El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura: Construyendo una cultura del trato digno a través del poder transformador del diálogo

5 de Mayo de 2023
El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura: Construyendo una cultura del trato digno a través del poder transformador del diálogo
Foto de Ye Jinghan. Unsplash.

A 20 años de la adopción del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, ¿Cuáles han sido sus principales aportes?

El pasado 9 de febrero se celebró en el Palacio de las Naciones, el vigésimo aniversario de la adopción del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT) y el decimoquinto aniversario del comienzo del trabajo del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT). En el balance de estos, una característica de este tratado internacional, que llama poderosamente la atención, es su apuesta por la innovación.

La Segunda Guerra Mundial: el albor de la dignidad y el respeto de los derechos humanos

Luego de los horrores ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, sintetizados en la imagen del campo de concentración como representación del mal radical, la comunidad internacional intentó construir un nuevo orden mundial en donde el respeto irrestricto a la dignidad de los seres humanos, materializado en la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, fuera uno de los pilares en la construcción de sociedades pacíficas y democráticas.

Esta manifestación concreta del imperativo ético del “nunca más”, se materializó en una importante producción normativa internacional, poniendo en el centro de su arquitectura legal el respeto a la integridad personal y la prohibición absoluta y perentoria de la tortura.

En este primer momento, el elemento clave fue desarrollar el alcance de lo “absoluto” en la prohibición. En ese sentido equiparar este crimen al genocidio, crimen de guerra o de lesa humanidad; indicar que no procede, ni aun en caso de esgrimirse circunstancias extraordinarias; y, sostener que, en caso de producirse, el Estado tiene la obligación reforzada de investigarla y      sancionarla proporcionalmente, fue la forma de explicitar su gravedad.

En los primeros años de la post-guerra, estudios de psicología y antropología social, ya daban cuenta del efecto expansivo de la tortura y malos tratos, ante la evidencia de que la tortura no sólo truncaba irreparablemente el proyecto de vida de sus víctimas, sino que también afectaba de la misma manera a sus familias. Pero no sólo eso, en ese momento ya se entendía que el Estado y sus agentes, al subvertir su rol de garantes para convertirse en perpetradores de este grave crimen, lo que hacían era destruir la confianza de las personas en las instituciones y socavar las bases de la convivencia democrática.

Pese a este primer esfuerzo, la tortura en distintas latitudes del mundo seguía perpetrándose. Para no ir lejos, nuestra región fue testigo de cómo durante las décadas del 60’, 70’ y 80’ dictaduras cívico-militares esparcieron el terror de Estado haciendo desaparecer, ejecutando y torturando a miles de personas en el cono sur.

La preocupación de la comunidad internacional: conceptualizar la tortura

Esa realidad trágica, condicionó un segundo momento en el cual la comunidad internacional puso toda su energía en conceptualizar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  De esa manera en la década de los 80’ se adoptó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST) y la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT), ambos tratados definieron y perfilaron cada uno de los elementos de las dos figuras mencionadas anteriormente (como categorías diferentes) y establecieron distintas obligaciones a los Estados para estimular y mejorar la persecución y sanción de estos crímenes. Marginalmente se establecieron normas que destacaban la necesidad de prevenir la violencia estatal.

Pese a todos los esfuerzos jurídicos y políticos, la práctica de la tortura prevalece no sólo en regímenes dictatoriales, sino que también en democracia.

El carácter innovador del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura

La constatación triste y dolorosa descrita en el párrafo anterior, impulsó a la sociedad civil, expertos internacionales y a la comunidad internacional a plantearse la necesidad de hacer “algo distinto” para detener la violencia estatal.

