22 de Marzo del 2024
SIMPOSIO ESPECIAL DE AGENDA ESTADO DE DERECHO Y CIL DIALOGUES
Orden Internacional y la política de libertad de información en Chile
¿De qué manera la lucha de Allende por la libertad de información en Chile desafió el orden internacional y sentó las bases sobre el papel crucial de la comunicación en la búsqueda de un mundo más justo e igualitario?
El presente artículo es parte del especial titulado “Recordar para reimaginar: perspectivas histórico-jurídicas a 50 años del golpe de Estado en Chile” en alianza con Centre for International Law (CIL) Dialogues. Véase la versión en inglés aquí.
Este ensayo considera la revolución socialista de Allende en Chile como una de las primeras y más difíciles batallas, no solo por un orden económico internacional más justo e igualitario, sino también por una estructura de flujo de información internacional más democrática y que empodere a las personas. Esta última lucha del Chile de Allende, en torno a las prácticas nacionales e internacionales de los medios de comunicación masivos, la estructura de la comunicación internacional y el desequilibrio de poder entre los estados y las empresas transnacionales de medios y telecomunicaciones, encapsuló todos los desafíos y demandas cruciales que posteriormente caracterizarían a un movimiento conocido como Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NWICO, por sus siglas en inglés). El movimiento NWICO, inicialmente comenzado como un esfuerzo para mejorar la cooperación y el entendimiento mutuo entre los países No Alineados, alcanzó un impulso significativo en la UNESCO a finales de la década de 1970. Su objetivo era reforzar la capacidad de información y comunicación del Sur Global e igualar el flujo de información entre el Norte y el Sur. Desafió la concepción individualista y orientada al mercado de la libertad de información y la redefinió como un derecho colectivo que formaba parte de la agenda más amplia de desarrollo y descolonización del Sur Global. Para cuando la UNESCO adoptó el Informe MacBride y resoluciones relacionadas sobre el NWICO en su Conferencia General de 1980, el gobierno de Allende había sido derrocado hace mucho tiempo por la dictadura militar. Sin embargo, la experiencia chilena durante el gobierno de Allende dejó un impacto visible en el movimiento NWICO y, de hecho, sigue informando a los proyectos posteriores a NWICO de democratización de la comunicación internacional y el orden internacional en general.
Allende concibió el socialismo chileno como uno construido dentro y a través de su marco constitucional y democrático preexistente. “En Chile no hay un solo preso político, ni la menor restricción a las formas orales o escritas de expresión”, dijo Allende en la ceremonia inaugural de la UNCTAD III. Si uno juzga el nivel de libertad de información en un país según el grado de control y censura gubernamental, Chile bajo el gobierno de la Unidad Popular sin duda se clasificaría como uno de los más libres. No solo el gobierno toleró el crecimiento de medios y opiniones anti-gubernamentales, sino que tampoco limitó la importación creciente de productos de entretenimiento de origen estadounidense. Un canal estatal y tres canales universitarios también fueron comercializados durante los años de Allende. Herbert Schiller observó que el gobierno de Allende toleró un “modelo relativamente puro de un libre mercado de las ideas” en Chile.
Y sin embargo, en este “libre mercado”, la prensa conservadora de Chile y de la región, con generosos fondos de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, había estado atacando implacablemente a Allende y a la Unidad Popular incluso antes de su elección. El Mercurio, por ejemplo, un periódico antigubernamental con el mayor número de lectores de Chile, había recibido 1,5 millones de dólares de la CIA desde la elección de Allende. En la connivencia entre los medios de comunicación conservadores chilenos y la CIA yace una lección obvia sobre el papel, o mejor dicho la responsabilidad, de los medios de comunicación masivos en la estabilidad política y la independencia de un país, que reaparece como crítica en nuestra era de la “posverdad”.
Sin embargo, solo pensar en la lección chilena como una sobre la interferencia extranjera a través de la propaganda de los medios de comunicación masivos nos distrae de una crítica más fundamental sobre la noción de libertad de información y el libre mercado de ideas. Lo que la experiencia chilena demuestra es la relación de poder inherente en la producción, circulación y consumo de información, que a menudo se oculta tras la imagen común del “mercado” y el “libre flujo” de ideas que presenta la información como simplemente apolítica. En Chile durante la década de 1970 (y de hecho, antes y después de Allende), este “mercado” siempre ha sido uno de los monopolios de la información, por estos monopolios y para estos monopolios. La democracia formal (o más bien, formalista) que preserva el derecho esencialmente burgués de la libertad de información y deja intacta la relación de poder en el flujo de información es, en última instancia, enemiga de la verdadera democratización de la comunicación.
