A 20 años de la adopción del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, ¿Cuáles han sido sus principales aportes?
El pasado 9 de febrero se celebró en el Palacio de las Naciones, el vigésimo aniversario de la adopción del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT) y el decimoquinto aniversario del comienzo del trabajo del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT). En el balance de estos, una característica de este tratado internacional, que llama poderosamente la atención, es su apuesta por la innovación.
Luego de los horrores ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, sintetizados en la imagen del campo de concentración como representación del mal radical, la comunidad internacional intentó construir un nuevo orden mundial en donde el respeto irrestricto a la dignidad de los seres humanos, materializado en la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, fuera uno de los pilares en la construcción de sociedades pacíficas y democráticas.
Esta manifestación concreta del imperativo ético del “nunca más”, se materializó en una importante producción normativa internacional, poniendo en el centro de su arquitectura legal el respeto a la integridad personal y la prohibición absoluta y perentoria de la tortura.
En este primer momento, el elemento clave fue desarrollar el alcance de lo “absoluto” en la prohibición. En ese sentido equiparar este crimen al genocidio, crimen de guerra o de lesa humanidad; indicar que no procede, ni aun en caso de esgrimirse circunstancias extraordinarias; y, sostener que, en caso de producirse, el Estado tiene la obligación reforzada de investigarla y sancionarla proporcionalmente, fue la forma de explicitar su gravedad.
En los primeros años de la post-guerra, estudios de psicología y antropología social, ya daban cuenta del efecto expansivo de la tortura y malos tratos, ante la evidencia de que la tortura no sólo truncaba irreparablemente el proyecto de vida de sus víctimas, sino que también afectaba de la misma manera a sus familias. Pero no sólo eso, en ese momento ya se entendía que el Estado y sus agentes, al subvertir su rol de garantes para convertirse en perpetradores de este grave crimen, lo que hacían era destruir la confianza de las personas en las instituciones y socavar las bases de la convivencia democrática.
Pese a este primer esfuerzo, la tortura en distintas latitudes del mundo seguía perpetrándose. Para no ir lejos, nuestra región fue testigo de cómo durante las décadas del 60’, 70’ y 80’ dictaduras cívico-militares esparcieron el terror de Estado haciendo desaparecer, ejecutando y torturando a miles de personas en el cono sur.
Esa realidad trágica, condicionó un segundo momento en el cual la comunidad internacional puso toda su energía en conceptualizar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. De esa manera en la década de los 80’ se adoptó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST) y la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT), ambos tratados definieron y perfilaron cada uno de los elementos de las dos figuras mencionadas anteriormente (como categorías diferentes) y establecieron distintas obligaciones a los Estados para estimular y mejorar la persecución y sanción de estos crímenes. Marginalmente se establecieron normas que destacaban la necesidad de prevenir la violencia estatal.
Pese a todos los esfuerzos jurídicos y políticos, la práctica de la tortura prevalece no sólo en regímenes dictatoriales, sino que también en democracia.
La constatación triste y dolorosa descrita en el párrafo anterior, impulsó a la sociedad civil, expertos internacionales y a la comunidad internacional a plantearse la necesidad de hacer “algo distinto” para detener la violencia estatal.
Es por ello, que en la década de los 70’ el filántropo suizo Jean-Jaques Gautier, mirando con mucha atención el trabajo de visitas a países en conflicto que hacía la Cruz Roja Internacional (IRC), comenzó a pensar que un sistema de visitas internacionales podía impactar en la prevención de la tortura. Hubo dos cuestiones que llamaron profundamente la atención de Gautier respecto del trabajo preventivo de la IRC: la primera fue la potencialidad disuasiva que tenían las visitas preventivas no avisadas a países en conflicto y la segunda, la forma en que la IRC se aproximaba a los Estados, es decir, una vez realizaba las visitas e identificaba los ámbitos de mejoras para el trato digno de los prisioneros, la IRC no condenaba ni denunciaba a los Estados en conflicto, sino que intentaba colaborar con ellos para que se implementaran medidas de protección que propiciaran el resguardo de las personas privadas de libertad.
Fue así como se comenzó a gestar la idea de crear un tratado internacional que versara única y exclusivamente sobre prevención de tortura y malos tratos. Desde la elaboración de sus primeros borradores, el OPCAT ha desafiado distintas pautas de nuestra cultura jurídica, ya que ha puesto todo su énfasis en la prevención, a través de la creación de un sistema internacional de visitas periódicas no programadas en donde el motor para asegurar condiciones de dignidad en la custodia o privación de libertad está entregado al poder transformador del diálogo.
Parte fundamental del sistema internacional de visitas era la creación de dos órganos: el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) que operaría a nivel global, y otro que debía funcionar a nivel nacional, los Mecanismos Nacionales de Prevención contra la Tortura (MNP).
Lo que se pretendía hacer con la creación de estos órganos era elaborar un sistema que permitiera monitorear todos los lugares de privación de libertad, custodia o cuidado a cargo del Estado, con el propósito de poder detectar factores de riesgo que pudieran facilitar o aumentar la posibilidad de ocurrencia de tortura, para que de esta manera se pudieran proponer medidas de protección o salvaguardas para poder evitarla.
Un rasgo común del SPT y los MNP es que debían auto-concebirse como órganos de acción y debían privilegiar mecanismos no jurisdiccionales para generar los cambios estructurales. En este sentido, el ethos de estos órganos debía ser convertirse en colaboradores de las instituciones de privación de libertad, para que a través de un trabajo conjunto se construyesen los cambios necesarios para generar una cultura de respeto y trato digno hacia las personas privadas de libertad. Es por esto, que a estos órganos se les conoce también como magistraturas de convencimiento o agentes de cambio.
De esta manera, luego de más de dos décadas de trabajo, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el OPCAT el 18 de diciembre de 2002, con la mayoría de los votos, convirtiéndose en la principal estrategia internacional para prevenir la tortura y los tratos crueles.
En materia de tortura y otros malos tratos hay dos hechos que son al mismo tiempo tristes y fáciles de constatar: el primero muestra que, pese a los esfuerzos realizados por la comunidad internacional, estos crímenes siguen existiendo. El segundo enseña que, una vez producida la violación de derechos, los Estados en todo el mundo han fracasado estrepitosamente a la hora de investigar y sancionar proporcionalmente a los perpetradores.
En este continuo de impunidad, los Estados no pueden bajar los brazos ni escatimar ningún esfuerzo para conseguir justicia para las víctimas de la violencia institucional. Frente a este escenario, las estrategias nacionales e internacionales para prevenir la tortura surgen como una propuesta complementaria e innovadora, las cuales, a través del despliegue de una imaginación no punitiva, están intentando construir una cultura del trato digno para todas las personas privadas de libertad.
Citación académica sugerida: Cabezas Chamorro, Sebastián. El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura: Construyendo una cultura del trato digno a través del poder transformador del diálogo. 2023/05/05. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-protocolo-facultativo-de-la-convencion-contra-la-tortura/
Palabras clave: Tortura; Convención contra la Tortura; Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura; Subcomité para la Prevención de la Tortura; Derechos humanos en Chile.
Profesor en criminología y derechos humanos. Actual presidente del Comité para la Prevención de la Tortura de Chile.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.