“Selvar“ las cortes: justicia intercultural en territorio amazónico
22 de Abril de 2026
Cuando las cortes se trasladan al territorio indígena, el derecho cambia de escenario: autoridades comunitarias, prácticas rituales, plantas y territorio participan en la producción de justicia.
El olor del palo santo (Bursera graveolens) aún permanecía en el aire el 20 de febrero de 2026 en la comunidad A’i Cofán de Sinangoe, en la Amazonía ecuatoriana. Ese día, tres jueces de la Corte Provincial de Sucumbíos llegaron al territorio para realizar una audiencia de diálogo intercultural dentro de una acción de protección presentada por la comunidad para exigir respeto al derecho a la propiedad ancestral y adjudicación de 63.755 hectáreas de territorio ancestral.
No solo se trataba del territorio físico, también las memorias, las prácticas ancestrales, la transmisión de conocimiento ancestral, y formas A’i Cofán de “corazonar” el mundo que sostienen el territorio y la vida colectiva.
Esta audiencia muestra algo más profundo que una diligencia judicial: cuando los tribunales se trasladan al territorio Indígena, el derecho cambia de escenario y de condiciones de producción. En ese espacio no solo intervienen jueces o juezas y abogados y abogadas, sino también autoridades comunitarias, prácticas rituales y plantas como el yoco (Paullinia yoco).
Las audiencias interculturales realizadas en territorio permiten “selvar” las cortes, es decir, abrir el proceso judicial a las materialidades, textualidades, relaciones y autoridades que co-producen y co-componen derecho en contextos indígenas amazónicos. Dicho de otro modo, el verbo de “selvar” es la aplicación de la selva misma con participación de todos los entes que la componen y su normatividad propia. Solo en ese encuentro in-situ pueden hacerse visibles aún más de cerca las tensiones y también las posibilidades de diálogo entre el derecho estatal y los sistemas jurídicos propios.
En Ecuador, esta posibilidad tiene una base constitucional. La Constitución de 2008 reconoce al país como un Estado plurinacional e intercultural (art. 1). Sin embargo, en la práctica judicial persisten tensiones entre el derecho estatal y los sistemas jurídicos de Pueblos y Nacionalidades.
La audiencia en Sinangoe ofrece una ventana para observar cómo esos sistemas pueden dialogar cuando la justicia se traslada al territorio. El 20 de febrero, la jornada inició desde las 4 de la mañana con la toma de la planta de yoco, práctica que conecta con la selva, los espíritus y la memoria de los mayores. El yoco no es solo una planta, sino una autoridad vegetal que participa en la cogobernanza.
Durante la audiencia, las autoridades tradicionales A’i Cofán realizaron un acto de armonización con elementos rituales y la participación de la comunidad, incluidos niños y niñas, integrando prácticas propias en el proceso judicial. Se colocaron cestas tejidas llenas de palma chonta (Bactris gasipaes) y achiote (Bixa Orellana) en el centro durante la audiencia. Compartimos, ortigeamos (Urtica dioica) y humeamos palo santo para armonizar el espíritu. Entró entonces Chipiri Tsampi’ma kuirasunde’khu (semillero de niños y niñas, pequeños cuidadores de la selva) con vestimenta propia A’i Cofán, cantando al ritmo de los tambores: ¿Quiénes somos? ¿Qué defendemos? Fuerza, fuerza. Guardia, guardia. El grito de la selva, uuuu.
La comunidad A’i Cofán de Sinangoe pertenece a una nacionalidad amazónica cuyo territorio ancestral fue declarado en 1970 parte del Parque Nacional Cayambe-Coca sin consulta previa.
En 2018, la comunidad obtuvo una victoria histórica al lograr la anulación de concesiones mineras otorgadas sin consentimiento. Posteriormente, la Corte Constitucional del Ecuador consolidó ese caso en la sentencia 273-19-JP/22, estableciendo estándares importantes sobre consulta previa, territorio y derechos de la naturaleza. La Corte determinó que el consentimiento previo, libre e informado es obligatorio incluso cuando las actividades extractivas se encuentren fuera del territorio de las comunidades pero puedan afectarlas.
