La decisión de la Corte IDH sobre el caso Márcia Barbosa de Souza y otros vs. Brasil no se centró solo en las víctimas y sus familiares, sino en el cambio estructural y transformador, ya que obligó al Estado brasileño a comprometerse a cambiar sustancialmente su actuación en lo relacionado con la violencia de género.

En este sentido, considerando el mérito y las violaciones ocurridas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Convención Belém do Pará (ver Parte I), la Corte sentenció: i) la obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y responsabilizar a los responsables; ii) las medidas de satisfacción; iii) las medidas de rehabilitación; iv) las garantías de no repetición; y v) las indemnizaciones compensatorias. 

Así, la Corte IDH consideró la obligación del Estado de combatir la impunidad por todos los medios disponibles, en vista de que la no investigación completa y efectiva sobre los hechos constituye una violación al derecho del conocimiento de la verdad. Determinó que las investigaciones deben tener una óptica de género, de manera que no sean permeadas por estereotipos de género, y también para que otras víctimas no sean revictimizadas.

Acerca de las medidas de satisfacción, la Corte señaló que el Estado debe publicar, en el plazo de seis meses: i) un resumen oficial de la sentencia de la Corte IDH, en Diario Oficial, así como en los sitios electrónicos de la Asamblea Legislativa de Paraíba y del Poder Judicial de Paraíba, y en diarios de circulación nacional; ii) dejar disponible la sentencia en su totalidad, por un período de al menos 1 año, en los sitios electrónicos del Estado de Paraíba y del Gobierno Federal, debiendo el Estado informar sobre el cumplimiento de tales publicaciones. Además, ordenó al Estado, con el fin de reparar los daños causados y no repetirlos, que se realice un acto de reconocimiento de la responsabilidad internacional en relación con el presente caso, que puede ser realizado en la Asamblea Legislativa de Paraíba y que debe contar con la asistencia de al menos una autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Asamblea Legislativa de Paraíba. Tal acto deberá realizarse en común acuerdo con los familiares de Márcia Barbosa de Souza.

En cuanto a las medidas de rehabilitación, determinó que los hechos del caso generaron graves violaciones a la integridad personal de los familiares de la víctima, considerando necesaria, por lo tanto, una medida de reparación que considere la atención médica, psicológica y/o psiquiátrica adecuadas, así como el pago en efectivo por los gastos de los tratamientos necesarios.

En relación con las garantías de no repetición, la sentenció que es deber del Estado prevenir que violaciones de derechos humanos ocurran, por lo que se deben adoptar las medidas que sean efectivas. En este sentido, recordó que los avances normativos realizados después de los hechos del caso, como la Enmienda Constitucional  35/2001, la Ley Maria da Penha, la inclusión del feminicidio en la lista de delitos del Código Penal brasileño, así como los programas, los proyectos y las iniciativas que apuntan a atender la violencia y discriminación contra las mujeres.

Sin embargo, el escenario sigue siendo de escasos datos oficiales y no oficiales disponibles, además del contexto de discriminación y violencia estructural, especialmente en el caso de las mujeres afrodescendientes y pobres. De esta forma, la Corte entendió necesaria la recopilación de información sobre las diversas formas de violencia de género, con el fin de construir políticas públicas efectivas y estrategias para prevenir y erradicar la discriminación y la violencia. Los indicadores son fundamentales para pensar políticas públicas de protección a los derechos humanos. Así, ordenó que el Estado implemente un sistema nacional y centralizado de recopilación de datos por edad, raza, clase social, perfil de la víctima, lugar de la ocurrencia, perfil del agresor, relación con las víctimas, medios y métodos utilizados, entre otras variables, como forma de permitir el análisis cuantitativo y cualitativo de los hechos que generan la violencia contra las mujeres y los feminicidios. Esta información debe ser difundida por el Estado anualmente, garantizando el acceso a la información por parte de todos.

En esta misma línea, la Corte IDH entendió que debe avanzarse en la capacitación de los agentes que actúan en la administración de justicia desde la perspectiva de género. Igualmente, implementar un plan de formación y capacitación continuada, además de la sensibilización de las fuerzas policiales en cuanto a la investigación con perspectiva de género y raza. Además, ordenó a la Asamblea Legislativa de Paraíba que realice una jornada de reflexión y sensibilización sobre feminicidio, violencia contra las mujeres y la utilización de la inmunidad parlamentaria, a partir del contenido de la sentencia dictada. Ordenó, además, la adopción e implementación de un protocolo nacional con criterios comprensibles y uniformes, para la investigación del crimen de feminicidio, que debe estar alineado con el Modelo de protocolo Latinoamericano de investigación de muertes de mujeres por razones de género, así como a la jurisprudencia de la Corte IDH. Por último, abogó por la necesidad de adecuación normativa interna a lo establecido por la sentencia, respecto de la inmunidad parlamentaria y de su aplicación, del proceso penal contra un miembro de órgano legislativo y de la salvaguarda del derecho de acceso a la justicia.

Finalmente, acerca de las indemnizaciones compensatorias, la Corte IDH entendió que hubo daño material e inmaterial a los familiares de la víctima, y determinó su compensación de forma pecuniaria, que incluye el importe de la indemnización por la imposibilidad de reabrir la investigación penal sobre los posibles partícipes, así como los daños causados a la salud de los familiares de la víctima.