La constatación triste y dolorosa descrita en el párrafo anterior, impulsó a la sociedad civil, expertos internacionales y a la comunidad internacional a plantearse la necesidad de hacer “algo distinto” para detener la violencia estatal.

Es por ello, que en la década de los 70’ el filántropo suizo Jean-Jaques Gautier, mirando con mucha atención el trabajo de visitas a países en conflicto que hacía la Cruz Roja Internacional (IRC), comenzó a pensar que un sistema de visitas internacionales podía impactar en la prevención de la tortura. Hubo dos cuestiones que llamaron profundamente la atención de Gautier respecto del trabajo preventivo de la IRC: la primera fue la potencialidad disuasiva que tenían las visitas preventivas no avisadas a países en conflicto y la segunda, la forma en que la IRC se aproximaba a los Estados, es decir, una vez realizaba las visitas e identificaba los ámbitos de mejoras para el trato digno de los prisioneros, la IRC no condenaba ni denunciaba a los Estados en conflicto, sino que intentaba colaborar con ellos para que se implementaran medidas de protección que propiciaran el resguardo de las personas privadas de libertad.

Fue así como se comenzó a gestar la idea de crear un tratado internacional que versara única y exclusivamente sobre prevención de tortura y malos tratos. Desde la elaboración de sus primeros borradores, el OPCAT ha desafiado distintas pautas de nuestra cultura jurídica, ya que ha puesto todo su énfasis en la prevención, a través de la creación de un sistema internacional de visitas periódicas no programadas en donde el motor para asegurar condiciones de dignidad en la custodia o privación de libertad está entregado al poder transformador del diálogo.

Parte fundamental del sistema internacional de visitas era la creación de dos órganos: el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) que operaría a nivel global, y otro que debía funcionar a nivel nacional, los Mecanismos Nacionales de Prevención contra la Tortura (MNP).

Lo que se pretendía hacer con la creación de estos órganos era elaborar un sistema que permitiera monitorear todos los lugares de privación de libertad, custodia o cuidado a cargo del Estado, con el propósito de poder detectar factores de riesgo que pudieran facilitar o aumentar la posibilidad de ocurrencia de tortura, para que de esta manera se pudieran proponer medidas de protección o salvaguardas para poder evitarla.

Un rasgo común del SPT y los MNP es que debían auto-concebirse como órganos de acción y      debían privilegiar mecanismos no jurisdiccionales para generar los cambios estructurales. En este sentido, el ethos de estos órganos debía ser convertirse en colaboradores de las instituciones de privación de libertad, para que a través de un trabajo conjunto se construyesen los cambios necesarios para generar una cultura de respeto y trato digno hacia las personas privadas de libertad. Es por esto, que a estos órganos se les conoce también como magistraturas de convencimiento o agentes de cambio.

De esta manera, luego de más de dos décadas de trabajo, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el OPCAT el 18 de diciembre de 2002, con la mayoría de los votos, convirtiéndose en la principal estrategia internacional para prevenir la tortura y los tratos crueles.