La REDESCA, liderada por el Relator Especial Dr. Javier Palummo Lantes, visitó el país, incluyendo los municipios más afectados –como Porto Alegre y el Valle del Taquarí–  para ahondar en el impacto de las inundaciones y dialogar con representantes de la sociedad civil, académicos, personas afectadas y autoridades estatales. El informe resultante evidencia cómo el desastre afectó las condiciones de acceso y goce de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y formula una serie de recomendaciones al Estado.

Entre ellas, destaca la necesidad de adoptar las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN por sus siglas en español; Nature Based Solutions, en inglés), es decir, aquellas acciones, medidas y prácticas orientadas a gestionar, proteger y restaurar los ecosistemas naturales o modificados. Estas soluciones se inspiran o imitan el funcionamiento armónico y equilibrado presente en la naturaleza. Como ejemplo, el Informe menciona la posibilidad de que las ciudades incorporen infraestructuras verdes –como parques, “ciudades esponja”, muros verdes– e infraestructuras azules –como humedales y sistemas naturales de drenaje– para aumentar la resiliencia ante los efectos del cambio climático, como las inundaciones.

El documento, elaborado en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cumple un papel clave: visibilizar el impacto desigual de las inundaciones. En ese sentido, pone de relieve que quienes ya viven en condiciones de desigualdad estructural –como comunidades indígenas, quilombolas, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, entre otros– enfrentan una vulnerabilidad agravada frente a eventos climáticos extremos, que pueden intensificarse en cuestión de horas o días. En este sentido, menciona la necesidad de combatir el racismo ambiental, utilizando la interseccionalidad como herramienta analítica, que permite analizar cómo se agrava la discriminación e injusticia racial frente a las inundaciones.

La vulnerabilidad –del latín vulnus, que significa herida– supone un riesgo concreto de vulneración/afectación a los derechos humanos. Ya sea en su faz individual (como individuo) o colectiva (como grupos), el análisis de las vulnerabilidades existentes y sobrevinientes en contexto de un desastre ambiental exige de los Estados una sensibilidad diferenciada. Esto implica, ante todo, reconocer dicha vulnerabilidad y adoptar medidas positivas para hacer efectivos los derechos humanos (una protección especial, si es el caso).

Las inundaciones en Rio Grande do Sul permiten evidenciar, como señala el Informe de la REDESCA, que el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la educación, el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda adecuada, el derecho a la alimentación (incluyendo a la seguridad alimentaria) y el derecho al trabajo se ven afectados en situaciones de emergencia climática, esencialmente en una dimensión restrictiva para personas en situación de vulnerabilidad. A ello se suma la exposición a distintas formas de violencia, en especial sexual, que enfrentan mujeres, niñas y adolescentes.

El informe remarca la urgencia de diseñar y emplear en estos contextos respuestas con perspectiva de género, reconociendo que mujeres y niñas están expuestas a riesgos específicos durante y después de los desastres, como se pudo observar en las situaciones de violencia y abusos en los refugios temporales. 

Otro punto clave es la necesidad de avanzar con la regularización de tierras ancestrales de las comunidades indígenas, cuyos territorios se ven impactados por el cambio climático. La falta de seguridad jurídica y el no reconocimiento de la especial relación con sus tierras, entraña una desprotección institucional que impacta en el pleno ejercicio y goce de sus derechos.

El Informe también advierte que el cambio climático genera nuevas formas de vulnerabilidad como la social y climática, que afectan a pequeños agricultores, personas pescadoras y ribereñas. Por ello, insta a los Estados a que elaboren respuestas participativas e intersectoriales, en las que se garantice que las voces de quienes fueron afectados sean escuchadas. Esta mirada se alinea con el Acuerdo de Escazú –firmado en 2018 por Brasil pero cuya ratificación aún se espera– que busca garantizar el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y el acceso a la justicia, en última instancia reforzando la ciudadanía ambiental. Sobre este punto, la relatoría manifiesta preocupación por el limitado acceso a las medidas de prevención adoptadas e información ambiental.

Además, el informe destaca que el derecho a un medio ambiente sano –que conlleva, entre otras obligaciones, la protección de los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos hídricos y los suelos, todos ellos afectados durante las inundaciones– exige que los Estados adopten normativas y políticas públicas específicas. Asimismo, alerta sobre el riesgo que representa la adopción de marcos legales ambientales menos protectores (regresivos), que se apartan de los compromisos asumidos para salvaguardar los derechos humanos.