Chile se encuentra ad portas de reformar su actual legislación migratoria, y con ello, abandonar el marco jurídico establecido por el Decreto Ley 1.094 de 1975. Luego de un prolongado debate, se han generado consensos acerca de las deficiencias de la actual legislación, deficiencias que la reforma debería superar. En lo particular, quisiera referirme al Proyecto de Ley de Migración y Extranjería en tres dimensiones. Por un lado, la nueva institucionalidad, por otro los elementos que reducen la discrecionalidad administrativa y, por último, la importancia del Plan Nacional de Política Migratoria para efectos de consolidar las políticas públicas desde un punto de vista multidimensional. 

Para comenzar, la nueva Ley crea el Servicio Nacional de Migraciones (en adelante, SERMIG), que acabaría con el  actual Departamento de Extranjería y Migración (en adelante, DEM), institución de quinto orden jerárquico y dependiente de la Subsecretaría del Interior. El nuevo Servicio se caracterizaría por ser una institución descentralizada y, por ende, con presencia en todo el territorio nacional, a diferencia de su antecesora que solo tiene competencias en la región metropolitana (en la actualidad, las Gobernaciones Provinciales e Intendencias tienen competencias migratorias en sus respectivas regiones y provincias). La descentralización entrega una enorme oportunidad a la hora de diseñar políticas públicas que atiendan la realidad y necesidades de las distintas regiones, por lo que se podría ofrecer una atención focalizada a los distintos flujos migratorios que llegan a Chile (por ejemplo, la migración laboral en zonas rurales).

Otro aspecto relevante del nuevo SERMIG es su patrimonio propio, es decir, puede disponer, con cierto grado de autonomía frente a la coyuntura política, de más recursos que permitan mejorar el servicio. Si bien el actual DEM ha desarrollado en los últimos años un proceso de modernización importante, que ha sido fundamental para la continuación del servicio durante la época de pandemia, no es menos cierto que esta unidad tiene graves deficiencias en los tiempos de tramitación de los permisos de residencia, problema que se transforma en la piedra de tope para el desarrollo de los proyectos migratorios de los extranjeros en Chile. La nueva institucionalidad, al tener más recursos, debe ser capaz de procesar las solicitudes en un menor tiempo y, de esta forma, permitir la regularización de los extranjeros. Con ello, se podría disminuir  la precariedad que les afecta en el día a día (ejemplo: precariedad laboral, falta de acceso al crédito, entre otras).

Por otro lado, la reforma migratoria contempla la creación del Consejo de Política Migratoria que permitiría reconocer de forma institucional que la migración es un desafío multidimensional, y que una política migratoria exitosa no puede limitarse exclusivamente a un enfoque de seguridad y orden público. En esta línea, y a diferencia de lo que indica el actual Decreto Ley 1.094 que entrega el mando de la política pública al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se establece una mesa de trabajo intersectorial con la participación de ministerios clave, tales como: Justicia, Relaciones Exteriores, Trabajo y Desarrollo Social, lo que permite una mayor coordinación entre instituciones fundamentales para los extranjeros. Un ejemplo de esta convergencia es el aporte que puede realizar una institución como el Servicio de Registro Civil e Identificación, organismo dependiente del Ministerio de Justicia,  que se encarga de la identificación y documentación de los extranjeros en el país.

En segundo lugar, la nueva Ley reduce la discrecionalidad en el ejercicio de la función pública. Una manifestación de este aspecto se da en las limitaciones que se establecen al ejercicio de las facultades sancionatorias de la administración. De hecho, el actual Decreto Ley 1.094 permite la expulsión de extranjeros mediante la existencia de cláusulas ambiguas como la enunciada en el artículo 15.2, segunda parte, que señala: “y, en general, los que ejecuten actos contrarios a la moral o a las buenas costumbres”, resorte que permite a la Administración fundamentar actos que no se condicen con la magnitud y proporción de los delitos señalados en la primera parte del artículo.

Otro ejemplo de límites a la discrecionalidad de la administración se muestra en el otorgamiento de las autorizaciones por parte de la autoridad migratoria. En esta línea, la actual legislación señala que los permisos migratorios serán otorgados por el Ministerio del Interior y establece que: “serán ejercidas discrecionalmente por éste, atendiéndose en especial a la conveniencia o utilidad que reporte al país su concesión y a la reciprocidad internacional”. En contraste, la reforma establece límites claros a la institucionalidad, y dispone diques de contención a la aplicación de términos difusos como el Interés Nacional. En este sentido, el nuevo articulado delimita el concepto de Interés Nacional al indicar que: “Las razones de interés nacional indicadas en el inciso anterior en ningún caso autorizarán a establecer la visa consular a que hace referencia dicho inciso, de forma arbitraria o discriminatoria respecto de los nacionales de un país en particular”.

Como último elemento, la reforma entrega a la autoridad administrativa la responsabilidad de diseñar un Plan Nacional de Migraciones, que obliga a transparentar el proyecto migratorio que un determinado Gobierno busca fomentar. Esta novedad legislativa, a mi juicio, representa uno de los principales motivos por el que la nueva reforma no se puede catalogar como una reforma a las normas de Extranjería, que regulan la entrada y salida de extranjeros, sino que se alza como una genuina reforma migratoria integral que afecta incluso a los chilenos que viven en el extranjero y los obliga a desempeñar un rol activo en el desarrollo de esta temática en el país. Este Plan tiene el deber de abordar una serie de problemas, dentro de las cuales se encuentran la conciliación del respeto y promoción de los derechos de los migrantes con la política de seguridad interior del Estado y el resguardo del Orden Público, los permisos de residencia que permiten la regularización de los flujos migratorios que eligen nuestro país, entre otras temáticas.

Para finalizar esta breve reflexión, quisiera advertir que esta reforma no puede transformarse en el punto final del constante perfeccionamiento de nuestras instituciones, sino que debe convertirse en el punto de inflexión de nuestro desarrollo jurídico-migratorio, y que, a partir de este momento, permita abordar con mayor claridad los desafíos que tiene Chile en su futuro inmediato: el Proceso Constituyente. En dicha instancia, se deberán discutir aspectos relevantes de la política migratoria chilena y el régimen de derechos de los migrantes en nuestro país, por lo que la Reforma Migratoria ofrece un punto de partida interesante a la hora de repensar nuestra institucionalidad.