Covid-19, una amenaza para el acceso a la justicia

25 de Octubre de 2021
Covid-19, una amenaza para el acceso a la justicia
Crédito foto: ICJ

La lucha contra la pandemia ha permeado diferentes estructuras sociales jurídicas ¿Cuál ha sido su impacto en el acceso a la justicia?  

Desde la irrupción del COVID-19, los países han asumido medidas para frenar la propagación de la enfermedad a través de la aplicación de toques de queda, el cierre de tribunales y la ampliación de los poderes del ejecutivo, entre otras. Esta crisis ha tenido un impacto particular sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales, poniendo en peligro el derecho de las sociedades democráticas a disponer de una justicia operativa e independiente.

El  avance de la pandemia, sus efectos y los retos que genera tienen un impacto en el corto, mediano y largo plazo para la independencia judicial, el acceso a la justicia y su administración. A lo largo de estos meses se ha podido constatar que, si bien esta epidemia ha tenido algunos efectos transitorios sobre la organización y el funcionamiento de las instancias judiciales, estos han generado dinámicas que tienen visos de consolidarse como una práctica habitual. Su impacto ha sido diferente en función de los países y las regiones, grupos y colectivos, produciendo una situación de parálisis y colapso de los sistemas de justicia.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en su artículo 4, establece  los requisitos para la legitimidad de un estado de excepción. El riesgo de conductas abusivas desde el poder político es real y abre condiciones favorables a la impunidad y a la vulneración de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, entiende que, con el fin de solventar una colisión de derechos, tanto el Estado como el poder judicial, deberán llevar a cabo “una permanente tarea de ponderación entre derechos e intereses legítimos muchas veces enfrentados o contrapuestos”. 

En América Latina se declararon estados de emergencia con el fin de hacer frente a los retos planteados por la crisis sanitaria. Esta declaración legitima a los gobiernos para arrogarse potestades especiales que les permiten disponer de herramientas suplementarias a la hora de afrontar situaciones excepcionales. La utilización de estos mecanismos suele conllevar una restricción de los derechos humanos a cambio de controlar más exhaustivamente las circunstancias que provocan estas situaciones. El Comité de Derechos Humanos, en su Observación General 29 establece que la suspensión de los derechos establecidos en el PIDCP debe efectuarse, únicamente, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación.

Se da la circunstancia de que, en ocasiones, los ciudadanos asumen la restricción de sus derechos fundamentales como un mal necesario con el fin de garantizar su seguridad. Es en estas circunstancias cuando una justicia independiente debe asumir la función de supervisión, defensa y promoción de los derechos y libertades fundamentales contra las posibles tentaciones autoritarias de los poderes públicos. La Corte IDH, en su Opinión Consultiva OC-9/87, determinó que el carácter judicial de las garantías conlleva la participación activa de un órgano judicial independiente e imparcial con competencia para pronunciarse sobre la legalidad de las medidas excepcionales adoptadas.

A pesar de lo anterior, ha quedado constatado cómo, por medio de los estados de emergencia en el marco de la pandemia, se han producido ataques a los sistemas judiciales que han amenazado su independencia y operatividad entre los que caben destacar la independencia judicial, la suspensión de derechos, el acceso a la justicia y la brecha digital.

La independencia en amenaza

Los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, en sus apartados 1 y 4, estipulan que los poderes legislativo y ejecutivo no interferirán, bajo ninguna circunstancia, en la independencia judicial y respetarán las decisiones que sean adoptadas por los tribunales.

En el ámbito específico de la independencia de los sistemas judiciales, se ha constatado ataques a la judicatura provenientes de tales poderes e, incluso, llamamientos, por parte de las autoridades nacionales, a no cumplir con las decisiones judiciales proferidas a nivel interno.

Medidas de suspensión

En el ámbito latinoamericano, los países adoptaron, en un primer momento, medidas destinadas a limitar o suspender las funciones del poder judicial. Esta circunstancia acentuó los problemas ya de por sí existentes respecto de la accesibilidad de los ciudadanos a la administración de justicia. Si los ciudadanos en situación de pobreza y situación de vulnerabilidad tienden a acudir en un bajo porcentaje a la justicia para resolver sus conflictos, la pandemia agudizó este tipo de situaciones.

Lo anterior, pasando por alto que, tal y como establece la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) en su artículo 27, el derecho a un juicio justo durante los estados de emergencia es una garantía judicial indispensable no susceptible de suspensión.

