El pasado 22 de agosto de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos abrió un surco en la memoria histórica de México, al mostrar las políticas de contrainsurgencia del Gobierno mexicano en el contexto de la lucha indígena del EZLN, iniciada en los albores de 1994. En el Caso González Méndez contra México se examina la desaparición forzada del señor Antonio González Méndez realizada el 19 de enero de 1999, en un contexto de persecución política contra disidentes políticos y luchadores del EZLN. La sentencia muestra de forma clara, la negligencia institucional al realizar la búsqueda e investigación judicial sobre la desaparición del señor González, la desprotección de los familiares frente a dichos delitos, y trasluce la geografía de la impunidad institucional en contextos políticos marcados por la acción de grupos paramilitares, financiados por el Estado.

El señor González Méndez era un indígena Ch’ol de 32 años que ostentaba un liderazgo social vinculado al EZLN. Casado con Zonia López Juárez, con quien tenía cuatro hijos, vivían en el municipio de Sabanilla en el Estado de Chiapas. En los hechos se plantea el encuentro entre el señor González Méndez y J.L., un joven de 17 años, en la noche del 19 de enero de 1999 para ir a comprar un arma; el señor González ya no regresó a su casa ese día. Al no saber nada de su esposo, la señora Zonia López denunció ante las autoridades la desaparición y ahí comenzó un itinerario de búsqueda de justicia, que se ha extendido hasta la actualidad, una lucha de más de 20 años.

En la explicación oficial, las investigaciones se llevaron a cabo, pero no se logró dar con el paradero del señor González Méndez. Precisamente, la defensa del Estado mexicano se centró en esa cuestión. La falta de pruebas para asociar al Estado con la desaparición del señor González. Sin embargo, desde el informe de fondo de la CIDH y las peticiones de los representantes de las víctimas, se muestra la negligencia y la falta efectiva al acceso a la justicia de la familia González López, al no considerar el contexto de persecución contra simpatizantes del EZLN, y aún más, la evidencia de que el joven J.L. formaba parte del grupo “Paz y Justicia”, un conocido grupo paramilitar en la zona de Sabanilla.

No se puede entender el alcance del fallo interamericano, sin conocer el valor del EZLN en la historia de México y en la evolución de los movimientos indígenas de América Latina. El movimiento zapatista de 1994 en México fue el primer movimiento altermundista de América Latina que colocó el problema de la identidad cultural y la desigualdad de los pueblos indígenas con una resonancia planetaria nunca vista. Todavía se recuerda la Marcha del Color de la Tierra realizada en 2001 por varios de los integrantes del EZLN, que culminó en la apoteósica concentración de más de 100 mil personas en la Plaza del Zócalo, donde se congregaron personalidades de la vida intelectual mundial, como Danielle Mitterand o José Saramago. El escritor Jorge Volpi escribió en La Guerra y las palabras (Una historia intelectual de 1994): “Chiapas ha pasado a ser, así, un ‘laboratorio del fin de los tiempos’ semejante a la Viena de fines del siglo XIX o la España de los años treinta del siglo XX”.

Precisamente, la desaparición del señor Antonio González Méndez debe considerarse en el contexto de políticas autoritarias del Estado mexicano contra movimientos sociales de origen rural o indígena. La Corte IDH muestra en la sentencia el doble discurso que mostró el gobierno mexicano frente al movimiento zapatista. Por una parte, la negociación política con el EZLN iniciada en 1994, y la búsqueda de un acuerdo político, donde se reconocieran derechos indígenas y un ambicioso pacto social. Por otra parte, se advierte la creación de grupos paramilitares para sofocar la disidencia política y crear, en palabras de David Fernández, especialistas autoritarios en violencia que podrían “matar, torturar, desaparecer a los enemigos políticos del régimen, sabiendo que no tendrían que rendir cuentas por tales atrocidades”.

La sentencia interamericana abreva en diversos documentos del propio gobierno mexicano para demostrar el fomento de la contrainsurgencia. En primer lugar, el Informe del Ejército mexicano, denominado Plan Campaña Chiapas 1994, y el documento de contexto realizado por otro órgano del Estado mexicano, la Comisión Nacional de Búsqueda, que lleva por título: “Documento de Análisis de Contexto: Informe sobre la Desaparición de Antonio González Méndez”.  Como lo señala la Corte IDH, el Plan Chiapas buscaba “destruir y/o desorganizar la estructura política militar del EZLN, que consideraba como ‘fuerza enemiga’”. Además, el documento de Análisis de Contexto esboza diversas características de la “estrategia de contrainsurgencia en la época de los hechos, así como un examen de los elementos vinculados al caso concreto”.

El fallo interamericano considera esencialmente tres filones para identificar la responsabilidad internacional del estado. El reconocimiento a la desaparición forzada del señor González Méndez, la falta de acceso a la justicia y el incumplimiento con el derecho a la verdad. Sobre esto, la sentencia es determinante en el reconocimiento de prácticas de contrainsurgencia para la persecución de la disidencia indígena. Se identifica la responsabilidad internacional por la falta efectiva de búsqueda del señor González y se establece una importante serie de medidas de reparación para la familia y elementos necesarios en la investigación efectiva sobre la desaparición forzada. Una cuestión esencial del fallo interamericano es el reconocimiento del estándar primordial sobre desaparición forzada, en donde se debe reconocer el contexto de violencia generalizada en el que vivía el señor González Méndez: “El análisis de un supuesto de desaparición forzada no debe enfocarse de manera aislada, dividida y fragmentada, considerando solo las circunstancias específicas del momento, sino abordar el conjunto de los hechos”.

Sin embargo, en la sentencia se encuentra un importante voto disidente de los jueces interamericanos, Rodrigo Mudrovitch y Ricardo C. Pérez Manrique. Ellos advierten una cuestión que no fue abordada por el fallo: El reconocimiento a la violación del derecho a defender derechos humanos, que ha tenido un amplio reconocimiento en la jurisprudencia interamericana. Para los jueces, la Corte Interamericana tendría que haber protegido la integridad del señor González Méndez como luchador social, como defensor de derechos humanos.

Finalmente, el Caso González Méndez es emblemático por su alcance en el reconocimiento de las luchas indígenas en México. Se muestra la persecución de los defensores indígenas en una de las más importantes rebeliones indígenas en la historia mexicana, y se reconocen las estrategias gubernamentales de contrainsurgencia; pero, sobre todo, se advierten las voces indígenas, con el movimiento del EZLN, confrontando el discurso oficial que históricamente los ha relegado a la pobreza y marginación. No por nada, una de las consecuencias del movimiento del EZLN fue la Reforma Constitucional Indígena de agosto de 2001, que reconoció los derechos indígenas en la Constitución.

Bienvenida la sentencia González Méndez, en donde se reconoce la vida de un luchador indígena, y de todos los pueblos indígenas inconformes, que siguen reclamando sus derechos, su cultura, su lugar en la historia. Uno de los más conspicuos portavoces del EZLN, el Subcomandante Marcos, señaló en 2001: “Somos y seremos uno más en la marcha. La de la dignidad indígena. La del color de la tierra. La que develó y desveló los muchos méxicos que bajo México se esconden y duelen”.

Citación académica sugerida: Cruz Martínez, Mario. La voz indígena y los grupos paramilitares en México en el caso González Méndez de la Corte Interamericana. Agenda Estado de Derecho. 2024/06/26. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/caso-gonzalez-mendez-de-la-corte-interamericana/