El virus de la violencia de género

19 de Agosto del 2020
El virus de la violencia de género

Aunque existan múltiples, plurales y complejos factores que enmarcan el universo femenino, hay un consenso en torno a la siguiente afirmación: la carga para las mujeres es y será más pesada durante la pandemia de la Covid-19. Frente a esto, indudablemente, es necesario que los Estados tengan en cuenta la perspectiva de género frente a esta crisis, que no es solo sanitaria.

Diversos son los motivos que nos llevan a la misma conclusión, pero uno de ellos es más agudo y grave: las mujeres están bajo el yugo de la violencia de género, sobre todo en los casos en los que se encuentran confinadas con sus propios agresores. En momentos de precariedad económica e inestabilidad social, como los de la pandemia, la violencia de género gana niveles aún más dramáticos en el ámbito doméstico.

Aquí emerge la triste universalidad de la violencia contra la mujer: incluso países con realidades sociales y culturas muy diversas han demostrado un incremento en los índices de violencia. En Latinoamérica, donde persisten trazos estructurales de machismo y discriminación contra las mujeres, el fenómeno solo se profundiza.

Por un lado, la convivencia forzada con agresores y, por otro lado, la dificultad para acceder a los servicios de respuesta oficial, impulsan el aumento de la violencia, en especial, en su cara más nefasta: la violencia física y sexual. En Brasil, los niveles extremadamente altos de violencia de género antes de la pandemia se agravaron. Según el informe Violencia de Género durante la Pandemia de Covid-19, los casos de feminicidio crecieron en 22,2% entre marzo y abril de 2020 en 12 estados brasileños.

En una comparación latinoamericana, desde el inicio de la cuarentena en Buenos Aires, Argentina, entre marzo y junio, hubo un incremento del 48% de denuncias con relación al mismo periodo de 2019, hechas a través de la línea 144. Según los datos del Observatorio de las Violencias de Género «Ahora que sí nos ven», de enero al 30 de junio de este año ocurrieron 162 feminicidios en el país, y de esa cantidad, 81 se registraron durante la etapa de aislamiento social. El promedio argentino es de 1 feminicidio por cada 27 horas. La Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó que, aunque el número de llamadas telefónicas al 144 aumentó en 39%, ocurrió una reducción significativa en la cantidad de denuncias oficiales.

La violencia aumentó y las notificaciones disminuyeron también en Brasil, según una investigación del Fórum Brasileño de Seguridad Pública. El estudio señaló, de la misma forma, que hubo una reducción considerable de medidas de protección de urgencia, concedidas por los Tribunales de Justicia en el país. Ante este escenario, deben surgir nuevas respuestas institucionales.

Brasil presentó algunas medidas para contener los niveles de violencia y feminicidio. En el ámbito del poder legislativo, se destaca la aprobación de la Ley 14.022/2020 que prevé acciones para reducir la violencia contra las mujeres, personas mayores, niños y discapacitados durante la pandemia del nuevo coronavirus. La ley define como esenciales los servicios de prevención y combate a la violencia de género, de modo que la respuesta de estos organismos y servicios debe ser ininterrumpida, incluso con atención presencial a las víctimas. De la misma forma, se debe garantizar la atención a denuncias realizadas en línea, lo que implica compartir documentos que puedan contribuir con la concesión de medidas de protección urgentes.

En el ámbito de los estados, se mencionan las iniciativas de los estados de São PauloRio de Janeiro, Espírito SantoDistrito Federal y Paraná, que anticiparon la ampliación de sus servicios de la comisaría electrónica y dejaron disponible el registro en línea para las denuncias de violencia de género.

Reconociendo que la permanencia en tiempo integral al lado del agresor reduce las posibilidades que tienen las mujeres para realizar una denuncia, algunos países de la región adoptaron medidas alternativas, como el uso de códigos para las solicitudes de socorro.

En el caso de Chile, por ejemplo, las farmacias fueron orientadas para que avisaran a las autoridades siempre que una mujer llamara por teléfono preguntando por la “mascarilla 19”. En Argentina también existe una iniciativa semejante, de autoría del gobierno y de la Confederación Farmacéutica del país, pero, en este caso, el término para denunciar la violencia de género en las farmacias es “barbijo rojo”. Además de esto, los canales de denuncias han aumentado y tienen acceso incluso a través del WhatsApp.

Iniciativas de este tipo también existen en Brasil, por medio de la campaña “Señal Roja contra la Violencia de Género”. La acción está dirigida a las cadenas de farmacias de todo el país y tiene como objetivo combatir la violencia contra las mujeres. La idea es que la víctima dibuje una «X» en la mano y la muestre al asistente o farmacéutico, quien deberá llamar a las autoridades competentes.

Sin embargo, teniendo en cuenta la morosidad del poder público en contestar a las demandas de mayor protección a la mujer durante la pandemia, la sociedad civil creó medidas que ofrecen alternativas a las víctimas en el momento de denunciar a sus agresores.

La fiscal de justicia del Estado de São Paulo, Gabriela Manssur, ideó el proyecto “Justicieras”, un grupo de WhatsApp que ofrece apoyo a víctimas de violencia de género. Ella afirma que, en menos de dos semanas, se inscribieron 1.500 voluntarias y se recibieron más de 1.000 solicitudes de ayuda, de las cuales más de 300 ya fueron atendidas.

Por otro lado, el “Mapa de Acogimiento” es un sitio web, creado por una red de activistas, que agrupa a profesionales voluntarios para brindar ayuda psicológica o jurídica a las víctimas de violencia.

Para realizar denuncias de manera discreta, la app de la tienda Magazine Luiza (aplicación Magalu) tiene un botón para denunciar la violencia contra la mujer. A pesar de que la herramienta existe desde 2019, fue ahora, debido a la pandemia y al aumento de los casos de violencia de género, que la iniciativa ha ganado relevancia. Según la empresa, en el mes de junio de 2020 hubo un incremento del 400% en el uso de la herramienta con relación al mes anterior y al mismo mes del año pasado.

La nueva normalidad inflama viejos preconceptos. La crisis provocada por el coronavirus apenas profundiza las discriminaciones que nuestra antigua normalidad ya evidenciaba. Así que es fundamental, en este momento de crisis (que, hay que subrayar, no es solo sanitaria), que los Estados garanticen la continuidad de los servicios esenciales para asegurar el compromiso con los derechos humanos y con el Estado de Derecho en la defensa de los más vulnerables, como las mujeres que sufren por la violencia de género.

En el marco del Estado de Derecho, el objetivo de los derechos humanos es equilibrar las relaciones asimétricas de poder. Estos derechos son triunfos contra los poderosos en la lucha por construir una sociedad más democrática e inclusiva para las mujeres víctimas y demás grupos vulnerados.

La lucha por los derechos, especialmente en momentos agudos como la pandemia, es el ethos de las democracias contemporáneas y constituye un requisito fundamental para cumplir con los compromisos del constitucionalismo contemporáneo.

Citación académica sugerida: Girardi Fachin, Melina: El virus de la violencia de género, 2020/08/19. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-virus-de-la-violencia-de-genero/

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ACERCA DE LA AUTORA
Melina Girardi Fachin

Profesora adjunta de cursos de grado y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Paraná (UFPR). Investigación postdoctoral en curso por la Universidad de Coimbra en el Instituto de Derechos Humanos y Democracia (2019/2020). Más información.

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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

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Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

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Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

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Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.