso de la República y la propia Corte Suprema de Justicia incumplieron órdenes de la CC. La Junta Directiva del Congreso, por ejemplo, decidió continuar diligencias de antejuicio en contra de magistrados de la CC promovidas por personas inconformes con su criterio judicial, a pesar de existir una orden judicial expresa en contrario.

Los años subsiguientes podrían caracterizarse como una “restauración” del sistema político a las condiciones previas a la llegada de CICIG. Diversos grupos de interés que se vieron directamente afectados o amenazados con las investigaciones de la misión de Naciones Unidas iniciaron sendos esfuerzos para retomar y cooptar las instituciones de administración de justicia.

Es en ese contexto que se da otro desacato de órdenes judiciales al más alto nivel. Durante el proceso de elección de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, el Congreso decidió ignorar la orden de la CC de excluir del proceso a aquellos profesionales cuya idoneidad y honorabilidad estaría comprometida. Según un informe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, 75 personas que aspiran a ser parte de las Cortes de Apelaciones y 15 personas nominadas a la CSJ son objeto de alguna investigación criminal en su contra, o tienen algún antejuicio pendiente de resolver.

De estas personas, al menos 10 aspirantes se habrían comunicado directamente con el señor Gustavo Alejos ─un poderoso operador político procesado por diversos casos de corrupción─ para ser incluidos en las nóminas que se enviarán al Congreso de la República. A todo lo anterior, se le suma el incumplimiento del plazo constitucional para renovar Cortes; el pasado 13 de octubre se cumplieron dos años de atraso.

Así también, en meses recientes ha trascendido que una magistrada de la actual CC, dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la Fiscal General, Consuelo Porras, falsificaron credenciales académicas para acceder a sus respectivos cargos. Además, el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó a un magistrado de la CC y de la Corte Suprema como corruptos. Asimismo, la señora Porras también fue sancionada por EE. UU. por haber obstruido e interferido investigaciones relativas a casos de corrupción.

Ni uno de estos hechos ha tenido consecuencia alguna. Lo que ha quedado claro es que los procedimientos de elección de las instituciones garantes del régimen de legalidad democrática no han buscado seleccionar a las mejores candidatas, sino más bien, los hechos sugieren que el criterio principal ha sido la afinidad política a los grupos de interés “restauradores”.

El desdén por el imperio de la ley solo ha ido recrudeciéndose. El más reciente ejemplo es la implementación de un estado de excepción en El Estor, Izabal en respuesta a la oposición de poblaciones indígenas a la explotación minera en la zona. El ejecutivo decretó un “Estado de Sitio”, que según la legislación guatemalteca procede “con el motivo de actividades terroristas”. El citado decreto suspendió el goce de diversos derechos fundamentales en la zona. Según medios de comunicación, la zona ha sido militarizada de facto. Si bien es cierto han ocurrido hechos de violencia en la zona, según el artículo 27.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte IDH, la respuesta del Estado ha sido totalmente desproporcionada.  

¿Qué sigue para Guatemala?

La tendencia en Centroamérica es desoladora. Nicaragua finalizó su transición hacia un régimen totalitario de partido único, El Salvador da pasos firmes hacia un autoritarismo competitivo y Honduras ha sido considerado un narcoestado de facto. Como señalé en una entrada anterior, en Guatemala las condiciones son poco alentadores para un régimen de legalidad democrática, pero tierra fértil para el surgimiento de liderazgos autoritarios.           

El próximo año Guatemala debe cambiar Fiscal General y Ombudsman. El frenesí por cooptar las instituciones parece no tener un fin próximo. La ventana de oportunidad para evitar un escenario de quiebre en el sistema político está cada vez más cerca de cerrarse completamente. La pandemia ha potencializado las desigualdades, deficiencias y el descontento. El país es de los que menos vacunas ha administrado en el hemisferio y el sistema de salud ha presentado escenas trágicas de colapso. Al día de hoy, es difícil saber con certeza cuántas personas han fallecido por la pandemia, precisamente por la debilidad institucional que ha resultado en subregistro.

De una u otra forma, cuando la población guatemalteca pierda la paciencia, deducirá responsabilidades. Ojalá el liderazgo político y las élites locales puedan dimensionar y corregir antes de que sea tarde. 

Citación académica sugerida: Ortega, Alfredo. Guatemala, cada vez más cerca del abismo. Agenda Estado de Derecho. 2021/12/01. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/guatemala-cada-vez-mas-cerca-del-abismo/

Palabras clave: Guatemala, corrupción, Corte de Constitucionalidad, Fiscal General.

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ACERCA DEL AUTOR
Alfredo Ortega Franco

Es abogado guatemalteco. Es maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame y cuenta también con una Maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford. Ha trabajado para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también como abogado litigante en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). Actualmente es profesor de derecho internacional en la Universidad Rafael Landívar.

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