El cine como dispositivo cultural para la educación en derechos humanos

29 de Abril de 2026
Créditos foto: Meristation

¿Pueden servir las galas para algo más que celebrar la industria? Para los autores, las premiaciones funcionan como dispositivo cultural capaz de educar sensibilidades sobre dignidad e igualdad.

Las galas como espacios de educación cultural

Cada temporada de premios, las galas cinematográficas condensan una atención pública que pocas instituciones logran reunir en tan poco tiempo. En los Oscars 2025, por ejemplo, la transmisión registró alrededor de 19,69 millones de espectadores y se emitió en simultáneo por señal tradicional y streaming en Hulu. Ese mismo evento generó más de 104 millones de interacciones en redes, lo que muestra que la ceremonia no solo se “consume”: se comenta, se disputa y se resignifica colectivamente.

Esa concentración de visibilidad importa porque la educación en derechos humanos no ocurre únicamente en el aula. El proceso de aprendizaje en derechos humanos implica adquirir marcos de interpretación sobre lo justo o lo injusto, lo igualitario o lo discriminatorio, lo humano y lo inhumano, entre otros. En otras palabras, se promueven criterios que orientan nuestra comprensión de la dignidad, la igualdad y la no discriminación.

En términos gramscianos, esa orientación de criterios no es neutral. Forma parte de la disputa por la hegemonía, entendida como un liderazgo “intelectual y moral” que vuelve sentido común ciertas ideas sobre lo justo y lo aceptable. Las galas —como instituciones culturales en la sociedad civil— contribuyen a ese proceso cuando legitiman y amplifican narrativas que vuelven “compartibles” reclamos de igualdad y dignidad para audiencias masivas. Así, su impacto pedagógico opera menos como instrucción formal y más como producción cultural de marcos desde los que una sociedad reconoce (o niega) derechos.

De esta forma, las galas se convierten en eventos de alta circulación cultural donde ciertas historias adquieren reconocimiento, alcance y capacidad de generar conversación pública, contribuyendo a la educación en derechos humanos. A través de las nominaciones y premios, seleccionan qué historias “merecen” esta atención masiva, por lo que jerarquizan ciertos relatos sobre otros. Además, amplifican esas historias ante audiencias masivas y generan discusión pública en medios, redes sociales y espacios cotidianos de conversación. A su vez, permite que el público se vea representado a través de la construcción de personajes, historias y escenarios, y facilita una proyección que favorece la apropiación del relato.

¿Por qué las galas funcionan como “dispositivo cultural”?

En eventos como los Premios Óscar, la conversación pública no se agota con el anuncio de una nominación o la entrega de un premio. Más bien, se abre un ciclo de atención en el que medios, audiencias, críticos y organizaciones sociales discuten no solo el valor estético de las obras, sino también los temas que estas ponen en circulación. Por eso, las galas pueden entenderse como dispositivos culturales: no solo premian películas, sino que también contribuyen a configurar su sentido público. Alrededor de ellas se moviliza un entramado de interpretaciones sobre la obra, sus personajes, sus actuaciones y los problemas que representa. Así, incluso cuando la discusión parece centrarse en aspectos cinematográficos, también puede activar —de manera expresa o sutil— conversaciones más amplias sobre guerra, violencia, discriminación, memoria o justicia. De allí que estos espacios puedan funcionar como una vía de entrada, accesible y masiva, para debates que en el fondo también tocan cuestiones de derechos humanos.

Las galas son dispositivos culturales ya que describen un conjunto de prácticas que ordenan qué se vuelve visible, cómo se interpreta y qué conversación pública se activa alrededor de ello. Así, se conecta con el framing, no solamente presentando narrativas, sino también seleccionando qué, cómo y a quiénes contar. Al dar este reconocimiento, estos eventos se convierten en espacios en los que la cultura popular y la deliberación social se entrelazan, ya que millones de personas discuten simultáneamente un conjunto compartido de temas relacionados a los derechos humanos.

