La interpretación del derecho a la reparación de las víctimas de la corrupción desde el prisma de los derechos humanos,  tiene diversas implicaciones prácticas, de las cuales destaco la que, creo, es la más relevante: el derecho a la reparación de las víctimas no puede depender, solo, de las normas de Derecho positivo que regulan el proceso criminal, sino que deben ser parte de la aplicación preferente de la Convención y de la interpretación del ordenamiento jurídico en el sentido más favorable a los derechos humanos, o sea, el principio pro persona. En otros términos, en el ámbito interamericano, la aplicación del artículo 35 de la CNUCC encuentra un punto de apoyo importante en el derecho a la reparación integral de las víctimas de violaciones de derechos humanos causadas por la corrupción y, especialmente, por violaciones de los DESCA. Para ello, hay que recordar que la CICC es parte del corpus iuris interamericano, y debe interpretarse desde la preferente aplicación de la Convención.

Así lo ha interpretado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al concluir -con base en el citado artículo 63 de la Convención- que los Estados tienen el deber de reparar íntegramente a las víctimas de la corrupción que constituyan violaciones de derechos humanos, lo que incluye medidas de compensación. El derecho a la reparación, además, contribuye a articular acciones colectivas que permitan erradicar la corrupción sistemática o estructural, como sucede en especial en América Latina y el Caribe.

A los fines de incrementar la efectividad del derecho a la reparación de las víctimas de derechos humanos por casos de corrupción en el SIDH, convendría proponer la inclusión de este tema, de manera expresa, en la agenda del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), que es la instancia técnica para monitorear el cumplimiento de la CICC.

 El propósito final sería la elaboración de estándares interamericanos del derecho a la reparación de las víctimas de la corrupción, que faciliten la efectiva implementación de este derecho en el ámbito del artículo 35 de la CNUCC, con especial énfasis en los casos de corrupción sistemática. Para estos efectos, el Grupo de Trabajo sobre Víctimas de la Corrupción podría promover el diálogo con el MESISIC, a los fines de avanzar en la elaboración de estos estándares, de la mano de la CIDH y, en especial, la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) y Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador (GTPSS).

Estos estándares abordarían las dos cuestiones prácticas más importantes, a las cuales hemos hecho ya mención. La primera es cómo determinar la relación de causalidad entre las violaciones a derechos humanos y los actos de corrupción, especialmente, sistemática e indirecta. Aquí un elemento clave es la causa eficiente, interpretada desde el principio pro persona: en la medida en que la corrupción incida en la violación de derechos económicos y sociales, deteriorando la calidad de vida, habría un elemento de conexión que permitiría invocar la responsabilidad del Estado. La segunda es cómo determinar la compensación, que tendría que ser colectiva. Una forma de procurar esa compensación es mediante el uso de activos confiscados por la corrupción para el financiamiento de proyectos sociales, como por ejemplo ha sucedido en Guinea Ecuatorial.  

La propuesta de enfocar el derecho a la compensación de las víctimas de la corrupción desde el prisma del derecho a la reparación derivada de violaciones de derechos humanos deja muchas aristas prácticas que deben ser precisadas mediante la sistematización de estándares interamericanos.  Pero estas aristas no pueden llevar a negar el derecho a la reparación reconocido en el artículo 35 de la CNUCC. Más bien, este artículo obliga a interpretar los sistemas procesales penales de reparación de víctimas desde la óptica del derecho a la reparación por violaciones de derechos humanos, en el ámbito de los artículos 1.1 y 63 de la Convención Americana.