Criminalidad organizada en América Latina: ineficiencia estatal y expansión delictual

12 de Diciembre de 2023
Criminalidad organizada en América Latina: ineficiencia estatal y expansión delictual
Foto de Parker Coffman en Unsplash

La lucha por el crimen organizado en América Latina nos hace un llamado urgente a la transformación institucional y la coordinación estratégica de los Ministerios Públicos para enfrentar los desafíos delictuales.

Persecución penal de la criminalidad organizada: del discurso a la realidad

Existe un consenso general respecto a que la criminalidad organizada en nuestra región se explica a partir de la presencia de complejas estructuras de mercado que operan sobre la base de la lógica de los negocios y, en algunos casos, en articulación y connivencia con sectores del poder político.

Ahora bien, esta es una comprensión asentada en el ámbito discursivo, pero que, en términos generales, no se ha traducido en un nuevo sistema de investigación y sanción de los delitos. Si observamos el funcionamiento cotidiano de la justicia penal en la región, aún nos encontramos con un enfoque simplista en el abordaje de la conflictividad. Esto significa que la tramitación de casos se organiza en función de sus ingresos, más que en un enfoque basado en el estudio general de los problemas de criminalidad en los que se enmarcan. En otros términos, existe una persistente desconexión entre cada hecho delictivo y el mercado criminal en el que se inserta. 

Para analizar este asunto, identificaremos tres variables que nos ayudan a desarrollar dónde nos situamos, junto con una agenda de trabajo que pueda hacerse cargo de algunas líneas de acción.

Variables que explican la situación de la criminalidad organizada en la región

En primer lugar, la posición actual de los Ministerios Públicos (MP) en la región. Es un hecho notorio que se trata de una institución tironeada por distintos sectores que buscan dominarlo y someterlo a los intereses facciosos, sea de la política partidaria, del mundo de los negocios, del crimen organizado o, en definitiva, de un mix de todos ellos. Tal como sostiene Binder, las Fiscalías de Latinoamérica se dirimen entre tres modelos alternativos:      

a. una organización boba atrapada en burocracias y abocada a tareas insustanciales;

b. una organización subordinada al interés de los poderes fácticos; o

c. una institución puesta al servicio de dos problemas: la tutela judicial efectiva y la persecución y desarticulación de las redes ilegales que inciden en el campo de la criminalidad.

Este tercer modelo es el norte desafiante al que deben aspirar los MP de toda la región. La tensión alrededor del MP se complementa con sistemas de investigación que aún no cuentan con infraestructura suficiente ni instrumentos modernos para la persecución de delitos de alta complejidad. En particular, la ausencia de una policía de investigación profesional y especializada en materias complejas, como análisis financiero u orientada al estudio de entornos digitales y herramientas de cooperación internacional que provean e intercambien información de alta calidad.

En segundo lugar, existen graves afectaciones a la independencia judicial que inciden claramente en el juzgamiento de la criminalidad organizada. En concreto, hablamos de la incapacidad institucional para acompañar y respaldar a jueces y juezas que tienen a su cargo la resolución de grandes casos o, por el contrario, para impedir que existan influencias que modifiquen la toma de decisiones.

En América Latina aún contamos con modelos organizacionales que concentran funciones en las cúpulas del Poder Judicial. En muchos casos, esto genera fuertes vulneraciones desde la propia institución, permitiendo manejos discrecionales que condicionan la independencia de operadores y ralentizan o frenan el curso de las investigaciones judicializadas. Este aspecto se complejiza aún más cuando se constata su extensión hacia la propia conducción de los MP.

El tercer factor está relacionado con el rol de los organismos de regulación y control. Su función es crucial, tanto desde el punto de vista preventivo como de su articulación con las funciones de investigación de casos complejos de los MP. Si la función preventiva falla -por problemas de ineficacia interna o por efecto de capturas regulatorias- la capacidad de los MP, de investigar casos complejos, también disminuye. Por otro lado, construir modelos preventivos eficaces es crucial para la generación de información sensible, que facilite la producción de evidencia de calidad sobre asuntos como el seguimiento de rutas del dinero, la localización de beneficiarios finales, el uso de estructuras societarias complejas, u otras cuestiones ligadas al funcionamiento de mercados regulados (por ejemplo, los mercados bancarios, de capitales, asegurador, etc.).

