Primer año del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes: ¿Cuáles son los principales avances y los retos pendientes en Colombia?

13 de Julio de 2022
Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos en Colombia: un balance en el primer aniversario de una medida aclamada internacionalmente

Primer año del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes: ¿Cuáles son los principales avances y los retos pendientes en Colombia?

El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos acaba de celebrar su primer aniversario. Y como ocurre a veces con algunos cumpleaños, estos son buenas ocasiones para hacer un balance, reflexionar sobre el camino ya recorrido y preguntarse qué es lo que nos espera en los años a venir. 

Recomendado: No todo lo que brilla es oro.

El Estatuto Temporal de Protección es la medida de regularización migratoria adoptada en marzo de 2021 e implementada a finales de abril de 2021, en beneficio exclusivo de los nacionales venezolanos en Colombia, que, sin lugar a duda, ha marcado un antes y un después en la política migratoria del Estado colombiano. A través del Estatuto se quiso otorgar a los nacionales venezolanos que cumplieran con ciertos requisitos documentales y relativos a su forma y momento de ingreso al país, un permiso de duración de diez años, llamado permiso por protección temporal. Para obtener este permiso, se requiere a cada nacional venezolano ingresar sus datos   al Registro Único para Migrantes Venezolanos, realizar una encuesta socioeconómica de forma virtual, adelantar un registro biométrico de forma presencial y esperar por la expedición del permiso por protección temporal, de finalizarse de forma exitosa este recorrido. 

De los 6,1 millones de nacionales venezolanos que se estima han salido de Venezuela, 5 millones se encuentran en países de América Latina y el Caribe y, de estos, alrededor de 2 millones en Colombia, siendo este el país de destino del mayor número de nacionales venezolanos a nivel global. Por su lado, los datos de los cuales disponemos sobre los avances del Estatuto, muestran que a junio de 2022, 1.224.000 permisos han sido aprobados, 1.792.000 personas de nacionalidad venezolana han finalizado el registro biométrico y 2.381.000 migrantes ya ingresaron sus datos en el Registro Único para Migrantes Venezolanos. También, ya se habían entregado 1 millón de permisos por protección temporal para esta fecha.

El permiso pretende cumplir con varios objetivos al tiempo: identificar a la persona migrante en el territorio nacional, regularizar su situación migratoria, permitirle ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país, convalidar sus títulos profesionales, acceder a servicios financieros, al Sistema de Seguridad Social en Salud y a educación en todos los niveles, así como a los servicios del Servicio Nacional de Aprendizaje. Además, contribuye a las autoridades del Estado a contar con más y mejores datos sobre la población migrante de nacionalidad venezolana presente en el territorio. Finalmente, el Estatuto nos deja abandonar la visión de breve plazo y temporal que insistíamos en asociar a la migración de personas provenientes de Venezuela para abrazar una perspectiva de largo plazo, enfocada en la inclusión de esta población en sus comunidades de acogida.

Tan altas son las expectativas sobre esta medida, que el día del anuncio de su adopción en 2021, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados definió el Estatuto como “un gesto humanitario emblemático para la región (…) inclusive para el mundo entero”. Así mismo, hace pocos días, el Presidente Iván Duque recibió el Premio Woodrow Wilson al Servicio Público del Wilson Center de Estados Unidos por su política migratoria, de la cual el Estatuto Temporal de Protección fue, sin lugar a duda, la medida más relevante.

Pero, ¿cumple el Estatuto con todas las expectativas que ha generado?

Nueva medida, viejas cuestiones

El número de personas que han ingresado al Estatuto haría pensar que esta medida alcanzó una amplia parte de los nacionales venezolanos en Colombia. Más allá de las personas que ya contaban con un estatus migratorio regular y que transitaron al permiso por protección temporal, los nacionales venezolanos en situación migratoria irregular son quienes más se han beneficiado del Estatuto, ya que para ellos esta era casi la única posibilidad de regularizar su situación migratoria en el país, sobre todo si no contaban con un pasaporte. Otra población que podrá beneficiarse del Estatuto es la de los niños, niñas y adolescentes, y en especial, aquellos que se encuentran matriculados en una institución educativa, en proceso de restablecimiento de derechos o en el sistema de responsabilidad penal adolescente, para los cuales el Estatuto será accesible hasta el 30 de mayo de 2031, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos.

