Argentina inició un nuevo ciclo político el pasado 10 de diciembre, entre cuyas tareas se encuentra discutir y ejecutar un conjunto de acciones para modernizar el sistema judicial federal. En los últimos años se ha observado un alto grado de deterioro que exige cambios muy profundos.

Recientemente, el Gobierno Nacional presentó un proyecto de reorganización de la justicia federal en todo el país, que puso en el centro de la escena la urgencia de un cambio real. Ante este escenario se hace urgente preguntarnos, ¿cuáles son los posibles ejes de una agenda de reforma judicial en la Argentina?

En primer lugar, es necesario avanzar con un calendario completo de implementación del Código Procesal Penal Federal sancionado en el 2014 e implementado en junio del 2019 en la jurisdicción de Salta y Jujuy. La urgencia del cambio podría habilitar su puesta en vigencia simultánea en todo el país o progresiva, pero con fechas ciertas que incluyan la jurisdicción federal de la Ciudad de Buenos Aires, en donde incluso podría implementarse inmediatamente. Esto exigiría una coordinación con el traspaso definitivo de competencias nacionales para poder organizar un Ministerio Público y una justicia penal netamente federal. Este nuevo Código transparenta las actuaciones judiciales, divide las funciones de acusar y juzgar y acelera los tiempos procesales, entre otras mejoras necesarias.

Un factor central para alcanzar este cambio está dado por el nombramiento del Procurador General de la Nación, quien tendrá a su cargo fijar la política de persecución penal. Es decir, diseñar y aplicar los planes para desarticular los fenómenos criminales más complejos, como el narcotráfico o la trata de personas, entre otros. El perfil del cargo exige que se trate de alguien con antecedentes y una mirada acorde a las nuevas responsabilidades que deberá asumir la institución. Si bien el Gobierno Nacional presentó un candidato, el Senado aún no ha podido darle el trámite correspondiente.

Prácticamente todos los países de Latinoamérica han implementado nuevos sistemas de justicia penal en los últimos treinta años. La experiencia comparada nos muestra que, si bien se trata de procesos complejos que requieren una enorme movilización de recursos humanos y materiales, los procesos acusatorios y adversariales transparentan las decisiones y permiten concentrar los esfuerzos en perseguir y sancionar la criminalidad que lesiona las bases del Estado de Derecho.

Un segundo ámbito es la modernización de la Justicia Civil y Comercial Nacional, que aún sustancia sus procesos de manera predominantemente escrita y lenta. Si bien, el gobierno saliente ha trabajado y presentado un anteproyecto de Código Procesal, se trata de un primer paso que requiere mejoras y perfeccionamiento bajo los últimos estándares latinoamericanos. En concreto, urge una reforma integral de la justicia civil desde la perspectiva del acceso a la justicia y evitar caer en la lógica de los planes pilotos que finalmente se terminan convirtiendo en planes permanentes.

Las provincias argentinas vienen trabajando muy bien en procesos de reforma a la justicia no penal, a través de la sanción de nuevos Códigos Procesales que establecen un sistema de audiencias orales y oficinas de gestión judicial a cargo de la administración de los Tribunales. En algunas provincias, incluso, se está discutiendo la regulación del juicio por jurados para determinadas materias como las acciones de clase o los conflictos medioambientales. Podríamos mencionar los casos de las provincias de Chubut o Tierra del Fuego, en donde existen proyectos en debate legislativo.

Por último, la Corte Suprema de Justicia también debe replantearse su lógica de funcionamiento. La alta concentración de poder y ausencia de políticas judiciales claras ha generado que el gobierno de la institución dependa casi exclusivamente de su Presidencia. Es necesario aumentar las prácticas democráticas en la conducción del Poder Judicial, como por ejemplo, ampliando la participación y deliberación con jueces y juezas que lo integran y separando claramente las labores jurisdiccionales, administrativas y de gobierno, que actualmente están fuertemente confundidas.

Hace dos años, desde el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), realizamos un estudio comparativo en cinco países de la región latinoamericana (Argentina, Chile, Paraguay, Guatemala y Colombia) el que se concluyó que la Corte Suprema Argentina adolece de políticas de gobierno judicial que sean independientes de la administración del Poder Judicial Nacional.

La Corte Suprema debiese asumir exclusivamente las funciones jurisdiccionales y bajo una lógica de construcción de criterios que vuelvan operativa la exigencia de seguridad jurídica, que en general se ha planteado como un mantra abstracto y carente de un contenido y tareas específicas. En concreto, nos referimos a la generación de precedentes judiciales. Si bien se ha planteado que esta práctica no es consistente con la lógica de los sistemas jurídicos adoptados en Latinoamérica, lo cierto es que en la actualidad opera de facto pues la jurisprudencia que emiten los Tribunales Superiores suelen orientar y condicionar el trabajo de todos los tribunales.

Claramente, estos ejes no son los únicos. Conforman un piso mínimo para modernizar los procesos penales y civiles comerciales en el país, junto con abordar la dinámica de funcionamiento de una Corte Suprema que requiere de una revisión profunda, tal como se viene planteando. Muchos de estos debates están saldados en lo académico, jurisprudencial y normativo. Por delante restan voluntades y decisiones políticas que salden deudas históricas impostergables.

La nueva etapa política es una extraordinaria oportunidad para poner fin a demandas urgentes, como la reforma de la justicia penal federal, y abrir debates históricamente acallados, como la lógica de conducción y fijación de políticas al interior del Poder Judicial. Muchos de estos cambios ya no resisten mayor justificación; es hora de cumplir y dar un mejor servicio de justicia a la ciudadanía.