En algunos meses Chile vivirá un nuevo proceso electoral, correspondiente a la votación de gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y concejales. En épocas de campaña electoral la evaluación de la seguridad interior, así como de las herramientas para combatir la criminalidad, se torna en uno de los principales ejes de la discusión pública, considerando la repercusión que esto tiene en la vida de los ciudadanos.

En este sentido, resulta preocupante la situación que se vive al sur del país, donde se observa un alarmante recrudecimiento de la violencia empleada, la aparición de técnicas delictuales como la tortura y una desoladora impunidad junto a magros resultados judiciales.

Desde la Región del Biobío a la Región de Los Lagos se vive un conflicto de larga data que ha sido una preocupación transversal a nivel político. Sin embargo, los delitos ocurridos en los últimos años han generado también una merma para el Estado de Derecho y el acceso a la justicia de las víctimas.

La actual administración declaró el estado de excepción en estas regiones en mayo de 2022, el que se ha ido ratificando en el Parlamento, extendiéndose por más de 2 años. Si bien este tipo de medidas han significado una menor ocurrencia de delitos, ello no se ha traducido necesariamente en un cese de la violencia. Según detalla el Informe Nº 11 “Violencia Mayor Connotación – Macro Zona Sur NOV-23” de la Multigremial de La Araucanía (enero-noviembre 2023), existe una disminución de un 35% de este tipo de hechos. Sin embargo, en términos territoriales, la región de Los Lagos presenta un preocupante incremento de un 40% de este tipo de hechos.

Ello es concordante con las principales conclusiones del Catastro de Atentados 2018-2022 de Patrones Territoriales de Violencia en Macrozona Sur, de Atisba, que muestra un incremento del territorio en el cual estos hechos ocurren, elevando en 16 veces su superficie, entre 2018 y 2022. En la práctica esto significa un desplazamiento a nuevas localidades y también a zonas urbanas que constituyen puntos neurálgicos.

Quizás el mejor ejemplo de ello sea lo ocurrido en agosto de 2023, cuando un ataque incendiario cometido por la “Resistencia Mapuche Malleco” destruyó una posta, una escuela, una capilla, una sede vecinal y vehículos en Traiguén, Provincia de Malleco, en la Región de la Araucanía, con motivo de la detención del comunero Benjamín Artemio Coñopan. Como destaca el ex Coordinador Nacional de Seguridad de la Macrozona Sur de Chile, Pablo Urquízar, para quienes estudian este fenómeno, existe una vinculación clara entre los ataques y los presos pertenecientes a orgánicas radicalizadas, que se autodenominan presos políticos, aun cuando se encuentren cumpliendo condena por delitos violentos. Ello se traduce, en la práctica, en que una decisión judicial en sus procesos gatilla atentados en la comunidad, que son posteriormente reivindicados por estas orgánicas, como es el caso descrito.