Entrevista a Luis Tapia sobre las víctimas han dejado de confiar en la CNDH
En esta tercera entrega del Especial sobre desapariciones en México, Luis Tapia analiza el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tras el pronunciamiento del Comité contra las Desapariciones, destacando que el organismo ha perdido imparcialidad y objetividad, tomando distancia de los principios de París sobre Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Además, asegura que aunque la CNDH se encuentra acreditada internacionalmente, el organismo debería ser reclasificado en su evaluación de 2027 y degradado a la categoría b donde se encuentran únicamente instituciones de derechos humanos de países como Nicaragua y Venezuela. Nuestro entrevistado considera que lo más crítico es que las víctimas han dejado de confiar en la CNDH y advierte sobre un debilitamiento del sistema de protección de derechos humanos en México.
Abogado y profesor mexicano. Es maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la American University Washington College of Law.
AED: Agenda Estado de Derecho
LT: Luis Tapia
LT: Directamente descalificó y contradijo al Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas cuando anunció que había activado un procedimiento especial que está en el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, que básicamente implica enviar al conocimiento de la Asamblea General de la ONU cuando existe una situación de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas en algún país. El Comité estableció que había indicios fundados de que se estaban cometiendo desapariciones forzadas de forma sistemática o generalizada en México.
Lo que hizo fue decir que el CED es un organismo politizado, que solamente quería descalificar a México y que, en México, de hecho, la desaparición forzada dejó de ser una política de Estado. Además, en el comunicado que emitió en abril de 2026, utilizó el espacio para descalificar a organizaciones de derechos humanos, incluso desde un desconocimiento de quién había estado impulsando desde México, junto con los colectivos de familiares de personas desaparecidas, que se activara este procedimiento.
Menciona al Centro Pro que no ha sido una de las organizaciones impulsoras, pese a que apoyó que el Comité se pronunciara. No es una de las organizaciones involucradas en el proceso. Eso implica que la CNDH tiene una agenda específica para descalificar organizaciones de derechos humanos y no, en realidad, hacer su trabajo fundamental.
Respecto a la segunda parte de la pregunta. Los Principios de París, que básicamente son un instrumento internacional que establece la manera en que deben funcionar las instituciones nacionales de derechos humanos, tienen una serie de directrices para la actuación de instituciones de derechos humanos.
Y hay tres cosas que diría rápidamente: uno, deben ser independientes. Dos, deben colaborar con organismos internacionales. Y tres, deben colaborar con la sociedad civil. Entonces, con este comunicado, básicamente está incumpliendo tres mandatos de los Principios de París: desconociendo lo que dijo un órgano internacional; descalificando organizaciones de derechos humanos; y, tres, comportándose básicamente como un órgano del Gobierno de México, en lugar de ser un órgano independiente.
LT: Debe ser un órgano independiente, autónomo, dispuesto a recibir información de víctimas; dispuesto a reunirse con organizaciones de la sociedad civil, a cooperar con organismos internacionales respecto a situaciones que vulneran los derechos humanos. México es el país que vive en democracia (y sin conflicto armado), que tiene más desapariciones en el mundo. De estas desapariciones no se ha establecido cuántas son desapariciones forzadas y cuántas son cometidas por particulares. Pero la situación es grave y las autoridades nacionales no han hecho lo suficiente para resolver el problema.
Sin embargo, es evidente que la CNDH no cumple con lo que tiene que hacer porque, en su comunicado, específicamente empieza a defender al régimen que actualmente gobierna y atacar a otros gobiernos que fueron liderados por partidos políticos de la oposición. Entonces, la CNDH incumple con ser independiente, incumple con ser autónoma y se convierte en comparsa del Gobierno y de un partido político, Morena. Hay que decirlo.
Lo que debería hacer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es ser un espacio de escucha, pero no solamente de ello, sino de rendición de cuentas, y un espacio legítimo para escuchar las demandas de las víctimas, documentar las violaciones a derechos humanos, indicar si estas son generalizadas o sistemáticas y, más bien, ser un órgano que se ponía a disposición de organismos internacionales de derechos humanos, porque tiene la ventaja de tener mucha mayor cercanía para documentar las situaciones que vulneran los derechos humanos y, como lo hemos estado viendo, no está sucediendo.
