Impactos y desafíos para Argentina respecto de la sentencia Guzmán Albarracín
22 de Enero del 2021
Hace pocos meses la Corte IDH dictó la sentencia “Guzmán Albarracín vs. Ecuador”, que implicó el primer pronunciamiento de esa Corte sobre las obligaciones de los Estados de la región de garantizar entornos educativos seguros y libres de violencia. Me gustaría enfocarme en este análisis, en los impactos y desafíos de esta sentencia, en especial mi enfoque será desde Argentina.
Respecto de las instituciones educativas la Corte establece la obligación de creación de entornos educativos seguros. Este es sin duda, un eje medular de la sentencia. La pregunta que sigue es entonces, ¿Qué implica crear entornos educativos seguros? Es necesario entender que en general en las escuelas, universidades y otras instituciones educativas existe lo que en otros estudios he denominado una “atmósfera de violencia”, una violencia invisibilizada.
De esta manera podemos ver casos de violencia extrema y explícita como de la que fue víctima Paola (aun cuando ella no pudo manifestar ni informar tales situaciones). A la misma vez que, existen otras situaciones más transversales y diluidas que son “normalizadas” en el ámbito educativo. Por ejemplo, la forma en que se brinda (o no) la voz a las mujeres en las aulas, los casos e imágenes que se usan, el uso del lenguaje inclusivo, entre otras. Esto es lo que en educación se conoce como curriculum oculto, aquellas enseñanzas que se transfieren en la escuela pero que no se “dicen”, que no aparecen explícitas, pero están.
Este currículum oculto puede tener un alto impacto en la comprensión de una vida libre de violencia hacia las mujeres y otras diversidades. A modo de referencia, si los ejemplos que se utilizan en clase siempre vinculan a mujeres con roles maternales, si las familias son estereotipadas en la forma “clásica”, si el varón sigue siendo visto como proveedor o quien tiene el monopolio de la fuerza; esto tiene un impacto en la enseñanza y genera contextos de violencia no física sino simbólica, de falta de reconocimiento en términos de N. Fraser.
En este sentido, la enseñanza no está libre aún de estereotipos sexistas. Estos estereotipos naturalizan una sociedad no igualitaria y de violencia. De esta manera, la educación produce y reproduce estereotipos. Cuando hablamos de violencia y de entornos educativos seguros, no solo debemos enfocarnos en la violencia física como la que sufrió Paola; sino también en esta violencia simbólica que aparece mucho más invisibilizada, naturalizada, normalizada, difícil de identificar y percibir (y también, como en el caso de Paola), de “poner en palabras” y visibilizarla en las aulas.
(Te pueden interesar nuestros artículos: ¿Cómo evitar la repetición de más casos en Latinoamérica como el de Paola Guzmán Albarracín?, De la violencia sexual a niñas y adolescentes en la escuela y la Corte IDH )
También estableció la Corte IDH la obligación de que existan mecanismos sencillos de denuncia (protocolos) de situaciones de violencia en diversos espacios a fin de dar respuesta a este tipo de casos. En este sentido, debe tenerse presente que desde hace unos años han proliferado en Argentina protocolos para realizar denuncias en instituciones educativas en casos de violencia. Solo quiero marcar aquí una advertencia respecto de este tipo de herramientas, vinculadas en algunos casos a un efecto reparador pero no transformador. Estas medidas representan una respuesta individual al caso concreto, pero no modifican la situación estructural de violencia, en especial de aquella que es normalizada. Además, llegan tarde, en general cuando la situación de violencia ya se ha vuelto intolerable. De esta manera, este tipo de herramienta por sí sola no cumple con la obligación de garantizar entornos educativos seguros.
Por otro lado, la Corte IDH remarca la importancia de la Educación Sexual. Para esto toma la definición del Comité DESC. Sostiene que “la Educación Sexual Integral (ESI) implica educación basada en pruebas, científicamente rigurosa y adecuada a la edad”. Adicionalmente, permite el entendimiento de las relaciones sexuales y afectivas, el consentimiento y el respeto a sus derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, toma o menciona algunos ejemplos de países que han avanzado en materia de ESI, entre ellos Argentina.
