21 de Junio de 2022
Entrevista a Diego García-Sayán. Parte II

Mujeres en los sistemas de justicia: un camino difícil en el pasado y en el presente según el Relator de las Naciones Unidas Diego García Sayán

Mujeres en los sistemas de justicia: un camino difícil en el pasado y en el presente según el Relator de las Naciones Unidas Diego García Sayán

Entrevistamos al relator para la Independencia judicial de las Naciones Unidas sobre su importante función en el mundo y con énfasis en esta segunda entrega sobre las mujeres en los sistemas judiciales.

ACERCA DEL ENTREVISTADO

Diego García-Sayán

Diego García Sayán
Crédito: Semanario Universidad

Relator Especial de las Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados desde 2016. Fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante dos mandatos consecutivos; representante del Secretario General de las Naciones Unidas para los Acuerdos de Paz en El Salvador; Presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; miembro del Grupo de Reforma del Sistema de Administración de Justicia de las Naciones Unidas y Jefe de la Misión Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Guatemala durante las elecciones generales de 2007. En su país de origen (Perú), fue Ministro de Justicia, Ministro de Asuntos Exteriores y Presidente de la Comisión de Alto Nivel para diseñar y construir el Museo de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social.

Entrevista

En 2021, la oficina del Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados dedicó un informe a la participación de las mujeres en la administración de justicia. El documento se elaboró con base en 64 respuestas a un cuestionario enviado a representantes de varios Estados, organismos internacionales y regionales de derechos humanos, asociaciones de jueces y fiscales, y organizaciones de la sociedad civil, y destacó los avances y retos pendientes en esta materia.

“Debemos reconocer que ha habido una evolución en los últimos años. Actualmente hay más mujeres en el sistema judicial que hace 30 o 40 años”, destaca Diego García-Sayán. Europa es la región con más presencia de juezas, con una media de 54%, seguida por la región de las Américas. Asia, por su parte, es la región con el porcentaje más bajo de mujeres en la justicia.

Vale la pena destacar un caso incluido en el informe del Relator Especial: en Chile, las mujeres no solo representan 60% del total de jueces, sino que, además, entre 2016 y 2021 el número de juezas ha aumentado mucho más que el de jueces hombres. Estos datos, entonces, son una muestra del avance, aunque sea tímido en algunos casos, hacia la paridad de género en los sistemas de justicia.

Pese a eso, el camino no está exento de obstáculos y hay evidencias de los desafíos aún pendientes. García-Sayán destaca que las mujeres son minoría en las altas cortes, y eso se manifiesta en prácticamente todas las regiones. “Hay problemas para que las mujeres alcancen posiciones relevantes en las altas cortes. No estamos ante una ausencia de mujeres, sino ante una presencia que todavía es muy secundaria”, puntualiza.

A esta realidad se suma otro elemento que señala García-Sayán: “Los prejuicios y los estereotipos de género siguen afectando a las mujeres que tienen presencia en los sistemas judiciales. Hay una tendencia universal a asignarle a las mujeres ciertos roles. Por ejemplo, se les pide que trabajen en áreas consideradas más sociales, en el ámbito laboral, pero en temas como el combate del crimen organizado, del narcotráfico o de otros hechos delictivos, o de las grandes decisiones del sistema, las mujeres quedan relegadas”.

También, destaca el relator, las condiciones de trabajo y de ascenso en la carrera judicial afectan de una manera diferenciada a las mujeres, debido, en buena parte, a los roles de género y las desigualdades estructurales que se observan más allá de las instituciones judiciales y que permean en ellas. “Cuando me reuní con magistradas de distintas regiones del mundo para elaborar el informe, incluso las de países escandinavos, me comentaban lo mismo: hay dificultades para ingresar a las altas esferas judiciales por una serie de restricciones que no son formales. Por ejemplo, la necesidad de hacer cursos adicionales y reuniones en horarios fuera de la jornada laboral hace que muchas mujeres calificadas no puedan ascender”. Esto ocurre, entre otras cosas, por el reparto desigual que todavía existe en las labores de cuidado, que recaen de manera desproporcionada en las mujeres.

Un ejemplo se puede encontrar en Perú, donde se exige un título de posgrado para ascender en la carrera judicial. “En términos abstractos, puede ser muy razonable. Pero cuando vemos la práctica, puede tener un efecto de exclusión de las mujeres”.

Otro elemento que puede influir en la presencia y las condiciones de trabajo de las mujeres es la violencia y el acoso sexual. Como destaca el informe del Relator Especial, los estereotipos de género también juegan un rol importante en culturas organizacionales que permiten este tipo de hechos. El documento destaca que en El Salvador, México, Honduras y Guatemala las juezas han informado sobre la violencia que han sufrido en el desempeño de sus funciones, solo por el hecho de ser mujeres.

Medidas y recomendaciones

Para atender esta realidad compleja, García-Sayán señala que deben existir políticas y normas que establezcan de manera explícita medidas para contribuir con la presencia de las mujeres en las altas funciones judiciales. En concreto, aboga por el establecimiento de cuotas, como una forma temporal de hacer frente a la situación. “Mi posición es que, a la larga, una obligación de este tipo tendría que desaparecer porque sería innecesaria. Pero en una etapa de transición, sí es importante que exista”.

De hecho, el informe señala que, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se debe avanzar para que, en el año 2030, 50% de los puestos en el sistema de justicia sean ocupados por mujeres. Ya hay algunos casos en la región que pueden servir de ejemplo. Concretamente en Costa Rica, las leyes de cuotas han contribuido con el aumento del número de mujeres en las cortes, como destaca el informe del Relator Especial. García-Sayán señala que en México el principio de la paridad está establecido en la Constitución, pero solo aplica a los Tribunales Federales, por lo que el reto persiste en la Suprema Corte.

“Si se promueve la participación de las mujeres, se presentarán excelentes candidatas porque hay una formación masiva en las facultades de Derecho. Nadie podrá decir que no hay suficientes mujeres que estudian esta carrera en Latinoamérica, pero tiene que haber una política explícita”.

El informe del Relator destaca otras medidas como la capacitación institucional sobre asuntos de género y la incorporación de estos temas como un aspecto transversal de las políticas públicas; la eliminación de los estereotipos que impiden el avance de las mujeres en sus carreras dentro del sistema judicial; la generación de incentivos para que las mujeres puedan prepararse para los exámenes de ascenso y, entre otras cosas, la promoción de la participación de la sociedad civil y las universidades en actividades de seguimiento de las políticas sobre la materia.

Palabras clave: igualdad de género, Latinoamérica, mujeres en el sistema judicial.

Citación académica sugerida: Agenda Estado de Derecho. Mujeres en los sistemas de justicia: un camino difícil en el pasado y en el presente según el Relator de las Naciones Unidas Diego García Sayán, 2022/06/21. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/mujeres-en-los-sistemas-de-justicia-un-camino-dificil-en-el-pasado-y-en-el-presente-segun-el-relator-de-las-naciones-unidas-diego-garcia-sayan/

Comparte este artículo en...
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
ACERCA DEL EQUIPO AUTOR
Juan-C.-Herrera

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.