Mirando hacia atrás al Chile de Allende, el contraste entre el notable avance en la nacionalización de los principales sectores económicos y el poder monopolístico intacto de los medios de comunicación masivos nacionales y extranjeros es sorprendente. No uso la palabra “monopolio” aquí en un sentido estrictamente legal, pero el punto es resaltar, primero, el carácter mercantilizado de la información y, segundo, la disparidad absoluta entre quienes poseen o controlan los productos informativos y las redes de comunicación y quienes no lo hacen, lo que estructura este “mercado”. Los defensores del NWICO, como Mustapha Masmoudi, criticaron la dominación de las agencias de noticias occidentales, argumentaban que la “libertad de información” era en rigor “la libertad del agente de información” para transmitir y difundir información sin obstáculos y que las personas del Tercer Mundo eran reducidas a “meros consumidores de información vendida como mercancía como cualquier otra”. La observación sobre la información como mercancía se aplicaba no solo a las noticias, sino también a otros productos informativos generados por países capitalistas occidentales, como libros, programas de televisión y radio, y películas, cuyo ciclo de vida completo estaba diseñado para obtener beneficios. Chile, y América Latina en general, siempre había sido un mercado fértil y lucrativo donde los materiales de origen estadounidense eran consumidos mucho más que los producidos localmente.
El comentario de Masmoudi también dirige nuestra atención hacia la relación desigual entre comunicadores (o “agentes de información”) y audiencias. Significativamente, esta asimetría era intrínseca y construida por los mismos medios de comunicación, como la televisión y la radiodifusión por satélite desarrolladas en las décadas de 1960 y 1970, que eran unidireccionales, haciendo de la comunicación un derecho exclusivo del transmisor. En Chile y, de hecho, en el imperio informal de los Estados Unidos, esta desigualdad en la comunicación y el flujo de información se tradujo además en una dominación en todos los aspectos de la vida política y económica de la sociedad. Además de la propaganda abiertamente anti-Allende y las “campañas del terror”, críticos culturales en la región (por ejemplo, el trabajo pionero de Dorfman y Mattelart, ‘Cómo leer al Pato Donald’, un enfoque marxista de los dibujos animados de Disney como promotores de la ideología capitalista e imperialista en Chile) habían señalado desde hacía tiempo que los programas mediáticos de los países capitalistas occidentales imponían valores consumistas de la dolce vita a las audiencias, y que tales valores no solo eran ajenos a las culturas y morales locales, sino que también creaban sentimientos de escapismo o derrotismo, e hipnotizaban a las masas, lo cual era perjudicial para la transición y desarrollo socialistas de la sociedad.
La consecuencia política de tal desequilibrio informativo era obvia, pero la respuesta del gobierno de Allende no fue inequívoca. En el plano internacional, Chile fue uno de los defensores más firmes de que la ONU regulara la radiodifusión directa por satélite a principios de la década de 1970, considerando esta tecnología como otro ataque frontal de los monopolios informativos imperialistas a la integridad cultural e independencia política del país. Sin embargo, a nivel nacional, el gobierno de Allende, habiendo prometido respetar la libertad de expresión, no socializó la propiedad de los medios de comunicación. En cambio, el gobierno se esforzó por diversificar la importación de productos culturales extranjeros y crear editoriales como Quimantú para ofrecer materiales educativos a bajo precio a los trabajadores chilenos. Otras formas de comunicación política por parte de la izquierda incluyeron canciones de protesta, actuaciones de baile, recitales de poesía, obras de teatro y pintura mural. Estas estrategias de comunicación de base, cara a cara, para la movilización de masas inspiraron más tarde a académicos de la comunicación durante el NWICO a desarrollar ideas como la “comunicación horizontal” basada en la interacción social democrática y la amplia participación, y la idea de que dicha comunicación democrática debería incorporar técnicas tradicionales (como la tradición oral) en lugar de depender únicamente de las tecnologías modernas de comunicación de masas. Sin embargo, durante los tres años del gobierno de la Unidad Popular, por ingeniosos que fueran estos esfuerzos, con el tiempo resultaron ser demasiado fragmentarios para sacudir la dominación de la comunicación de masas conservadora. Incluso los comentaristas contemporáneos veían a Chile como una batalla perdida de la izquierda en la lucha por los medios de comunicación.
La movilización interna no sólo se vio obstaculizada por la falta de una comunicación de masas eficaz, sino que al gobierno también le costó obtener apoyo internacional. Como lo expresó Allende a la ONU en su discurso de 1972 ante la Asamblea General, “nos damos cuenta de que cuando denunciamos el bloqueo financiero-económico con el que fuimos atacados, es difícil para la opinión pública internacional e incluso para muchos de nuestros compatriotas entender fácilmente la situación”. Muchos otros países del Sur Global se hicieron eco de esta afirmación y se quejaron de la dificultad de comunicarse entre sí y con el resto del mundo debido al control monopolístico de las redes de información por parte de las agencias de noticias occidentales. Aquí emerge otra lección crucial de la experiencia chilena, y es que el cambio social radical requiere no solo de estrategias de comunicación, sino también de la revolución acompañante de la estructura mediática y cambios en los modos y relaciones de producción que constituyen el flujo de información a nivel nacional e internacional. Esto a menudo requiere una inversión sustancial y la intervención del Estado para evitar los monopolios informativos, mediante la creación de canales de comunicación alternativos y el intercambio mutuo de recursos con otros países que tienen demandas similares (un ejemplo es el Pool de las Agencias de Prensa No Alineadas). El punto aquí es que la comunicación de masas es más que un campo clave donde se libra la batalla por el cambio social radical, sino que su propia reestructuración es indispensable para dicho cambio.