En la región no existen reglas claras de coordinación entre los fiscales y los organismos de regulación y control. Los MP no suelen construir estrategias orientadas al trabajo conjunto, ni la coordinación de esfuerzos, ni la planificación de operativos de nivel preventivo y persecutorio al mismo tiempo. Claro que existen lazos de comunicación institucional, pero concebidos bajo una lógica extremadamente burocrática y formalista que antepone el trámite por sobre la mirada estratégica de los problemas de política criminal que cada mercado enfrenta.

Líneas de acción de una agenda de trabajo

El primer eje consiste en un replanteamiento profundo del perfil y funcionamiento de los MP. Superar el actual estado de situación requiere explicitar las tensiones que existen alrededor de la institución y avanzar en un plan de fortalecimiento institucional en tres grandes dimensiones: por un lado, adecuar el modelo de organización y gestión interna para orientarlo hacia procesos de trabajo que abandonen definitivamente la estructura rígida y reflejo del Poder Judicial. En muchos países aún existen Fiscalías que se organizan por estamentos que impiden la realización de investigaciones conjuntas o compartir información que podría ser valiosa para perseguir estructuras criminales. Incluso en aquellos países donde ya se han implementado nuevos modelos, persisten prácticas propias del paradigma tradicional.

Por otra parte, es necesario que los MP asuman el liderazgo en la planificación de la persecución penal. Esto implica la fijación y control de metas, producción de información sobre la eficacia de la institución, un nuevo diálogo con la comunidad y, fundamentalmente, el diseño de planes de intervención específicos por cada estructura criminal.

En tercer lugar, es indispensable establecer una comunidad de interés robusta entre la conducción de los MP y las organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de víctimas, que son quienes están en condiciones de acompañar, velar y forzar el funcionamiento de los MP hacia el cumplimiento de sus misiones institucionales.

Un segundo punto en esta agenda de trabajo debe estar dado por rediscutir la independencia de los jueces y las juezas. Entendemos que existen dos áreas de trabajo: por una parte, la necesidad de una democratización del gobierno judicial que amplíe la participación de los jueces y las juezas en la conducción de la institución, con el objetivo de que formen parte del esquema de decisiones y la organización se vuelque hacia la protección de su independencia individual. Por otro, sostener y profundizar la introducción de nuevos modelos de gestión de los tribunales, a través de las oficinas judiciales o administraciones profesionales.

En el mismo nivel de problemas se insertan los ataques -cada vez más frecuentes- a la independencia de los fiscales. A lo largo de toda la región existen casos de homicidios ligados con el desempeño de fiscales en la investigación de organizaciones mafiosas, también casos de amenazas e incluso de fuertes represalias físicas y legales.

En el plano de los organismos de control, también es importante encarar un trabajo sistemático de fortalecimiento, que esté basado en un enfoque de articulación entre las políticas de prevención y gestión con la política criminal. Está tarea es de largo plazo y reconoce diferentes taxonomías, puesto que el universo de organismos no es monolítico, sino basado en una diversidad de objetivos y finalidades. 

Estas líneas de acción expresan elementos básicos que deben ser explorados en miras a renovar las agendas de trabajo a la luz de los nuevos desafíos que los MP enfrentan en la región.

Citación académica sugerida: Biscay, Pedro y González, Leonel. Criminalidad organizada en América Latina: ineficiencia estatal y expansión delictual. Agenda Estado de Derecho. 2023/12/12. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/criminalidad-organizada-en-america-latina-ineficiencia-estatal-y-expansion-delictual/

Palabras clave: Ministerios Públicos, Crimen organizado, delincuencia, persecución penal.

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ACERCA DE LOS AUTORES
Pedro Biscay

Abogado penalista por la Universidad de Buenos Aires (UBA), con Maestría en Finanzas en la UCEMA (Msc Finanzas – UCEMA) e integrante del Consejo Directivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).

Leonel González Postigo

Abogado con orientación en Derecho Penal (UBA) con Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal (Universidad de York). Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (Chile) y director de Relaciones Internacionales del INECIP (Argentina).

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Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

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Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.