En noviembre de 2021, jueces de la Corte Constitucional realizaron una audiencia intercultural amazónica en el territorio de la comunidad. Más de 300 líderes de Pueblos y Nacionalidades participaron en un proceso que buscaba un precedente nacional sobre consentimiento previo, libre e informado vinculado con autodeterminación y derechos de la naturaleza. Fue una verdadera “minga jurídica”, un acto de escucha que abrió una oportunidad histórica para interpretar los derechos in-situ.
A pesar de estos precedentes, el reconocimiento formal del territorio ancestral sigue pendiente. Por esa razón, la comunidad presentó una nueva acción constitucional para exigir la adjudicación de su territorio.
Una de las cuestiones fundamentales que se discutieron en la audiencia del 20 de febrero de 2026 fue quién tiene la autoridad para determinar las dimensiones del territorio de la comunidad y en qué condiciones.
Entre 2018 y 2021, Kuirasunde’khu (guardia Indígena) realizó un proceso de mapeo territorial. Caminaron la selva para registrar ríos, lugares sagrados y memorias transmitidas por mayores. El resultado fue un mapa con cerca de 5.000 puntos que documentan el territorio ancestral.
Pero para la comunidad, ese mapa no es simplemente un instrumento técnico: es un acto jurídico colectivo. Los ríos, los lugares de ceremonia de yagé (Banisteriopsis caapi), las historias de abuelos y abuelas y los sitios donde habitan seres espirituales forman parte de ese mapa: vertientes, cerros, lugares sagrados y seres como Atiambi a’i, Kukuya, Vajos y Kuankuas.
En ese sentido, mapear no es únicamente describir el territorio, sino producir derecho. En la Amazonía, las fronteras han sido históricamente fluidas y la movilidad de ríos y fauna forma parte de ese territorio vivo. En consecuencia, el mapeo territorial debe entenderse desde un enfoque ecosistémico e intercultural, como parte del derecho propio de las comunidades, y fundamental para la formalización y entrega de título de propiedad.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha reconocido que la posesión ancestral de Pueblos Originarios, que estuvieron antes de la creación de los Estados nación, constituye título de pleno dominio, y lo que corresponde a los Estados es su formalización y registro.
Desde la antropología, mapear permite mostrar cómo los Pueblos conceptualizan el territorio dentro de sus cosmologías. En Sinangoe, el mapeo expresa una comprensión relacional donde humanos, animales, plantas, ríos, cerros y espíritus forman parte de un territorio vivo. Después de todo, “no hay líneas rectas en la naturaleza”. El territorio también se reconoce a través de los sonidos: el canto de las aves, el zumbar de insectos, el flujo de ríos e incluso la presencia de espíritus. Es un mapeo sensorial y relacional que no puede ser leído bajo los mismos parámetros que la cartografía estatal convencional.
Como ha señalado la jurista indígena australiana Christine Black, la ley propia es una jurisprudencia viviente que se expresa en canto, ceremonia, narración, danza y relación con la tierra. La ley emerge del territorio. Desde este marco, la toma de yoco, ortiga, pintura facial, y la voz de Kuirasunde’khu, junto con el mapeo territorial, constituyen la expresión de una jurisprudencia viva.
En la audiencia intercultural amazónica, escuchar y “corazonar” el derecho continúa sentando jurisprudencia viva, sostenida en lo que algunos han llamado un “poder constituyente de la naturaleza”. La propia performance de la audiencia transforma qué cuenta como prueba y quién puede hablar. En este espacio, los entes del mundo vegetal también participan. Las evidencias no se limitaron a la materialidad del papel: el mapa fue acompañado por plantas presentes, por trazos dibujados sobre los cuerpos y por una ilustración de un árbol y peces que plasma el mito de creación de la cuenca amazónica.
