En los últimos años ha habido una revisión discursiva y –desafortunadamente— poco institucional sobre la política de drogas en los países de las Américas. Digo poco institucional, porque no todos los países, especialmente sus gobiernos, han abordado el tema desde un enfoque de derechos humanos y  reducción de daños. Es verdad que algunos países han emitido regulaciones permisivas en cuanto al uso de algunas substancias que históricamente se encontraban prohibidas (como la mariguana), estos han sido esfuerzos minimalistas y, sobre todo, no han buscado aminorar el impacto del prohibicionismo en los usuarios.  Pese a que a lo largo y ancho del continente las Constituciones de los países latinoamericanos incluyen el derecho a la salud física y mental, cuyo núcleo es arropado por los tratados y convenciones internacionales en derechos humanos, la realidad es que los enfoques prohibicionistas y punitivistas se siguen superponiendo a esta.

Los enfoques prohibicionistas y punitivistas, que fueron impulsados desde países desarrollados como Estados Unidos de América durante la era Reagan, fueron replicados en  el continente latinoamericano. En el nombre de la salud pública, se optó por usar  el poder del Estado para castigar el uso problemático de sustancias. En su peor versión, las reformas castigaron severamente la producción, comercialización y venta de sustancias, lo cual en la práctica también se confundía con su consumo privado y controlado, haciendo que muchas personas fueran directamente a las cárceles.En su versión suave, esta política condenó a un ostracismo a todas las personas con uso problemático de sustancias, el modelo médico se impuso y las alternativas siempre fueron modelos coercitivos de atención en lugar de un modelo comunitario de salud mental. Ante este panorama complejo, cobra relevancia el más reciente informe emitido por la relatora especial de la ONU Tlaleng Mofokeng.

El Informe de la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental proporciona directrices a los países del sistema de Naciones Unidas para examinar las leyes y políticas en materia de drogas, con el objetivo de mostrar los efectos diferenciados que repercuten en la regulación actual en algunos segmentos de la población. La relatora también expone las deficiencias en la atención y el cuidado del derecho a la salud, especialmente la falta de un enfoque de reducción de daños. Para ello, retomó el estándar de protección al derecho a la salud, los artículos 2, párrafo 2 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho a salud física y mental sin discriminación al más alto nivel.

La relatora reconoció que, dentro del sistema internacional de fiscalización de drogas, tres tratados internacionales son cruciales. La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1072; el Convenio de Sustancias Sicotrópicas de 1971; y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico, que sometieron a fiscalización internacional cientos de drogas y tipificaron como delitos todos los aspectos de producción y distribución no autorizada (p. 6). A su consideración, aunque los tratados no mencionen un enfoque de derechos humanos, la aplicación de estos y la fiscalización internacional de drogas debe realizarse conforme a la Carta de las Naciones Unidas y bajo un estricto enfoque de derechos (p. 7).

El informe hace un cincelado de las obligaciones de los Estados de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos en el contexto de la fiscalización de drogas. La penalización y estigmatización del consumo de drogas afectan negativamente la salud individual y colectiva, ya que impiden el acceso a servicios y tratamientos adecuados debido al temor de consecuencias legales y al hostigamiento. La discriminación en la aplicación del derecho penal y en los servicios de salud exacerba esta situación, llevando a mayor vulnerabilidad y enfermedades. Aunque se justifican las leyes punitivas en nombre de la salud pública, no han logrado reducir el consumo ni los daños relacionados, y los sistemas de control de drogas han empeorado la situación. La relatora destacó que un enfoque basado en el acceso voluntario y científico a tratamientos es más efectivo para reducir el consumo de drogas y sus daños sociales (pp. 7-10).

Otro punto importante que destaca este informe es que las leyes y políticas en materia de drogas han tenido un impacto negativo desproporcionado en grupos marginados como minorías étnicas, mujeres, personas LGBTIQA+, trabajadores sexuales, migrantes y personas con VIH/sida. Estas poblaciones enfrentan mayores niveles de estigmatización y discriminación, lo que obstaculiza su acceso a servicios de salud adecuados. Las mujeres que consumen drogas, por ejemplo, experimentan violencia significativamente mayor, y las personas LGBTIQA+ evitan buscar asistencia médica por temor a la discriminación. Las personas migrantes y trabajadoras sexuales que consumen drogas enfrentan doble penalización y exposición a violencia. Estas políticas no solo fallan en abordar el problema del consumo de drogas, sino que también agravan las condiciones de vulnerabilidad y exclusión social de estos grupos (p. 10-12).

La relatora no es omisa en pronunciarse sobre las determinantes comerciales de la salud. Está bien documentada la crisis que la industria farmacéutica provocó en Estados Unidos pagando incentivos a médicos siempre y cuando recetaran OxyContin a pacientes que no necesariamente lo requerían, esto finalmente provocó una crisis de salud pública sin precedentes. En ese sentido, el informe es enfático al establecer que la industria farmacéutica influye significativamente en el derecho a la salud y en la investigación y desarrollo de medicamentos. Las prácticas dañinas de estas empresas, como la presión sobre las funciones regulatorias y el pago de incentivos a los médicos, afectan el acceso a medicamentos y el derecho a la salud y pueden requerir la intervención del Estado (pp. 13-14).

Finalmente, el informe enfatiza que las medidas de reducción de daños, como los programas de agujas y jeringuillas, el tratamiento con agonistas opioides y las instalaciones de consumo supervisado, han demostrado ser eficaces en la prevención de sobredosis y la mejora de la salud pública. La naloxona, un medicamento esencial para revertir sobredosis de opioides, debe estar ampliamente disponible y accesible. Factores determinantes básicos de la salud, como vivienda, empleo y educación, no deben condicionarse al consumo de drogas (pp. 15-17).

En conclusión, el informe de la relatora especial subraya la urgente necesidad de reformar las políticas de drogas en las Américas desde un enfoque basado en los derechos humanos y la reducción de daños. Es imperativo que los gobiernos de la región abandonen los enfoques prohibicionistas y punitivistas, que no solo han fracasado en reducir el consumo de drogas, sino que han exacerbado la discriminación, la estigmatización y las violaciones de derechos humanos. Solo a través de un compromiso decidido y concertado se podrá avanzar hacia una política de drogas que verdaderamente respete y promueva los derechos humanos y la salud de todas las personas en las Américas.