El fenómeno de criminalización de las protestas sociales es un hecho extendido en América Latina, a través del uso indebido del derecho penal para perseguir penalmente a las defensoras y defensores de derechos humanos, con el objetivo de desprestigiar o disuadir sus labores. En el Perú, la criminalización se ha presentado con especial incidencia en zonas rurales y en conflictos socioambientales. Se podría decir que la lamentable novedad es que en los últimos meses el fenómeno se ha extendido hacia las ciudades y las muertes han ocurrido en un tiempo relativamente corto. Sin embargo, las acciones violatorias son las mismas desde hace años: abusos en el uso de la fuerza, detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas, ejecuciones extrajudiciales, censura y cierre de medios de comunicación, entre otras.

Sobre las amenazas a la libertad de expresión, el pedido de delegación de facultades, aprobado recientemente por el Congreso, manifiesta un interés en sancionar penalmente como instigadores a los medios que “incitan” a hechos de violencia. Esto resulta problemático pues cualquier forma de instigación al delito ya se encuentra sancionado en el ordenamiento, por lo que la propuesta del gobierno parece apuntar a crear nuevas figuras para incluir como autores de disturbios o entorpecimiento de servicios a los medios que ejercen su libertad de expresión y cuyo rol constituye un presupuesto esencial para la garantía de acceso a la información.

Sobre el uso de la instigación, el gobierno plantea extender su aplicación vinculándolo con tipos penales relativos al orden público. En el Perú, existen cientos de procesos penales abiertos en contra de líderes indígenas por considerarlos “instigadores”, “coautores no ejecutivos” o “autores mediatos”. La Fiscalía intenta imputar delitos a los dirigentes sociales por el solo hecho de serlos, pues considera que como líderes mantienen el dominio del hecho por cualquier delito que se cometa en las protestas que ellos convocan. Se trata de una práctica que trasgrede principios elementales de las garantías del debido proceso penal.

En resumen, la delegación de facultades que el Congreso recientemente ha otorgado en favor del Ejecutivo se realiza en un marco de crecientes sospechas sobre su talante autoritario, poca transparencia y rendición de cuentas, y constituye una amenaza contra los derechos y libertades democráticos. Un estado constitucional de derecho exige que toda política o ley aprobada se adecúe a estándares internacionales y tenga como fin último la dignidad del ser humano, lo que dista ampliamente del proyecto de ley en cuestión.