En un estado constitucional y democrático de derecho como el brasileño, el presupuesto público no puede concebirse como un espacio de libre discrecionalidad política. Por el contrario, de acuerdo con Ciancio, su formulación está jurídicamente condicionada por la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales, incluyendo aquellos reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el país (2019, p.352). 

En este sentido, se debe tener presente que el artículo 5.º parráfo 2º, de la Constitución Federal de 1988, que confiere estatus constitucional a tales derechos, lo que impone al Estado el deber de ajustar sus políticas fiscales a los estándares convencionales. Eso se dá  en virtud del principio del control de convencionalidad, desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) desde el caso Almonacid Arellano vs. Chile (párr. 124).

 Así, de acuerdo con la Corte,  todos los órganos del Estado —legislativo, judicial y ejecutivo— están obligados a interpretar y aplicar el derecho interno de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la jurisprudencia de su órgano jurisdiccional. Esta exigencia es particularmente relevante respecto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), cuya efectividad progresiva ha sido reforzada en el artículo 26 de la CADH.

En este marco normativo, el derecho humano a la ciencia —entendido en el  artículo 15.1.b del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) como el derecho de toda persona a participar en el progreso científico y a beneficiarse de sus aplicaciones— impone obligaciones jurídicas concretas para el Estado brasileño. Dicho derecho ha sido constitucionalizado mediante la Enmienda N.º 85 de 2015 e implementado normativamente a través de la Ley N.º 13.243 de 2016. Además, el artículo 218 de la Constitución Federal determina que el Estado debe promover y fomentar el desarrollo científico y tecnológico como función estratégica para el bienestar nacional.

Esta consagración normativa impide tratar el financiamiento a la ciencia como una facultad política opcional: se trata de una obligación jurídica vinculante, sometida a los principios de progresividad, no regresividad y uso del máximo de los recursos disponibles.

En este contexto, la Corte IDH ha desarrollado criterios rigurosos para evaluar las medidas regresivas en derechos sociales. Así, en el caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala, estableció que las medidas de retroceso solo pueden ser válidas si cumplen simultáneamente con los criterios de necesidad, razonabilidad, temporalidad y proporcionalidad, y si no afectan el contenido esencial del derecho comprometido (párrs. 87–91), reafirmando en el caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la SUNAT vs. Perú, que cualquier decisión que implique una regresión en la protección de los derechos sociales debe estar precedida por procesos deliberativos efectivos y participación ciudadana (párr. 200).

Además, la Corte IDH ha señalado que la discriminación indirecta derivada de políticas fiscales puede configurar una violación a los DESCA en tanto perpetúa barreras históricas en el acceso a los derechos. Así fue reconocido, entre otros, en los casos Poblete Vilches vs. Chile y González Lluy vs. Ecuador, donde se exigió adoptar políticas públicas con enfoque redistributivo para garantizar la universalidad material de los derechos.

Particularmente respecto al derecho humano a la ciencia, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General N.º 25 (2020), ha establecido que toda medida que afecte el financiamiento de este derecho debe ser justificada en términos rigurosos y adoptada conforme a principios de transparencia, participación y rendición de cuentas (párr. 67).

Tales exigencias han sido reforzadas por el reciente Informe sobre derechos humanos y política fiscal (2024) elaborado por Attiya Wari, en el cual reafirma que el principio de no regresividad tiene fuerza vinculante y que cualquier contracción presupuestaria debe estar plenamente justificada con base en criterios sustantivos, participativos y temporales (párrs. 29-38). Atendida la relevancia de esta temática, diversas organizaciones especializadas en derechos humanos y política fiscal también elaboraron un documento titulado “Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal” (2020), en el que se establece que las decisiones fiscales deben someterse a un examen de legalidad conforme a los estándares internacionales. Dichos principios destacan la centralidad del financiamiento progresivo como condición para la efectividad de los derechos, y la inaceptabilidad de políticas de austeridad que reduzcan recursos esenciales para la garantía de derechos fundamentales.

Al analizar el período comprendido entre 2015 y 2025, es posible constatar que el Estado brasileño implementó una política fiscal de ajuste que tuvo efectos regresivos sustanciales en el financiamiento de la ciencia y tecnología. Según el UNESCO Science Report (2021), la inversión en investigación y desarrollo (I+D) descendió del 1,34 % al 1,14 % del PIB en dicho período. A su vez, el Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) reportó una contracción real acumulada de más del 58 % en el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estas decisiones no fueron justificadas técnicamente, ni precedidas por evaluación de impacto, ni acompañadas de mecanismos compensatorios. Al omitir deliberadamente considerar el derecho a la ciencia como parámetro obligatorio en la formulación presupuestaria, el Estado incurrió en una vulneración estructural de sus obligaciones constitucionales e internacionales.

La regresividad fue especialmente notoria en el caso del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FNDCT). Según lo documentado por el Senado Federal en su Nota Técnica N.º 65/2020, entre 2016 y 2020 el 80 % de los recursos del FNDCT fueron bloqueados por decisión del Poder Ejecutivo, sin evaluación técnica, sin consulta previa y sin garantizar continuidad mínima de las líneas de investigación financiadas. Esta práctica vulneró de forma directa el contenido esencial del derecho a la ciencia, al privar a las instituciones públicas de sus principales instrumentos de financiamiento estructural.

La política fiscal aplicada durante el período analizado también presentó efectos discriminatorios, al reforzar desequilibrios territoriales históricos. Casillas (2013, p. 12) señala que más del 60 % del financiamiento federal en ciencia y tecnología se concentró en los estados del sudeste del país, mientras que las regiones norte y nordeste —con menor infraestructura y capacidad científica— recibieron menos del 10 %. Esta distribución reproduce patrones estructurales de exclusión y vulnera el principio de igualdad sustantiva consagrado en el artículo 1.2 del PIDESC.

Otro aspecto que agrava la situación es la eliminación de espacios de deliberación democrática en el ámbito científico. Entre 2016 y 2022 fueron desactivadas las conferencias nacionales de ciencia y los consejos del SNCTI, debilitando gravemente los mecanismos de participación institucional. Esta omisión contradice la jurisprudencia interamericana anteriormente citada, que exige procesos deliberativos robustos como condición de validez de toda medida fiscal regresiva.

A la luz de lo expuesto, debe concluirse que las decisiones fiscales adoptadas por Brasil entre 2015 y 2025 en el ámbito de la ciencia configuran una regresividad no justificada y, por tanto, una vulneración estructural del derecho humano a la ciencia. Estas medidas contravinieron no sólo los principios de progresividad y no regresividad del PIDESC y la CADH, sino también el principio pro persona, el principio de igualdad sustantiva y los estándares interamericanos de deliberación democrática. En consecuencia, el presupuesto público debe ser concebido como una herramienta jurídica para la realización de derechos fundamentales, sometida al control constitucional y al control de convencionalidad, y no como un instrumento de contención fiscal insensible a las obligaciones de derechos humanos.