En Argentina, el 4 de octubre de 2006 se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral, que tiene como objetivo garantizar la ESI de la niñez y la adolescencia tanto en establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada. Define la educación sexual integral como aquella que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. A varios años de su sanción, es posible identificar algunos problemas en la implementación de esta ley:
a) A pesar de que la Ley se sancionó hace más de 10 años, no todas las jurisdicciones locales se han adherido a ella o han sancionado una norma similar, con lo cual la situación es diferente en cada una de las provincias. De esta manera, queda aún un largo camino por recorrer para universalizar la enseñanza de la ESI en el país.
b) El art. 5 dispone que: “ (…) [c]ada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”. Como consecuencia de esto los contenidos a enseñar han sido eliminados o limitados, pues se enseña educación sexual de una manera biologicista, moralista o prohibicionista. En particular, los establecimientos privados de carácter confesional, han adaptado la ESI a una forma de enseñanza que no se corresponde con el espíritu de la ley ni con lo que el principio de autonomía y el derecho a la educación imponen.
c) La enseñanza de la educación sexual está muy enfocada en las mujeres y diversidades, sin embargo es también necesario incorporar perspectivas de nuevas masculinidades con enfoques que interpelen y convoquen también a los varones cisgénero.
d) Algunes adultes se oponen a otro tipo de educación sexual para sus hijes, oposición fundada en el derecho de elegir su educación. Sobre este aspecto, es necesario profundizar el debate respecto de los límites a este “derecho de los padres de elegir la educación de sus hijos” establecido en el artículo 13.3 del PIDESC y 26 de la DUDH.
e) Otro tema relevante para analizar el impacto y efectivo cumplimiento de la Ley de ESI es el presupuesto. De las 24 provincias alcanzadas por el Programa Nacional hubo cuatro que en el año 2019 no ejecutaron ni un peso del presupuesto asignado.
f) También es posible identificar otros problemas como la falta de información (sobre personal capacitado, mediciones sobre el impacto de la ESI, entre otros), considerar que la mayoría de las docentes son mujeres (con lo cual la formación en ESI, su abordaje, etc. implica una mayor carga de trabajo), este no es un dato menor si tenemos en cuenta la desvalorización del trabajo, incluso en términos económicos.
Por último, me gustaría referirme a la obligación emanada de la sentencia en relación con el deber de los Estados de eliminar estereotipos en resoluciones judiciales [¿administrativas] y la obligación de capacitación a funcionarios públicos. En este punto, Argentina ha dado un gran avance desde la sanción en el año 2018 de la Ley Micaela. Esta legislación establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Esta ley recibió adhesiones por diversas provincias, universidades, y otros organismos, con lo cual también en muchos casos están obligados a realizar estas capacitaciones a funcionaries provinciales. Sin embargo, la aplicación y puesta en práctica de esta ley no está ajena a conflictos y creo que es necesario reforzar su impacto a fin de que no se convierta en un curso más. Por el contrario, la eliminación de los estereotipos de género requiere además tener en consideración la perspectiva de género, por ejemplo, al momento de las evaluaciones para cargos en el Poder Judicial, entre otras.
La educación en general y la ESI en particular tienen un gran potencial como lo ordena la Corte IDH en el caso Guzmán Albarracín desde una doble cara: por un lado, permite identificar situaciones de abuso, violencia y por otro, es la llave para otros derechos, en especial para la autonomía. En este sentido, me parece relevante marcar este punto de conexión. Las altas tasas de embarazo adolescente en la región nos muestran una ausencia grande de educación sexual que permita conocer, indagar, preguntar, por ejemplo, formas de evitar embarazos no deseados (en especial en adolescentes) pero también es necesario pensar la ESI como una herramienta emancipadora que permitirá mostrar otros planes de vida. Las altas tasas de maternidad adolescente en la región se deben no solo a falta de ESI sino también a la ausencia de oportunidades. El contexto nos exige entonces reforzar y repensar no solo la ESI sino la educación en general y atender tanto el currículum explícito como el oculto.
Citación académica sugerida: Ronconi, Liliana: Impactos y desafíos para Argentina respecto de la sentencia Guzmán Albarracín, 2021/01/22, https://agendaestadodederecho.com/impactos-y-desafios-para-argentina-respecto-de-la-sentencia-guzman-albarracin
Doctora en Derecho, Profesora de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Becaria de Post-Doctorado del CONICET
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