Fortalecimiento de las brechas en el acceso a la justicia

Muchos de los problemas relacionados con el acceso a la justicia en Latinoamérica, especialmente por parte de grupos en situación de vulnerabilidad como niños, afrodescendientes, mujeres o comunidades indígenas ya existían con anterioridad a la irrupción del Covid-19. Sin embargo, las medidas adoptadas por los Estados en el ámbito judicial durante la crisis sanitaria han agravado situaciones preexistentes.

La jurisprudencia de la Corte IDH, en el caso Velásquez Rodríguez contra Honduras y Barrios Altos contra el Perú, consagró el acceso a la justicia como un elemento primordial de la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Así pues, durante la pandemia se ha vulnerado, no solamente el derecho de acceso a la justicia, sino el de garantizar que esta prerrogativa esencial pueda ser disfrutada en condiciones de igualdad con independencia del género, raza o condición social.

¿Recursos económicos en cuarentena?

Si al escenario planteado se le añade la capacidad de adoptar medidas económicas excepcionales con un impacto directo sobre los recursos disponibles en el ámbito judicial, el resultado es altamente preocupante. Para poder garantizar la independencia efectiva de la justicia en tiempos de crisis es necesario que el sistema judicial cuente con los recursos adecuados para hacer frente a los retos organizativos y poder asegurar que la ciudadanía tenga acceso a una justicia autónoma e imparcial. 

¿Una justicia virtual?

El derecho a una audiencia pública por un tribunal competente derivado de los artículos 14 del PIDCP y 8 de la CADH ha sido otro de los derechos que se han visto especialmente afectados en contra de lo establecido por la CIDH en su Resolución 1/2020. En América Latina, la transición digital de los servicios de justicia no se ha traducido aún en una mejora de las condiciones de acceso. Diferentes colectivos judiciales han mostrado su preocupación respecto de sus posibles repercusiones sobre los derechos procesales y fundamentales de las partes que se han derivado de su implementación precipitada sin las debidas garantías.

 En los países de la región los servicios de la administración de justicia se prestaron de forma interrumpida, limitándose a cumplir funciones jurisdiccionales muy limitadas. El Relator para la independencia de magistrados y abogados identificó la suspensión de plazos y servicios de justicia, la reprogramación de audiencias, la atención limitada o con restricción de horarios, la realización de audiencias virtuales o la priorización de determinadas causas. Estas limitaciones de la actividad jurisdiccional tienen un impacto importante sobre la función de garante de derechos y de control sobre el ejecutivo y el legislativo por parte del poder judicial. La afectación a los sistemas de justicia ha generado, no solo una enorme acumulación de casos por resolver, sino cuadros diversos de denegación de justicia, que vulneran los derechos fundamentales más básicos en situaciones de habeas corpus o de violencia de género, entre otras.

De acuerdo con el derecho internacional, y a pesar de las dificultades que pueda acarrear una situación determinada, los gobiernos tienen la obligación de asegurar en todo momento que la ciudadanía pueda acceder a recursos eficaces y a reparaciones plenas por las violaciones a sus derechos, así como a la información relacionada y a los servicios jurídicos. De ahí que sea fundamental que se destinen los recursos financieros necesarios  para adaptar los sistemas de justicia a la nueva realidad surgida como consecuencia de la pandemia.

Durante este tipo de situaciones la administración de justicia debería tener la misma consideración que los servicios de salud en cuanto a su calificación de servicio esencial. Esta circunstancia permitiría dotar a los sistemas judiciales de los recursos necesarios para hacer frente a los problemas surgidos como consecuencia de este tipo de crisis. En particular, los Estados deberían priorizar la atención a aquellos colectivos vulnerables que más riesgo presenten. 

Citación académica sugerida: Feo, Jordi. Covid-19, una amenaza para el acceso a la justicia. Agenda Estado de Derecho. 2021/10/25. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/https://agendaestadodederecho.com/covid-19-una-amenaza-para-el-acceso-a-la-justiciacovid-19-una-amenaza-para-el-acceso-a-la-justicia/

Palabras clave: Latinoamérica, independencia judicial, pandemia, justicia accesible, derechos fundamentales.

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ACERCA DEL AUTOR
Jordi Feo Valero

Doctor en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional por la Universitat de València. Coordinador del proyecto “Independence of Judges and Lawyers” en el HRREC (UOttawa). Profesor de los grados de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Valencia.

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