Es por ello, que en la década de los 70’ el filántropo suizo Jean-Jaques Gautier, mirando con mucha atención el trabajo de visitas a países en conflicto que hacía la Cruz Roja Internacional (IRC), comenzó a pensar que un sistema de visitas internacionales podía impactar en la prevención de la tortura. Hubo dos cuestiones que llamaron profundamente la atención de Gautier respecto del trabajo preventivo de la IRC: la primera fue la potencialidad disuasiva que tenían las visitas preventivas no avisadas a países en conflicto y la segunda, la forma en que la IRC se aproximaba a los Estados, es decir, una vez realizaba las visitas e identificaba los ámbitos de mejoras para el trato digno de los prisioneros, la IRC no condenaba ni denunciaba a los Estados en conflicto, sino que intentaba colaborar con ellos para que se implementaran medidas de protección que propiciaran el resguardo de las personas privadas de libertad.

Fue así como se comenzó a gestar la idea de crear un tratado internacional que versara única y exclusivamente sobre prevención de tortura y malos tratos. Desde la elaboración de sus primeros borradores, el OPCAT ha desafiado distintas pautas de nuestra cultura jurídica, ya que ha puesto todo su énfasis en la prevención, a través de la creación de un sistema internacional de visitas periódicas no programadas en donde el motor para asegurar condiciones de dignidad en la custodia o privación de libertad está entregado al poder transformador del diálogo.

Parte fundamental del sistema internacional de visitas era la creación de dos órganos: el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) que operaría a nivel global, y otro que debía funcionar a nivel nacional, los Mecanismos Nacionales de Prevención contra la Tortura (MNP).

Lo que se pretendía hacer con la creación de estos órganos era elaborar un sistema que permitiera monitorear todos los lugares de privación de libertad, custodia o cuidado a cargo del Estado, con el propósito de poder detectar factores de riesgo que pudieran facilitar o aumentar la posibilidad de ocurrencia de tortura, para que de esta manera se pudieran proponer medidas de protección o salvaguardas para poder evitarla.

Un rasgo común del SPT y los MNP es que debían auto-concebirse como órganos de acción y      debían privilegiar mecanismos no jurisdiccionales para generar los cambios estructurales. En este sentido, el ethos de estos órganos debía ser convertirse en colaboradores de las instituciones de privación de libertad, para que a través de un trabajo conjunto se construyesen los cambios necesarios para generar una cultura de respeto y trato digno hacia las personas privadas de libertad. Es por esto, que a estos órganos se les conoce también como magistraturas de convencimiento o agentes de cambio.

De esta manera, luego de más de dos décadas de trabajo, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el OPCAT el 18 de diciembre de 2002, con la mayoría de los votos, convirtiéndose en la principal estrategia internacional para prevenir la tortura y los tratos crueles.

Reflexiones finales

En materia de tortura y otros malos tratos hay dos hechos que son al mismo tiempo tristes y fáciles de constatar: el primero muestra que, pese a los esfuerzos realizados por la comunidad internacional, estos crímenes siguen existiendo. El segundo enseña que, una vez producida la violación de derechos, los Estados en todo el mundo han fracasado estrepitosamente a la hora de investigar y sancionar proporcionalmente a los perpetradores.

En este continuo de impunidad, los Estados no pueden bajar los brazos ni escatimar ningún esfuerzo para conseguir justicia para las víctimas de la violencia institucional. Frente a este escenario, las estrategias nacionales e internacionales para prevenir la tortura surgen como una propuesta complementaria e innovadora, las cuales, a través del despliegue de una imaginación no punitiva, están intentando construir una cultura del trato digno para todas las personas privadas de libertad. 

Citación académica sugerida: Cabezas Chamorro, Sebastián. El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura: Construyendo una cultura del trato digno a través del poder transformador del diálogo. 2023/05/05. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-protocolo-facultativo-de-la-convencion-contra-la-tortura/

Palabras clave: Tortura; Convención contra la Tortura; Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura; Subcomité para la Prevención de la Tortura; Derechos humanos en Chile.

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ACERCA DEL AUTOR
Sebastián Cabezas Chamorro

Profesor en criminología y derechos humanos. Actual presidente del Comité para la Prevención de la Tortura de Chile.

 

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.