Cuando la audiencia intercultural ocurre en territorio emerge otra forma de horizontalidad. Aquello que en otras cortes, suele ponerse en duda —quién tiene experticia o qué evidencia es válida adquiere aquí otra densidad—.
También participaron niños y niñas (Chipiri Tsampima Kuirasundekhu). No solo tomaron la palabra, sino cantaron sobre el territorio ancestral que ya caminaron sus abuelos y abuelas. Luego presentaron ante los jueces un mapa pintado con sus propias manos: los ríos donde se bañan y juegan, los caminos que han recorrido y las historias que han escuchado de sus mayores.
Pueblos y Nacionalidades amazónicas como Siekopai, Waorani y Shipibo-Conibo de Perú, junto con diversos amicus curiae, apoyaron el caso mediante intervenciones y experticias. Sin embargo, representantes del Ministerio del Ambiente y Energía, participaron de forma virtual, negándose a realizar un diálogo intercultural en territorio. Como señaló un miembro de la comunidad, esta decisión fue percibida como una falta de respeto: “Cuando se habla del territorio hay que venir al territorio, caminar la selva, escuchar el río y mirar a la comunidad a los ojos”. Como expresó un miembro de la comunidad: “Será que le tienen miedo al yoco o a la ortiga?”. En este sentido, se negaron a “selvar” el derecho, incumpliendo la obligación constitucional de la interculturalidad.
Lo que está en juego no es solo una delimitación territorial, sino la autodeterminación, la seguridad jurídica del territorio ancestral y el ejercicio del derecho propio frente a las amenazas extractivas.
Mientras se espera la decisión judicial, la comunidad A’i Cofán de Sinangoe continúa caminando el territorio, escuchando la palabra de los ríos y enseñando a niños y niñas a cuidar la selva. Porque hay algo que no se aprende en el edificio de una corte: el territorio no es un papel, el territorio es espíritu, es casa y es vida. Y mientras viva la selva, la comunidad A’i Cofán de Sinangoe seguirá de pie, cuidando y defendiendo la vida y territorio. Ojalá más operadores del derecho se animen a entrar a “selvar” las cortes.
Citación académica sugerida: Guaramag Umenda, Wider; Narváez Umenda, Alexandra y García Ruales, Jenny (2026). Selvar las cortes: justicia intercultural en territorio amazónico.. Agenda Estado de Derecho. 2026/04/22. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/selvar-las-cortes-justicia-intercultural-amazonico/
Palabras clave sugeridas: Ecuador, justicia intercultural, territorio indígena amazónico.
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Líder comunitario y actualmente Presidente de la Comunidad A’i Cofán de Sinangoe. Se desempeña como profesor comunitario y lidera el proceso de educación propia en la comunidad como una estrategia de pervivencia cultural. Su liderazgo ha sido fundamental para fortalecer el gobierno propio de la Comunidad para la exigibilidad del derecho al consentimiento previo, libre e informado, educación en la dimensión de espacios de aprendizaje, y seguridad jurídica del territorio.
Líder comunitaria y Kuirasunde’khu (guardia indígena) de la Comunidad A’i Cofán de Sinangora. Ganadora del Premio Ambiental Goldman en el año 2022, y en el año 2026 recibió el Galardón Dolores Cacuango por su trabajo comunitario vinculado a la educación propia. Lidera el proceso de Chipiri Tsampi Kuirasundek’hu (pequeños cuidadores de la selva). Actualmente, se encuentra cursando la carrera de Derecho.
Antropóloga jurídica, doctora por la Universidad de Marburg y el Instituto Max Planck de Antropología Social (Alemania), es coordinadora de investigación del proyecto Amazon of Rights, una colaboración entre la Universidad de Erfurt, RIFS Potsdam y la Universidad La Trobe en Australia. Su investigación se centra en la antropología constitucional, los Derechos de la Naturaleza y las metodologías colaborativas y co-creativas. Para más detalles, aquí.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