En la experiencia chilena, además del desequilibrio en el contenido de la comunicación, la desigualdad en el proceso de comunicación y el flujo de información también se vio amplificada por el hecho de que los sistemas e infraestructuras de comunicación de la región fueron a menudo construidos y operados por compañías estadounidenses. Esta dependencia demuestra otra capa crítica de la relación de poder que subyace a la “libre circulación de la información”. De hecho, esta situación no era exclusiva de América Latina, ya que la mayoría de los países poscoloniales seguían dependiendo en gran medida de los antiguos sistemas imperiales de telecomunicaciones para la comunicación internacional. Como señaló Allende en su discurso inaugural ante la UNCTAD III, “el setenta y cinco por ciento [del sistema internacional de telecomunicaciones] está en manos de los países desarrollados de Occidente, y de esta proporción, más del 60 por ciento está controlado por las grandes corporaciones privadas de Estados Unidos”. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Allende nombró además a una compañía estadounidense de telecomunicaciones, la International Telegraph and Telephone Company, junto con la Kennecott Copper Corporation, como el “núcleo central de las grandes empresas transnacionales que hundieron sus garras” en Chile y las acusó de intentar dictar la vida política chilena.
La ITT había estado operando en Chile desde 1927 con una concesión de cincuenta años y enormes conexiones políticas. Es considerada por los historiadores de las empresas como una de las empresas más odiadas de la historia. La historia de la ITT en Chile y la exposición sobre su complot con la CIA contra Allende atestigua la influencia política de estas grandes empresas transnacionales y su papel esencial en la preservación de las relaciones imperialistas entre en Norte y el Sur. Además, el largo proceso de expropiación de la ITT en Chile (que fue contemplado por el gobierno de Frei y que se llevó a cabo completamente después del golpe militar) se superpuso en gran medida con los años de construcción de la red de telecomunicaciones nacional de Chile, Entel. Este doble proceso demuestra que la lucha por obtener el control sobre las redes de comunicación, y por ende rectificar los desequilibrios informativos, es simultáneamente una lucha contra la dependencia económica y la interferencia política.
El entrelazamiento y la perpetuación mutua de estos variados elementos del imperialismo: lo político, lo económico, lo tecnológico, lo informativo, lo cultural y lo ideológico, es la visión más fundamental que nos ofrece el Chile de Allende. Esto se reflejó más tarde durante el debate sobre el NWICO, que constituyó al NWICO y al Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) como “indisolublemente vinculados”, uno sirviendo como la condición previa y sine qua non del otro, y juntos formando la misma lucha por descolonizar el orden internacional existente.
Una manera de resumir lo esencial de la historia sobre el Chile de Allende y el NWICO quizás sea recordar el clásico pensamiento de Foucault sobre el nexo entre conocimiento y poder: la idea de que el conocimiento emerge de relaciones de poder y es en sí mismo una forma de poder, por cliché que pueda sonar. Pero en la historia chilena, es difícil hablar sobre el aspecto “productivo” del poder en el sentido foucaultiano o ver las relaciones sociales desiguales como meros productos de discursos transmitidos a través de los medios de comunicación de masas, dejando de lado la brutalidad tangible y material asociada a la práctica de los medios de comunicación respaldada por poderosas corporaciones transnacionales y sus países de origen. La historia chilena muestra la información, y el conjunto de relaciones sociales que rodean la producción y comunicación de la información, tanto como resultado de un orden económico y político internacional violento e imperialista, y como parte esencial de la lucha contra ese orden. Cincuenta años después del fin de los intentos de Allende y la Unidad Popular, ha habido cambios evidentes en los medios de comunicación y la tecnología de la información (por ejemplo, el cambio de la comunicación de arriba hacia abajo, a través de los medios de comunicación de masas a la multidireccionalidad de las redes sociales, el desarrollo de internet y la web 1.0 a la 4.0, etc.), y en el panorama político mundial (por ejemplo, la quiebra de la ideología del Estado poscolonial desarrollista en la izquierda y el surgimiento de nuevas formas de movimientos de base transnacionales). Sin embargo, la historia chilena y sus muchas lecciones sobre la política y el poder de la información, siguen siendo significativas y pertinentes para la agenda de democratización del orden internacional hoy en día, cuando las nuevas tecnologías de comunicación y los flujos de datos digitales no solo se convierten en objetos de regulación, sino que encarnan tremendas apuestas geopolíticas.
Citación académica sugerida: Cong, Wanshu. Orden Internacional y la política de libertad de información en Chile. Agenda Estado de Derecho. 2024/03/22. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/orden-internacional-y-la-politica-de-libertad-de-informacion-en-chile/
Palabras clave: Golpe de Estado en Chile; Salvador Allende; Dictadura militar chilena; Derechos humanos en Chile.
Académica en la Australian National University y Editora asociada en European Journal of International Law (EJIL).
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
