¿Hacia dónde se dirige el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?: entre desacatos, amenazas y abandonos

6 de Septiembre de 2024
¿Hacia dónde se dirige el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?: entre desacatos, amenazas y abandonos
Foto: CorteIDH Flickr

Algunos Estados de la región han denunciado la CADH o han obstaculizado la implementación de órdenes proferidas por la Corte IDH ¿Cómo enfrentar estos retos?

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante, SIDH) encara trascendentales retos para su eficacia que progresivamente han aflorado a lo largo de las Américas. Algunos de estos retos están asociados a las reticencias para cumplir con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), denuncias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) por parte de algunos Estados, e incluso voces que aducen una supuesta extralimitación “antidemocrática” de este tribunal, tanto en la determinación de casos contenciosos como en la supervisión de cumplimiento de sus sentencias.

Las denuncias a la CADH y la Carta de la OEA

Al día de hoy, dos han sido los Estados que han denunciado la CADH. El primero fue Trinidad y Tobago, cuya denuncia se hizo efectiva en el año de 1999. Los motivos de su salida se debieron a que, para dicho Estado, la Corte IDH suponía un retraso en la ejecución de penas de muerte, situación que alargaba los sufrimientos de las personas condenadas.

El segundo Estado en abandonar el SIDH fue Venezuela desde 2012. Sobre su retiro –en medio de un contexto de ejecuciones extrajudiciales, destituciones irregulares y violaciones a la libertad de expresión–, el presidente Nicolás Maduro expresó en 2013 que: “La Comisión y la Corte lamentablemente degeneraron, ellos se creen un poder supranacional (…). Es una decisión acertada, justa y que además defiende a nuestra patria de cualquier intento por mancillarla”. Además, Maduro en 2017 denunció también la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que, si bien dicho acto fue retrotraído por el Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó (al existir dos gobiernos tras las elecciones de 2018 y la subsecuente declaración de usurpación por parte de Maduro de atribuciones presidenciales), actualmente Venezuela no tiene representación ante esta organización.

Por otro lado, está el caso de Nicaragua, el primer país en efectivamente abandonar la OEA en 2023 debido a las críticas hacia los comicios en los que fue reelegido el todavía presidente Daniel Ortega. Aunado a esto, el Estado nicaragüense desde agosto 2021 no ha participado en las audiencias de la Corte IDH. De hecho, por esta razón la Corte IDH ha declarado al Estado en desacato permanente al no responder a las solicitudes para liberar a presos políticos. Muestra de ello es que recientemente Nicaragua no se presentó en la audiencia pública en el caso del feminicidio de Dina Carrión González llevada a cabo en julio de 2024.

La escalada de relaciones problemáticas

Por su parte, el Perú ha desatendido las solicitudes hechas por la Corte IDH, al grado tal de escalar en el tono diplomático a un nivel desafiante para el SIDH. Al respecto, debe recordarse que, pese a las resoluciones –en el trámite de supervisión de cumplimiento o de medidas provisionales– a fin de evitar la liberación del expresidente Alberto Fujimori (quien había sido condenado a partir de las sentencias en los casos Barrios Altos y La Cantuta), el Tribunal Constitucional peruano apuntaló su excarcelación, lo que condujo a la Corte IDH a declarar al Perú en desacato.

En adición, como agravante en perjuicio de la eficacia del SIDH, en enero de 2024 desde el seno del Congreso de la República del Perú, se originó un proyecto de ley a fin de crear una Comisión de Alto Nivel, cuya finalidad sería elaborar propuestas de reformas al SIDH para enviarlas al ejecutivo, y este, a su vez, a la OEA. Las eventuales propuestas, según su artículo 13, “si en el plazo de 180 días calendario no se implementan o se recibe una respuesta satisfactoria, el Poder Ejecutivo deberá evaluar la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, conforme a sus facultades constitucionales por convenir al interés nacional”.

Ahora bien, derivado de la solicitud de informe por parte de la Corte IDH en relación a la liberación de Fujimori, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú declaró en abril de 2024 que: “el Estado peruano no va a permitir que su soberanía sea afectada por decisiones injustas o incorrectas y que invadan nuestro sistema democrático y constitucional”. Empero, el páramo se encrudece puesto que, en medio de la aprobación de la ley que concede indultos a quienes hayan cometido crímenes internacionales antes del 2002, el congreso calificó como “intromisión” a las solicitudes de la Corte IDH para suspender el trámite de la misma, la cual fue aprobada a principios de julio de 2024 en segunda votación, desatendiendo lo mandatado por dicho tribunal regional.

