La cláusula constitucional del Estado social y democrático de derecho: una respuesta largamente esperada en la sociedad chilena

31 de Agosto de 2022
La cláusula constitucional del Estado social y democrático de derecho: una respuesta largamente esperada en la sociedad chilena
Crédito foto: T13

¿Qué significa la incorporación de un Estado social y democrático de derecho en la propuesta de nueva Constitución de Chile?

La primera parte del artículo 1 de la propuesta de nueva Constitución de Chile establece, a modo de principio general rector de la organización económica y política del país, que “Chile es un Estado social y democrático de derecho”. Se trata de un nuevo paradigma en el contexto constitucional chileno, pero que tiene una asentada trayectoria en el derecho comparado .¿Qué significa la afirmación “Estado social y democrático de derecho”? ¿Por qué es tan relevante en la propuesta de nueva Constitución?

Se trata de la incorporación de un modelo de Estado social de derecho que tiene como objetivo la corrección de las desigualdades materiales de las personas, a partir de un rol activo y predominante del Estado en cuestiones relativas a los derechos sociales. Los derechos sociales son aquellos cuyo contenido son bienes y servicios públicos y que la propuesta constitucional incorpora de forma generosa, como la salud y bienestar integral (artículo 44), la educación de calidad (artículo 35), la vivienda digna y adecuada (artículo 51) y las prestaciones de la seguridad social (artículo 45), incluidas prestaciones para quienes ejercen trabajos domésticos y de cuidados, entre otros. Fundamentalmente, significa la inclusión jurídica de gran parte de las demandas sociales que se clamaron en las calles durante el denominado “estallido social” de 2019 a lo largo del país, las que por otro lado ya se venían reclamando desde hace décadas.

Para comprender mejor las manifestaciones de la ciudadanía chilena en las calles y el desafío del nuevo órgano constituyente, hay que referirse al modelo imperante implícito en la Constitución vigente desde 1980. El paradigma actual que se impuso con la Constitución de Pinochet fue el de la subsidiaridad. Básicamente, el rol del Estado se entiende de forma subsidiaria o residual, que deja a las entidades privadas la provisión de bienes y servicios sociales. Es lo que se conoce como Estado liberal de derecho.

En este punto, corresponde aclarar, siguiendo a Elías Díaz, que un Estado de derecho se concreta en las siguientes notas: 1) imperio de la ley; 2) división de poderes; 3) legalidad de la Administración; y 4) derechos y libertades fundamentales. La diferencia entre un simple Estado de derecho (liberal) y uno social de derecho, está dado por el diverso objetivo que se le asigna al Estado y a sus instituciones básicas. En el modelo liberal se entiende que el rol de Estado se satisface con la garantía de la seguridad jurídica de aquellos derechos fundamentales de libertad que se conectan con el liberalismo clásico y su trasfondo de individualismo burgués (derechos de propiedad individual, libertades de movimiento y reunión, de creencias, de expresión, etc.). Son derechos que sólo, de manera formal y parcial, se asignan también a los individuos más desaventajados de la sociedad.

Por ejemplo, tomemos el derecho al cuidado de la salud de la Constitución vigente (artículo 19.9). La interpretación dominante es que lo que se protege es la libertad de las personas a elegir entre un sistema privado y un sistema público de salud. En la salud, como en la educación y en la seguridad social, se permite un ámbito dominado por la lógica privada con fines de lucro, según la cual se divide a las personas entre aquellas que pueden pagar y acceder a los servicios de calidad en el sistema privado, y aquellas que no pueden acceder por su escasa capacidad de pago.

En este contexto, el Estado juega el papel de entidad residual, cuya idea es que se haga cargo de forma subsidiaria de todas las personas que no pueden acceder a la oferta privada. Este modelo ha generado que millones de personas no tengan acceso a servicios de salud o de educación de calidad, o que sus pensiones sean tan nimias que no alcancen para mantener una vida digna. De esta manera, aunque la seguridad jurídica y la igualdad formal están garantizadas en la Constitución del 80, los indicadores sitúan a Chile entre los tres países latinoamericanos con mayor desigualdad social de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En este escenario, la pregunta que se formuló la Convención Constitucional en el plano político, a fin de dar una respuesta en el plano jurídico —constitucional—, es “¿cómo superar las situaciones de desigualdad material de las personas?”. Dejarlas a la mera libertad del mercado significa que habrá algunas personas que puedan acceder a los bienes y servicios sociales y otras, la mayoría, no. De ahí que la respuesta desde la política que se plasmó en el nuevo texto constitucional se basa en un cambio de paradigma. Para poder corregir las desigualdades materiales es necesaria una mayor intervención estatal.

Es el Estado el que debe generar nuevas y mejores condiciones para el desarrollo individual y social, y asegurar el igual goce de los bienes y servicios públicos de calidad. La dirección que se establece en el mismo artículo 1 del texto constitucional es hacia “la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo”. Y esto se plasma mediante dos coordenadas: por un lado, la redistribución de los recursos públicos articulada por el principio de responsabilidad fiscal; y por el otro lado, el deber de  apoyo mutuo o principio de solidaridad entre las personas fundado en la contribución al financiamiento según sus capacidades. Así se establece que “Chile se constituye en una república solidaria” (artículo 1).

La cláusula constitucional del Estado social y democrático de derecho busca cambiar la forma en que nos relacionamos en tanto iguales en democracia: de una lógica individual a una lógica solidaria. Esto no significa que se alterará sustancialmente los supuestos básicos económicos, sino que se amplía jurídicamente el catálogo de derechos sociales y su ámbito de aplicabilidad, con el objetivo de su realización efectiva y material para todas las personas. Por medio del modelo social, el Estado asume un papel protagónico en la construcción del bienestar público en estrecha relación con el mercado. Se trata de una respuesta largamente esperada en la sociedad chilena: aquella que consagra y garantiza la igual dignidad de todas las personas frente a contextos de necesidad y vulnerabilidad.

Citación académica sugerida: Morales, Leticia. La cláusula constitucional del Estado social y democrático de derecho: una respuesta largamente esperada en la sociedad chilena, Agenda Estado de Derecho, 2022/08/31. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-clausula-constitucional-del-estado-social-y-democratico-de-derecho-una-respuesta-largamente-esperada-en-chile/

Palabras clave: Chile – Proyecto de Constitución Política – Estado social y democrático – derechos sociales

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ACERCA DE LA AUTORA
Leticia Morales

Doctora en Filosofía del Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, profesora asociada y directora del Programa de Doctorado en Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Austral de Chile.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

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Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.