La protesta puede ser vista como un derecho o un principio que debe ser desarrollado en la mayor medida posible, lo que supone adoptar medidas institucionales y sociales para evitar su abolición, la discriminación por su ejercicio (como la dada en contra de los estudiantes en Colombia, Nicaragua, Chile o Venezuela), o cualquier restricción o limitación injustificada. Así, la protesta pacífica puede ser vista como un indicador de desarrollo de la calidad de la democracia y de su resiliencia, especialmente útil y reflexivo para el ámbito latinoamericano:

i) La prohibición de abolición del derecho a la protesta en el marco del Estado constitucional, tanto para el legislador ordinario, el constituyente derivado y originario, pues equivaldría a desarticular las bases populares de la democracia y la necesaria difusión del poder en el pueblo.

ii) Entre más exigencias jurídicas, políticas y cargas deliberativas existan para limitar el derecho a la protesta, como trámites especiales y tipos de ley en detrimento de regulaciones del ejecutivo, más garantías existen para que las personas puedan influir e impactar en el proceso democrático y su acción y discurso no dependan o se subordinen ante la ley, o una decisión administrativa.

iii) Entre más deban tolerarse las manifestaciones y medios de la protesta, incluso aquellos que incomodan y limitan otros derechos, como la movilidad de aquellos que no protestan o no comparten lo reclamado públicamente, más cultura democrática existirá, al igual que priorización social y política de la protesta como un conducto para la resolución de los dilemas sociales, o de los problemas más típicos de la vida pública, justo los más descuidados en Latinoamérica (la pobreza, la desigualdad, la acumulación de poder, la corrupción, el elitismo, el centralismo, etc.).

iv) La admisibilidad de la protesta como derecho a cuestionar, a llamar la atención, a usar el espacio público, a reivindicar, a gritar, a exponer, a convencer, etc., también debe suponer el deber de admitir ser criticado y convencido por la razón ajena, más en ámbitos multiculturales y diversos políticamente.

Esto supone, que en un ámbito social con cultura democrática no deben existir derechos absolutos, ya que se eliminaría la contradicción y el diálogo como medio para la resolución parcial y permanente de los desacuerdos morales y políticos; empero, también debe admitirse que sí pueden construirse derechos prioritarios, más tratándose de capacidades que fomentan la construcción del conocimiento social y la incorporación al proceso político de los más débiles, de las minorías o de las mayorías excluidas.

v) La protesta social puede conducir reclamaciones y denuncias estructurales para el futuro de la organización política, la preservación del diálogo y la coexistencia social, incluso puede reflejar un choque político severo, dado por fuera de las descripciones, análisis y visiones de los partidos políticos y del poder público; esto puede generar expresiones violentas de la fuerza pública y tensiones entre actores sociales e institucionales, el uso mutuo de medios extremos, más cuando de por medio hay rabia, ira, exclusión y un estallido social (ej. bloqueo permanente de vías, o el uso de armas propias del conflicto armado para reprimir la manifestación popular, e incluso para apuntar contra los protestantes, etc., tal como se ha dado en Colombia y Nicaragua).

En cualquier caso, no puede utilizarse la fortaleza o dificultad que revela la protesta como prisma social para desarticular las bases del Estado de derecho, particularmente para invertir la prevalencia del poder civil sobre el poder militar, la exigencia del uso último, necesario y proporcional de la fuerza y la preservación del debido proceso, la libertad y participación, así como de los demás derechos que hacen de la protesta un macro -derecho (una capacidad democrática que concita el ejercicio libre de otros derechos como la libertad de expresión, de conciencia, el libre desarrollo de la personalidad, la reunión, asociación, autogobierno, participación, libre discurso, la no segregación, etc.).  

La verificación de esta clase de indicadores concurre con la consolidación de fenómenos de acumulación del poder y de erosión democrática. La protesta se convierte en una voz de la sociedad oprimida o limitada en sus derechos para confrontar pacífica y dialógicamente el autoritarismo y retornar al curso de la práctica colectiva de la democracia y el Estado de Derecho.