Agrotóxicos, comunidades rurales y derechos humanos en el Paraguay

29 de Noviembre de 2022
ras la visita del Relator Especial de la ONU en sustancias tóxicas y derechos humanos a Paraguay, ¿Cuáles son los retos y desafíos que enfrenta el país en la materia?
Fuente: Foto de Adrian Infernus en Unsplash

Tras la visita del Relator Especial de la ONU en sustancias tóxicas y derechos humanos a Paraguay, ¿Cuáles son los retos y desafíos que enfrenta el país en la materia?

El reciente comunicado final de la misión del Relator Especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos A. Orellana, confirma lo que ya estaba comprobado: en el Paraguay no se cumple con los estándares de tóxicos permitidos para ser usados en la agricultura. Esto conlleva graves consecuencias para las comunidades locales y pueblos indígenas que habitan las zonas agrícolas del país sudamericano.

¿Qué es lo que pasa?

La agricultura es de suma importancia en Paraguay, donde los principales productos |son la soya, el algodón y la ganadería. Sin embargo, es un sector en el que impera la desigualdad, dado que solo 1% de los terratenientes posee el 77% de las tierras cultivables. Además, muchas de estas tierras están en manos de empresas extranjeras, sobre todo brasileras y europeas.

El sector depende enormemente de los insumos químicos, como los pesticidas e insecticidas, ya que se estima que el 94% del sector depende de ellos. También hay grandes monocultivos, principalmente de soya, lo cual tiene un impacto negativo en el medioambiente y la biodiversidad local. Asimismo, se usa grandes cantidades de pesticidas que han sido prohibidos en, por ejemplo, la Unión Europea por el demostrado daño que causa en la salud humana, tal como ocurre en el caso del paraquat.

El impacto en las comunidades rurales es severo y permea todos los aspectos de sus vidas. Como relata el comunicado, el uso de pesticidas ha resultado en “la pérdida de sus territorios, enfermedades, discapacidades, muertes y conflictos sociales y judiciales”. Así también, “las comunidades han normalizado afectaciones como los dolores de cabeza y náuseas”.

¿Qué dice la ONU?

Sin embargo, esta no ha sido la primera vez que esta grave situación haya salido a la luz. El Comité de Derechos Humanos de la ONU aprobó un dictamen en el 2019 sobre el caso de Portillo Cáceres et al. v. Paraguay. Una familia campesina paraguaya presentó una petición ante el Comité producto del uso masivo de agrotóxicos por parte de grandes empresas agropecuarias, situación que acarreó el envenenamiento de la comunidad y la muerte de su familiar, Rubén Portillo Cáceres. En este dictamen el Comité concluyó que hubo violaciones de los derechos a la vida, a la privacidad, a la familia y el domicilio, y a un recurso efectivo por parte del Estado paraguayo a la comunidad campesina.

La situación es igual de grave para los pueblos indígenas rurales. Dos años más tarde, en el 2021, el Comité aprobó un nuevo dictamen sobre el caso de Benito Oliveira Pereira et al. v. Paraguay, en donde se concluyó que el Estado violó los derechos de la comunidad indígena Campo Agua’ẽ del pueblo Ava Guaraní a sus tierras y su domicilio, por causa del uso extensivo de agrotóxicos por parte de empresas agrícolas cercanas.

Este caso es emblemático porque, por primera vez, se reconoce la noción del “domicilio” desde la perspectiva de esta comunidad indígena y su relación intrínseca con su tierra y territorio. Por ende, se indicó que los fuertes daños causados por los pesticidas a la comunidad y el ambiente, perjudican la subsistencia cultural de la comunidad indígena Campo Agua’ẽ.

¿Cuál es el problema?

No se trata de un solo caso, sino de un patrón que perdura y que se podría haber evitado. Paraguay ha firmado y ratificado varios convenios internacionales sobre el uso de químicos y desechos, como los de Basilea, Estocolmo, Minamata y Rotterdam. Asimismo, es firmante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como del Convenio 169 de la OIT, el cual ha ratificado. Además, firmó el Acuerdo de Escazú, aunque está pendiente su ratificación.

El problema, entonces, está en el no cumplimiento de estos convenios y acuerdos, lo cual hace que estos hechos nocivos sigan ocurriendo.

¿Cuál es la solución?

La solución no es única, y debería tomar varias formas y abordar las múltiples problemáticas identificadas.

Siguiendo al Relator Especial, es primordial que el Estado paraguayo implemente estos convenios y acuerdos, cumpla con sus propias leyes, aplique los dictámenes del Comité de Derechos Humanos, y ratifique el Acuerdo de Escazú. “Es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a un medio ambiente saludable y proteger a su población de los efectos indiscriminados del uso de pesticidas peligrosos en Paraguay”, según dice Orellana.

Asimismo, el sector agropecuario tiene que evitar el uso de agrotóxicos nocivos y tener pleno respeto para los derechos de las comunidades rurales y para el ambiente. De esta forma, se buscaría evitar la pérdida de la posición comercial del país dentro del marco del Acuerdo de París a nivel mundial —firmado y ratificado por el Paraguay—, o bien a nivel europeo. Esto último referente al Pacto Verde Europeo, la estrategia “De la Granja a la Mesa”, y las propuestas de ley sobre la diligencia debida, y evitar la deforestación y el trabajo forzoso en las cadenas de suministro, entre otras. Como he dicho antes, esto es clave ya que hay muchas empresas europeas activas en el Paraguay.

Una posibilidad de mejorar la situación a futuro sería promover la agricultura alternativa sostenible (AAS), propuesta por Kuipers (2022), a través de políticas públicas y por las propias empresas y comunidades rurales. Por AAS se entiende una agricultura que es alternativa a la convencional, que en este caso depende enormemente de los agrotóxicos altamente nocivos      y, a la vez, incorpora y respeta los tres aspectos clave del desarrollo sostenible, a saber: lo social, lo medioambiental y lo económico.

En el caso específico del Paraguay, donde hay una fuerte presencia indígena, es clave que esto se implemente de forma intercultural, respetando las diferentes culturas presentes, así como también de forma interseccional, entendiendo que la situación de una mujer indígena rural es muy diferente a la de un hombre blanco terrateniente, aunque convivan en la misma comunidad.

De todas formas, queda claro que hay que mejorar la situación en el sector agropecuario con urgencia para evitar nuevas violaciones de los derechos humanos en Paraguay, en la región, y en el mundo entero.

Citación académica sugerida: Kuipers, Stijn. Agrotóxicos, comunidades rurales y derechos humanos en el Paraguay. Agenda Estado de Derecho. 2022/11/29. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/agrotoxicos-comunidades-rurales-y-derechos-humanos-en-el-paraguay/

Palabras clave: Paraguay, agrotóxicos, pesticidas, derechos humanos, comunidades rurales, pueblos indígenas,

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ACERCA DEL AUTOR
Acerca del autor

Estudió en la Universidad de Leiden (Países Bajos), la Universidad Diego Portales (Chile), la Universidad de Gante (Bélgica) y la Universidad Carlos III de Madrid (España). Además, tiene experiencia laboral en América Latina y Europa, y a partir de noviembre de 2022 se desempeña como consejero político para el comercio internacional y los derechos humanos en el Parlamento Europeo. Le apasionan los derechos de los pueblos indígenas, de las personas de la diversidad sexual y de género, y de las mujeres, entre otros. Cree que a través de la cooperación internacional, se puede crear un mundo más justo, sostenible y equitativo para todas las personas.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.