Sumado a lo anterior, el gobierno federal en México ha mantenido una postura de desacuerdo respecto de las decisiones de la Corte IDH sobre prisión preventiva oficiosa (PPO). Si bien esta fue ya declarada inconvencional en los casos contenciosos Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez contra ese país, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, presentó en febrero de 2024 una propuesta de reforma para ampliar el catálogo de delitos propicios para la aplicación de PPO, situación que podría desembocar en desacato.

Actualmente, en México, como parte del cumplimiento de dichas sentencias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra analizando la inconstitucionalidad de esta figura, para lo cual ha ordenado momentáneamente la suspensión de juicios de amparo promovidos contra la PPO. En relación a ello, desde abril de 2024, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México emitió un comunicado para hacer un llamado a la SCJN a fin de que considere el impacto que causaría el hecho de declarar la inconstitucionalidad de la PPO dado que daría lugar a la posible liberación de 68 mil personas acusadas de delitos graves para el sistema penal mexicano. Esta antesala de desacato se aúna a las desacreditaciones públicas que el presidente ha expresado en detrimento de la OEA, señalando que: “no es un organismo ni democrático, ni autónomo, ni representa a los países de América”. 

Por último, resulta paradójico que en el propio país sede de la Corte IDH, Costa Rica, se esté planteando su salida del SIDH. Para el presidente, Rodrigo Chaves, si la Corte IDH estableciera una postura de legalización del aborto al resolver el caso Beatriz y otros Vs. El Salvador —cuyo alcance podría permear en las decisiones de procesos abiertos en Costa Rica a raíz de recursos en contra de la norma técnica del aborto terapéutico—, sería preferible para el Estado costarricense “salirse del tratado”. Incluso, ya desde 2018, entre las aspiraciones presidenciales, se encontraban voces, como las de Fabricio Alvarado, quien abogaba por la salida de Costa Rica de la CADH con tal de no aceptar criterios interamericanos sobre matrimonio igualitario e identidad de género.

Todo ello obliga a cuestionarnos hacia dónde se dirige el SIDH entre marismas de reticencias y desdeños respecto de las solicitudes de la Corte IDH, y, en el peor de los casos, denuncias a la CADH. ¿Debemos reforzar el cumplimiento de  sus decisiones o más bien apaciguar su ímpetu de justicia al estilo del margen de apreciación europeo? Dada la sistematicidad y gravedad históricas de las violaciones a derechos humanos en nuestra región, en lugar de atemperar el activismo de la Corte IDH, es importante que los Estados, obedeciendo a sus procesos democráticos internos, construyan una impronta institucional (órganos legislativos, ejecutivos, judiciales y, en su caso, autónomos) más respetuosa y garante de los derechos fundamentales a fin de evitar fricciones en la eventualidad de verse envueltos en procesos contenciosos ante el SIDH.

Sumado a ello, sería oportuno contrastar con mayores estudios los efectos, tanto positivos como negativos, de la aplicación del margen de apreciación frente al control de convencionalidad, partiendo de disciplinas tales como las relaciones internacionales, y no solo zarpar de la vehemente aplicación de la normativa regional con el afán de llegar, a toda costa diplomática, a la consecución de justicia.

Citación académica sugerida: Silva Tosca, Alexis. ¿Hacia dónde se dirige el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?: entre desacatos, amenazas y abandonos. Agenda Estado de Derecho. 2024/09/06. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/donde-se-dirige-el-sistema-interamericano-de-derechos-humanos/

Palabras claves: Corte IDH, América Latina, Derechos Humanos

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ACERCA DEL AUTOR
Alexis Silva Tosca

Máster en Giustizia Costituzionale e Diritti Umani por la Università di Bologna. Posgraduado en Estudios Jurídicos Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derechos Humanos y Gobernanza Económica por la Universidad Castilla-La Mancha. Visitante Profesional en el Área Legal de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

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Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

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Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.