Ese alcance no es una intuición: los Oscars 2025 registraron cerca de 19,69 millones de espectadores y generaron alrededor de 104,2 millones de interacciones sociales, lo que muestra que una gala no se agota en el espectáculo, sino que crea un ciclo de atención (cobertura, tendencias, recomendaciones y “segunda vida” del contenido). En esa lógica, la temporada de premios puede producir un “Oscar bump”: un aumento de visibilidad y consumo de películas tras nominaciones o premios. Por eso, organizaciones de derechos humanos han aprovechado estos momentos de alta audiencia para conectar películas y nominaciones con debates públicos sobre discriminación, violencia y justicia. De esta forma la visibilidad cultural puede abrir una ventana pedagógica.

Oscars 2026: ¿Cuáles son las nominaciones a mejor película que hacen referencia a la educación en derechos humanos?

Desde esta perspectiva, dos de las películas nominadas pueden entenderse como puertas de entrada a distintas dimensiones de los derechos humanos. Primero, “Una batalla tras otra” incluye en su relato la experiencia migratoria, en este caso, de la comunidad latina en Estados Unidos. Así, el film expone las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan muchas personas migrantes en su vida cotidiana; esto es, precariedad laboral y dificultades para acceder a vivienda formal, incluso cuando muchos de ellos contribuyen a la economía local para sostener a sus familias tanto en el país de acogida como en su país de origen. La película invita al espectador a cuestionar el enfoque de seguridad que han adoptado las políticas migratorias en los últimos años, así como a mirar la migración como una experiencia atravesada por desigualdades estructurales.

En la película “Train Dreams”, la historia se remonta al contexto de posguerra, un periodo que marca un punto de inflexión en las discusiones globales sobre desarrollo, progreso y responsabilidad colectiva. Tras los horrores que dejó el Holocausto, el derecho internacional de los derechos humanos se centró en la dignidad y la protección de la persona frente a los abusos del poder. Sin embargo, con el paso de los años, nuevos debates comenzaron a emerger. Uno de ellos, que además es expuesto en la película, es el impacto ambiental de las actividades industriales en una era de rápido crecimiento económico, basado en la acumulación del capital y explotación de recursos naturales. De esta forma, la película invita a pensar en la relación entre desarrollo y sostenibilidad, recordando que esta discusión debe ser abordada con urgencia actualmente debido a los desafíos ambientales que hasta el día de hoy enfrentamos.

Si bien las galas no resuelven por sí mismas los problemas estructurales que afectan a las personas y comunidades, sí constituyen una valiosa oportunidad para visibilizar historias de resistencia y defensa de los derechos humanos. Lejos de ser plataformas neutrales, cuentan con la capacidad de reconocer y poner en el centro aquello que durante décadas ha sido invisibilizado, excluido e ignorado.

Al destacar estas historias, contribuyen a generar atención y conciencia en la ciudadanía. Con ello invitan a reflexionar sobre dinámicas sociales, políticas y económicas que vulneran los derechos humanos, así como la dignidad e integridad de las personas, las comunidades y el medio ambiente. En ese sentido, las galas pueden funcionar también como dispositivos simbólicos de educación en derechos humanos, al amplificar voces, sensibilizar al público y promover una cultura de reconocimiento, memoria y compromiso con la justicia.

Citación académica sugerida: Niño de Guzmán Tapia, Sandra Ximena; Portilla Obando, Pablo David. El cine como dispositivo cultural para la educación en derechos humanos. Agenda Estado de Derecho. 2026/04/29. Disponible en:  https://agendaestadodederecho.com/el-cine-como-dispositivo-cultural/

Palabras clave sugeridas: Cine, derechos humanos, educación.

Comparte este artículo en...
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

¿En desacuerdo con este artículo?

¿Es importante profundizar sobre este tema?
Escribe tu artículo/respuesta sobre este tema y déjanos tu texto siguiendo las siguientes instrucciones

ACERCA DE LOS AUTORES
Sandra Ximena Niño de Guzmán Tapia

Es politóloga y magíster en Estudios Internacionales (PUJ), investigadora del cine como espacio político de disputa por poder, paz y justicia.

Pablo David Portilla Obando

Es abogado ecuatoriano, máster en Derecho Penal y estudiante de maestrías en Derecho Constitucional y Ambiental, con experiencia como conferencista y articulista en justicia, derechos humanos e inteligencia artificial. Juntos aportan una mirada interdisciplinar que articula análisis político, jurídico y cultural.

Artículos Relacionados

Sigue nuestro Newsletter en LinkedIn

Suscribirte en LinkedIn

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.