A pocos días de la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg, la Corte Suprema argentina falló a favor de un hombre al que se le había negado una protección laboral debido a su género. Al hacerlo, propició generar condiciones paritarias entre los cónyuges en las responsabilidades familiares y domésticas, para evitar que esas responsabilidades constituyan un factor de discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral. La sentencia es destacable no solo por sus reflexiones sobre los estereotipos de género y el rol del Estado frente a estos, sino también porque se dictó en un caso similar a los defendidos por Ruth en su etapa de abogada activista: la Corte debía interpretar una ley que, si bien no discriminaba expresamente a las mujeres, las perjudicaba con aparentes beneficios.

El caso Puig se enmarca en una línea jurisprudencial de la Corte que, en las últimas décadas, ha avanzado en materia de igualdad de género. En el ámbito educativo, por ejemplo, el caso González de Delgado (2000) ―que confirmó la posibilidad de niñas y jóvenes de ingresar al

prestigioso Colegio Monserrat― reivindicó el derecho de las mujeres a recibir una educación de la misma calidad a la que acceden los varones, a la vez que destacó a la educación mixta como un medio para eliminar estereotipos de género. En el ámbito laboral, el caso Sisnero (2014) ―en el que una mujer procuraba ser empleada como conductora de buses― sostuvo el derecho de las mujeres a elegir y acceder libremente a un empleo sin ser discriminadas por su género durante el proceso de selección.

En Puig, la Corte debía determinar si la presunción de despido por matrimonio era aplicable a los hombres. La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) contiene una sección dedicada a amparar a las mujeres en las relaciones laborales. Allí se fija un plazo durante el cual se presume que la razón de un despido es el matrimonio, y se establece una indemnización especial para esos casos. Debido a la ubicación de la norma dentro de la LCT y la historia de segregación laboral de las mujeres, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo interpretó que el despido por matrimonio se presumía únicamente si la despedida era una mujer, mientras que los hombres podían acceder a la indemnización agravada si lograban probar efectivamente que esa era la causa del despido. El Sr. Puig procuraba ampararse en la presunción, pero su pedido fue rechazado en las instancias anteriores a la Corte debido a la interpretación fijada por la Cámara.

Para interpretar la LCT, la Corte tuvo en cuenta los estándares constitucionales y convencionales aplicables al caso. En particular, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) ―que tiene rango constitucional en Argentina― impone el deber de garantizar a mujeres y hombres los mismos derechos y deberes frente a la decisión de contraer matrimonio, durante su desarrollo y luego de su disolución; y como progenitores, sin importar su estado civil, en todo lo que concierne a sus hijos. La Corte también destacó el Convenio 156 de la OIT (1981), que prescribe la obligación de promover la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores independientemente de su género, y de evitar conflictos entre sus responsabilidades personales y laborales. Además, señala expresamente que la responsabilidad familiar no debe constituir una causa justificada para poner fin a una relación de trabajo. 

 Las normas en juego tenían una razón de ser histórica. La LCT fue sancionada en 1974, en un contexto sociocultural distinto que asignaba a la mujer las tareas de cuidado del hogar y la crianza de los hijos. La ley procuraba, entonces, proteger a las mujeres de ser despedidas ante el temor de sus empleadores de que el matrimonio y las consecuentes responsabilidades familiares afectaran su desempeño en el trabajo. Según la Corte, la LCT debía ser reinterpretada a la luz del nuevo paradigma familiar, que en los últimos años se había orientado hacia un modelo en el cual ambos cónyuges se hacían cargo indistintamente de las tareas domésticas. Además, como sostuvo el juez Rosatti, la protección especial de las mujeres por parte del Estado no podía tener como consecuencia el refuerzo de un estereotipo. Por lo tanto, ya no podía interpretarse que los estímulos del empleador para despedir a quienes contraigan matrimonio se susciten solamente en el caso de las trabajadoras.

La Corte no se detuvo en la reinterpretación de la ley según las nuevas necesidades de la comunidad, sino que fue más allá y explicó que el Estado debe adoptar medidas que coadyuven a erradicar el mencionado patrón sociocultural. Es decir, el Estado no solo debe reconocer sino además alentar estos cambios en las percepciones sobre los roles de género en la división del trabajo doméstico no remunerado. Para lograr la igualdad frente al matrimonio, el Estado debe incentivar y apoyar la participación de los hombres en las tareas domésticas y en la crianza de los hijos. Un medio para lograrlo es proteger a los hombres de la discriminación laboral de la que puedan ser objeto a la hora de contraer matrimonio y asumir, en pie de igualdad con las mujeres, los compromisos propios del ámbito doméstico.

El caso podría haber sido una oportunidad para abordar las consecuencias de la anterior interpretación de la LCT en los matrimonios del mismo sexo, permitidos en la Argentina desde 2010. La norma impactaba de modo desigual en estos matrimonios según su integración, ya que los dos o ningún contrayente eran beneficiados por la presunción. La Corte IDH ha considerado que el derecho a la protección de la familia y de la vida familiar incluye también el vínculo derivado de parejas del mismo sexo, y que todas las personas tienen derecho a medidas de protección laboral sin discriminación en virtud de su orientación sexual (Duque vs. Colombia y la OC-24/7). Este era otro motivo para sostener la nueva interpretación de la LCT que propiciaba la Corte, pero es poco explorado en la sentencia.

Según Ruth Bader Ginsburg, toda discriminación por motivos de género es un “arma de doble filo”, porque la mayoría de las normas que discriminan a mujeres están disfrazadas como discriminación contra hombres, y lo que buscan es perpetuar los roles que la sociedad les asignó históricamente. En su trabajo como abogada litigante, atacó aquellas normas que otorgaban beneficios a las esposas de trabajadores varones pero no a los esposos de trabajadoras mujeres. El común denominador entre los casos que defendió Ruth y el caso Puig es que las normas cuestionadas promueven que la mujer pueda asumir mayores responsabilidades dentro de la familia, pero no lo hacen en el caso de los hombres. Perpetúan, así, el estereotipo del hombre como proveedor y de la mujer como dependiente. Como señaló el juez Brennan, el “pedestal” en el que ponen a las mujeres no es más que una “jaula”.

El caso Puig constituye un decidido avance en materia de incentivos y disuasiones del Estado para moldear conductas en materia de género. A su vez, presenta una oportunidad interesante para reconocer la relevancia del trabajo no remunerado de cuidado y apreciar estas tareas también como una responsabilidad de los hombres. A lo largo de su carrera, Ruth Bader Ginsburg luchó para alcanzar la igualdad de género, y fue una de las primeras en reconocer que este camino no solo requería que la ley no discriminara abiertamente a las mujeres, sino que tampoco las perjudicara escudándolas con aparentes beneficios. Puig es, sin dudas, un paso en la misma dirección. Por eso, nos permitimos interpretar esta sentencia como un homenaje a su trabajo.