En cuanto a los hechos, se trata de la explosión de una fábrica de fuegos artificiales, en un municipio de alta concentración de pobreza, en el estado de Bahía, Brasil. La fábrica, que contaba con autorización de las autoridades para su funcionamiento, no reunía las mínimas condiciones de seguridad relativas a la fabricación, acarreo y depósito de sustancias explosivas altamente riesgosas, y carecía completamente de elementos de protección y de capacitación en materia de salud y seguridad laboral para las trabajadora –en su gran mayoría, mujeres afrodescendientes, con un salario menor al mínimo y compelidas a aumentar la cantidad de fuegos artificiales producidos por jornada para redondear un salario menos que aceptable–. La fábrica empleaba también niños y niñas, muchos de ellos, hijos de las trabajadoras.

A resultas de la explosión, fallecieron 60 personas y 6, sobrevivieron con lesiones. Pasados 16 años de la explosión, y pese a los intentos de llevar adelante acciones en sede civil, penal y administrativa, la mayoría de las víctimas no había recibido indemnización alguna, y las exiguas condenas penales a los empleadores responsables no fueron ejecutadas.

La primer gran pregunta que plantea el caso es si puede imputarse al Estado violaciones a los derechos humanos ocurridas en el ámbito laboral privado –asunto abordado en otros casos como  Hacienda Brasil Verde v. Brasil y Lagos del Campo vs. Perú–. La Corte Interamericana ya había elaborado doctrina importante al respecto en materia de derechos sociales, en particular en relación con el derecho a la salud, pero este es el primer caso en el que extiende y desarrolla esa doctrina en el ámbito de la salud y seguridad laborales. En línea con la doctrina elaborada en materia de salud, la Corte afirma que el Estado tiene el deber de regular, supervisar y fiscalizar actividades riesgosas desarrolladas en el ámbito privado. El incumplimiento de dichos deberes puede conllevar la imputación al propio Estado de las violaciones ocurridas en una empresa privada.

Para aplicar ese criterio a los hechos del caso, la Corte analiza el marco regulatorio existente en Brasil en la época, y el cumplimiento de las obligaciones de supervisión y fiscalización en materia de salud y seguridad en el trabajo, en particular, en el marco de actividades riesgosas. Para ello, acude a criterios del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y a los convenios de la Organización Internacional de Trabajo No. 81 (sobre Inspección del Trabajo) y No. 155 (sobre salud y seguridad de los trabajadores). Si bien considera que el marco legal era adecuado, teniendo en cuenta el acto expreso de autorización estatal para el funcionamiento de la empresa, el tribunal concluye que el Estado incumplió ostensiblemente con sus deberes en materia de inspección del trabajo, y por ende, dada la completa ausencia de prevención por fallar en los deberes de supervisar y fiscalizar, es responsable por las violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, y a condiciones equitativas y satisfactorias que garanticen la seguridad, la salud y la higiene en el trabajo de las víctimas.

Un segundo aspecto importante abordado por la Corte en esta sentencia y que, en parte, recoge importantes consideraciones del caso Hacienda Verde vs. Brasil, es la prohibición del trabajo infantil y,  en particular, la prohibición absoluta de las peores formas de trabajo infantil, entre las que se cuenta el trabajo en actividades riesgosas. Acude, para interpretar el contenido de las obligaciones estatales en materia de protección de la niñez bajo el artículo 19 de la Convención Americana, a la Convención de los Derechos del Niño, a su interpretación por el Comité de los Derechos del Niño y a convenios de la Organización Internacional del Trabajo en materia de prohibición del trabajo infantil. La Corte concluye al respecto que el Estado incumplió con su obligación de adoptar medidas adecuadas para garantizar que ningún niño o niña trabajara en la fabricación de fuegos artificiales.

Un tercer aspecto interesante y novedoso de la sentencia es su análisis de la discriminación estructural e interseccional sufrida por las víctimas del caso, en las que se sumaban factores tales como el género (dado que la mayoría de las trabajadoras eran mujeres), la raza (ya que la mayoría era afrodescendiente) y la condición socioeconómica (teniendo presente que la totalidad de las víctimas vivía en la pobreza). La Corte sostiene que el conocimiento previo del Estado de la situación de pobreza y vulnerabilidad de las víctimas suponía la obligación de adoptar medidas para garantizar la igualdad real y efectiva, y esto incluye medidas para garantizar el acceso a un trabajo decente, que hubiera evitado el sometimiento a una labor riesgosa en condiciones de altísima inseguridad. Para ello, en sentido similar al caso Hacienda Brasil Verde v. Brasil, incluye un análisis previo de contexto que permite aprehender la situación descrita. La Corte innova también aquí en materia de reparaciones, exigiendo al Estado la elaboración de un plan de desarrollo para el municipio –remedio que tiene una orientación grupal y va más allá de las víctimas identificadas–.

Por último, aunque en este punto no ofrece mayor novedad, la Corte considera que, dada la impunidad campante en el caso después de 16 años de litigio infructuoso en la jurisdicción nacional, el Estado violó los derechos al debido proceso y tutela judicial efectiva, consagrados por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Como en todos los casos en los que la mayoría de la Corte considera violaciones al artículo 26 (justiciabilidad directa de los DESCA), hay votos disidentes –de los jueces Sierra Porto y Vio Grossi– y votos concurrentes –de los jueces Pazmiño, Ferrer Mac Gregor y Pérez Manrique–.

Como apuntes críticos menores ante una sentencia que comparto prácticamente en su totalidad, me parece que era innecesario declarar violaciones separadas a los artículos 4 y 5 (vida e integridad personal) por un lado, y 26 (condiciones dignas y satisfactorias de trabajo) por el otro, en torno al incumplimiento de deberes de supervisión y fiscalización, ya que se juzgan separadamente los mismos hechos y el mismo incumplimiento de deberes. Una consideración unificada hubiera sido más prolija y evitado duplicaciones.

Inversamente, creo que las violaciones al artículo 19 (protección de la niñez) y al 24 (derecho a la igualdad ante la ley) y 1.1 (igualdad y no discriminación) aluden a aspectos distintos y merecían un análisis y declaración de violación separada. En relación con los derechos del niño, amén de los derechos a la vida e integridad personal, la cuestión toral era el incumplimiento de obligaciones estatales para prevenir el trabajo infantil en actividades riesgosas, que es distinta de la falta de supervisión y fiscalización de actividades riesgosas permitidas.

En cuanto al interesante análisis sobre discriminación estructural e interseccional –más allá del posible debate sobre su encuadramiento en el artículo 24 o en el 1.1 in fine en relación con el 26– el abordaje de la Corte se refiere principalmente a la falta de medidas proactivas del Estado para garantizar el acceso a un trabajo decente a la población que sufre dicha discriminación y que lleva, por ende, a la aceptación de condiciones de trabajo riesgosas e indignas. Esto es, como se ve, diferente del incumplimiento de las obligaciones de supervisión y fiscalización.

En síntesis, se trata de una sentencia importante de la Corte, que ofrece un análisis más concreto y específico sobre el alcance de obligaciones estatales en materia laboral bajo el marco de la Convención Americana.