Ahora bien, una primera pregunta que queda por responder es qué ocurre con aquellos nacionales venezolanos que, por alguna razón, no han ingresado al Estatuto o a los cuales se les ha negado el permiso por protección temporal. Como ya se había dicho, a esta medida solo podían acceder las personas venezolanas que se encontraban de manera irregular en el territorio nacional al 31 de enero de 2021. Quienes hayan ingresado de manera irregular luego de esta fecha están excluidos del Estatuto. Así mismo, solo quienes hayan entrado al territorio de manera regular desde finales de mayo de 2021 y lo hagan hasta finales de mayo de 2023, podrán beneficiarse de esta medida. A partir de junio de 2023, por ende, el Estatuto solo quedará abierto para los menores de edad en las circunstancias que mencionamos arriba.

Los motivos por los cuales se quisieron imponer estos límites temporales son dos principalmente: por un lado, se quiere evitar el efecto llamada, es decir, que la posibilidad de contar con un estatus migratorio regular sea un factor de atracción de personas venezolanas hacia Colombia y un incentivo para su migración. Por el otro lado y combinado con el motivo anterior, limitar el acceso al Estatuto solamente a quienes ingresan de forma regular, incentiva esta forma de migración y, al mismo tiempo, desincentiva la migración irregular. Sin embargo, esta visión de la migración desconoce las razones por las cuales las personas venezolanas están dejando su país de origen –no obstante la ya amplia documentación con la cual contamos sobre la situación de este país– y, una vez más, alimenta la ilusión de que migrar de forma irregular es el fruto de una decisión informada y voluntaria de la persona migrante, la cual decide migrar de forma irregular, habiendo podido hacerlo de forma regular.

Aunque se trata de cuestiones diferentes, no sobra recordar que, desde octubre de 2019 hasta la expedición de los primeros permisos por protección temporal, el número de personas venezolanas en situación migratoria irregular en Colombia superaba el número de nacionales venezolanos en situación migratoria regular. El tiempo nos dirá si las limitaciones temporales del Estatuto nos llevarán a encontrarnos en la misma situación en el futuro cercano.

Así que, una vez más las esperanzas de que no vuelva a repetirse una historia que ya conocemos deben reponerse en que, en algún momento, el (nuevo) Gobierno Nacional vuelva a abrir los términos para acceder a este permiso, así como ocurrió con el Permiso Especial de Permanencia, la medida de regularización migratoria anterior al Estatuto. Mientras tanto, seguiremos teniendo a personas en situación de irregularidad migratoria, invisibles para el Estado y en constante lucha para la protección y garantía de sus derechos.

Otra cuestión que queda por resolver es si el Estatuto tendrá los efectos esperados en lo que tiene que ver con el acceso al mercado laboral formal de esta población, a la educación, al Sistema de Seguridad Social, entre otros. Aunque hay estudios previos que muestran que la regularización migratoria tiene efectos positivos para la población migrante en diferentes aspectos, sabemos que la regularización es necesaria pero nunca es suficiente y que hay problemáticas como la discriminación y la xenofobia que un permiso, por sí solo, no van a resolver. Es allí donde los retos a los cuales nos enfrentamos siguen siendo todavía enormes.

Por esta razón y para que realmente el Estatuto cumpla con muchas de las expectativas que ha generado, es toda la política pública migratoria del Estado colombiano, sus autoridades, el sector privado, hasta los vigilantes de seguridad en los centros hospitalarios y los funcionarios que atienden a esta población en cualquier ventanilla, los que deberán estar a la altura de las promesas de esta medida de regularización.

Citación académica sugerida: Pelacani, Gracy. Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos en Colombia: un balance en el primer aniversario de una medida aclamada internacionalmente. Agenda Estado de Derecho. 13/07/2022. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/estatuto-temporal-de-proteccion-para-migrantes-venezolanos-en-colombia/

Palabras claves: Estatuto Temporal de Protección, migrantes, Colombia, Venezuela

Comparte este artículo en...
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
ACERCA DE LA AUTORA
Gracy Pelacani

Profesora asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y de la Clínica Jurídica para Migrantes. Es miembro del Centro de Estudios en Migración (CEM) de la misma universidad. Es doctora en Estudios jurídicos comparados y europeos de la Universitá degli Studi di Trento (Italia). Se ha desempeñado como profesora de cátedra en la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) hasta 2018. 

Artículos Relacionados

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Su investigación se enfoca en temas relacionados con Governanza Multinivel e Integración de Mercados, Regionalismo Comparado y Derecho Internacional Público. Obtuvo su PhD en la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Ha publicado en inglés y castellano, en Latinoamérica e internacionalmente.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.