LT: Hay un órgano internacional que es muy importante mencionar, que se llama la GANHRI, por sus siglas en inglés, pero es la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Tiene 110 instituciones ahí. La CNDH hace parte de ella y hay un procedimiento de acreditación: acreditación A y B. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México está en la A, digamos, cumple todos los Principios de París de acuerdo con este procedimiento. Y las que no lo cumplen o cumplen parcialmente están en la B. Dos ejemplos de las Américas: Nicaragua y Venezuela, para que veamos cómo está la situación.
La CNDH fue revisada en 2022 y va a ser revisada en 2027 nuevamente. En mi opinión, hay condiciones para que la GANHRI reconsidere la posición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como una acreditación A y, más bien, sea degradada a nivel B, e incluso cuestionar que sea parte de una organización acreditada por la GANHRI, por la manera en que se ha comportado frente a situaciones de derechos humanos.
Ha sido sistemática la práctica de la CNDH descalificar a las organizaciones de derechos humanos, de exponerlas, agredirlas, incluso con información privada mediante comunicados. Y creo que eso es bastante grave y hay que tenerlo en cuenta.
Me parece que la CNDH está provocando que las víctimas desconfíen de ella, desconfíen de que sea un espacio al cual uno puede acudir y denunciar si un policía, un militar, detuvo ilegalmente a una persona, realizó un cateo sin cumplir con lo que dice la Constitución, abusó sexualmente de una víctima o cometió cualquier violación a derechos humanos; se negó un servicio médico de salud en un hospital público; cualquiera de las situaciones que generan vulneraciones a derechos humanos. Eso es una muy mala noticia, ya que deberíamos contar con un órgano autónomo que proteja derechos humanos.
LT: Sí, hay un debilitamiento del sistema de protección nacional de derechos humanos. No es que México haya tenido un sistema de ombudsperson perfecto. Necesitaba mejorar en sus procedimientos, en su autonomía, en su burocracia. No es que todo estuviera resuelto. Había situaciones problemáticas. Sin embargo, el comportamiento de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido vergonzosamente alineado con los intereses de un partido político. Y eso ha llevado a que ya no se piense en la CNDH como un espacio en el que uno contaba con una institución aliada para estar del lado de las víctimas.
Eso genera un efecto nocivo de contagio en el resto de los órganos de derechos humanos. Hay que recordar que México tiene un sistema nacional de órganos autónomos de derechos humanos. No solo existe la Comisión Nacional, sino también existen treinta y dos comisiones estatales, en materia de derechos humanos. Si la Comisión Nacional se comporta de esa manera, hay incentivos para que las comisiones estatales, defensorías —tienen diferentes nombres—, se comporten del mismo modo y simplemente sean aliadas del poder político, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de las instituciones representadas en esos poderes, y les den la espalda a las víctimas. Ese es el riesgo al que se están enfrentando las personas que sufren violaciones a derechos humanos en México.
LT: Primero, reiteraría que se tiene que enterar la GANHRI de lo que está pasando en México y, de ser el caso, degradar la acreditación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como una manera de hacerle un llamado por su comportamiento.
Segundo, el Senado tendría que funcionar como contrapeso nacional. La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que ser llamada a rendir cuentas frente a las demandas de las víctimas y explicar esos silencios inexplicables, incluso, las agresiones abiertas al trabajo de organizaciones de derechos humanos.
Tercero, se necesita un cambio de dirección en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, garantizando que la persona que ocupe ese espacio se comporte con independencia, con autonomía, coopere con órganos internacionales y sea cercana a las víctimas y a la sociedad civil.
A partir de eso tiene que revisarse cómo se utilizan los recursos, cuáles son los procedimientos para presentar quejas, de qué manera se elaboran informes, cómo hay una política de promoción de derechos humanos. Cualquier reforma tiene que ser mucho más integral. Pero, en este momento, me parece que quien representa la CNDH la está llevando a un espacio de pérdida de legitimidad y a un espacio en el que ya no se confía.
Las víctimas han dejado de confiar en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque se le ve más como un órgano de gobierno, en lugar de vérsele como un órgano autónomo e independiente que garantiza los derechos humanos de las personas.
Citación académica sugerida: Agenda Estado de Derecho. Las víctimas han dejado de confiar en la CNDH: entrevista a Luis Tapia. Agenda Estado de Derecho. 2026/09/10. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/las-victimas-han-dejado-de-confiar-en-la-cndh/
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
