Aunque existan múltiples, plurales y complejos factores que enmarcan el universo femenino, hay un consenso en torno a la siguiente afirmación: la carga para las mujeres es y será más pesada durante la pandemia de la Covid-19. Frente a esto, indudablemente, es necesario que los Estados tengan en cuenta la perspectiva de género frente a esta crisis, que no es solo sanitaria.

Diversos son los motivos que nos llevan a la misma conclusión, pero uno de ellos es más agudo y grave: las mujeres están bajo el yugo de la violencia de género, sobre todo en los casos en los que se encuentran confinadas con sus propios agresores. En momentos de precariedad económica e inestabilidad social, como los de la pandemia, la violencia de género gana niveles aún más dramáticos en el ámbito doméstico.

Aquí emerge la triste universalidad de la violencia contra la mujer: incluso países con realidades sociales y culturas muy diversas han demostrado un incremento en los índices de violencia. En Latinoamérica, donde persisten trazos estructurales de machismo y discriminación contra las mujeres, el fenómeno solo se profundiza.

Por un lado, la convivencia forzada con agresores y, por otro lado, la dificultad para acceder a los servicios de respuesta oficial, impulsan el aumento de la violencia, en especial, en su cara más nefasta: la violencia física y sexual. En Brasil, los niveles extremadamente altos de violencia de género antes de la pandemia se agravaron. Según el informe Violencia de Género durante la Pandemia de Covid-19, los casos de feminicidio crecieron en 22,2% entre marzo y abril de 2020 en 12 estados brasileños.

En una comparación latinoamericana, desde el inicio de la cuarentena en Buenos Aires, Argentina, entre marzo y junio, hubo un incremento del 48% de denuncias con relación al mismo periodo de 2019, hechas a través de la línea 144. Según los datos del Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven”, de enero al 30 de junio de este año ocurrieron 162 feminicidios en el país, y de esa cantidad, 81 se registraron durante la etapa de aislamiento social. El promedio argentino es de 1 feminicidio por cada 27 horas. La Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó que, aunque el número de llamadas telefónicas al 144 aumentó en 39%, ocurrió una reducción significativa en la cantidad de denuncias oficiales.

La violencia aumentó y las notificaciones disminuyeron también en Brasil, según una investigación del Fórum Brasileño de Seguridad Pública. El estudio señaló, de la misma forma, que hubo una reducción considerable de medidas de protección de urgencia, concedidas por los Tribunales de Justicia en el país. Ante este escenario, deben surgir nuevas respuestas institucionales.

Brasil presentó algunas medidas para contener los niveles de violencia y feminicidio. En el ámbito del poder legislativo, se destaca la aprobación de la Ley 14.022/2020 que prevé acciones para reducir la violencia contra las mujeres, personas mayores, niños y discapacitados durante la pandemia del nuevo coronavirus. La ley define como esenciales los servicios de prevención y combate a la violencia de género, de modo que la respuesta de estos organismos y servicios debe ser ininterrumpida, incluso con atención presencial a las víctimas. De la misma forma, se debe garantizar la atención a denuncias realizadas en línea, lo que implica compartir documentos que puedan contribuir con la concesión de medidas de protección urgentes.

En el ámbito de los estados, se mencionan las iniciativas de los estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Distrito Federal y Paraná, que anticiparon la ampliación de sus servicios de la comisaría electrónica y dejaron disponible el registro en línea para las denuncias de violencia de género.

Reconociendo que la permanencia en tiempo integral al lado del agresor reduce las posibilidades que tienen las mujeres para realizar una denuncia, algunos países de la región adoptaron medidas alternativas, como el uso de códigos para las solicitudes de socorro.

En el caso de Chile, por ejemplo, las farmacias fueron orientadas para que avisaran a las autoridades siempre que una mujer llamara por teléfono preguntando por la “mascarilla 19”. En Argentina también existe una iniciativa semejante, de autoría del gobierno y de la Confederación Farmacéutica del país, pero, en este caso, el término para denunciar la violencia de género en las farmacias es “barbijo rojo”. Además de esto, los canales de denuncias han aumentado y tienen acceso incluso a través del WhatsApp.

Iniciativas de este tipo también existen en Brasil, por medio de la campaña “Señal Roja contra la Violencia de Género”. La acción está dirigida a las cadenas de farmacias de todo el país y tiene como objetivo combatir la violencia contra las mujeres. La idea es que la víctima dibuje una “X” en la mano y la muestre al asistente o farmacéutico, quien deberá llamar a las autoridades competentes.

Sin embargo, teniendo en cuenta la morosidad del poder público en contestar a las demandas de mayor protección a la mujer durante la pandemia, la sociedad civil creó medidas que ofrecen alternativas a las víctimas en el momento de denunciar a sus agresores.

La fiscal de justicia del Estado de São Paulo, Gabriela Manssur, ideó el proyecto “Justicieras”, un grupo de WhatsApp que ofrece apoyo a víctimas de violencia de género. Ella afirma que, en menos de dos semanas, se inscribieron 1.500 voluntarias y se recibieron más de 1.000 solicitudes de ayuda, de las cuales más de 300 ya fueron atendidas.

Por otro lado, el “Mapa de Acogimiento” es un sitio web, creado por una red de activistas, que agrupa a profesionales voluntarios para brindar ayuda psicológica o jurídica a las víctimas de violencia.

Para realizar denuncias de manera discreta, la app de la tienda Magazine Luiza (aplicación Magalu) tiene un botón para denunciar la violencia contra la mujer. A pesar de que la herramienta existe desde 2019, fue ahora, debido a la pandemia y al aumento de los casos de violencia de género, que la iniciativa ha ganado relevancia. Según la empresa, en el mes de junio de 2020 hubo un incremento del 400% en el uso de la herramienta con relación al mes anterior y al mismo mes del año pasado.

La nueva normalidad inflama viejos preconceptos. La crisis provocada por el coronavirus apenas profundiza las discriminaciones que nuestra antigua normalidad ya evidenciaba. Así que es fundamental, en este momento de crisis (que, hay que subrayar, no es solo sanitaria), que los Estados garanticen la continuidad de los servicios esenciales para asegurar el compromiso con los derechos humanos y con el Estado de Derecho en la defensa de los más vulnerables, como las mujeres que sufren por la violencia de género.

En el marco del Estado de Derecho, el objetivo de los derechos humanos es equilibrar las relaciones asimétricas de poder. Estos derechos son triunfos contra los poderosos en la lucha por construir una sociedad más democrática e inclusiva para las mujeres víctimas y demás grupos vulnerados.

La lucha por los derechos, especialmente en momentos agudos como la pandemia, es el ethos de las democracias contemporáneas y constituye un requisito fundamental para cumplir con los compromisos del constitucionalismo contemporáneo.