Procedimiento de Soluciones Amistosas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

9 de Diciembre del 2020
Procedimiento de Soluciones Amistosas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

La Corte Permanente de Justicia Internacional definió la palabra Controversia como:un desacuerdo sobre un punto de derecho o de hecho, una contradicción, una oposición de tesis jurídicas o de intereses entre dos personas. El derecho internacional impone a los Estados la solución pacífica de sus controversias, dejando a su libre elección los medios para hacerlo: negociación, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial, recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos

Para hablar de Solución Pacífica de las Controversias Internacionales (SPCI) en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), debemos primeramente referirnos alTratado Americano de Soluciones Pacíficastambién conocido como “Pacto de Bogotá”, el cual en su artículo II, viene a fortalecer el principio consagrado en el artículo 23 de la Carta de la OEA, al imponer a los Estados miembros, la obligación de resolver sus conflictos a través de medios pacíficos y agotar los mecanismos regionales de solución, antes de acudir al Consejo de Seguridad de las ONU.

“Lo que actualmente se conoce en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como “solución amistosa” es el fiel reflejo e influencia de la conjunción de al menos dos de los conocidos en el derecho internacional general como “medios pacíficos de solución de controversias”. Estos, que en principio se utilizaban sólo entre Estados, con la evolución y desarrollo del derecho internacional han incorporado directa o indirectamente como partes a las organizaciones y, más recientemente, a los individuos, junto con su incorporación como sujetos del derecho internacional.” https://corteidh.or.cr/tablas/r24786.pdf

Ahora bien, el concepto de “Reparación Integral” deriva del art. 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), el cual abarca la acreditación de daños, y el otorgamiento de medidas tales como la investigación de los hechos; la restitución de derechos, bienes y libertades; la rehabilitación física, psicológica o social; medidas de satisfacción; garantías de no repetición de las violaciones; e indemnización por daño material e inmaterial (Calderón Gamboa, 2013). La CADH en el art. 63.1 se limita a señalar que ésta debe ser una “justa indemnización”, sin indicar los elementos que ésta debe contener. Así, siguiendo el criterio de la Corte IDH, este contenido debe ser llenado por los “principios del derecho internacional” (Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam, 1993).

El derecho internacional de los DD.HH. ha ido desarrollando una nueva concepción de la responsabilidad internacional, donde ésta es más profunda, pues no sólo se limita a la obligación por parte de los Estados de cesar con las violaciones a los DD.HH. y respetar los derechos  expresados en los tratados signados, sino también los individuos pueden exigir su cumplimiento e incluso los demás Estados actúan como garantes del respeto a los DD.HH. Ello tiene un fundamento, y es que “se inspiran en valores comunes superiores, dotados de mecanismos específicos de supervisión, se aplican de conformidad con la noción de garantía colectiva, consagran obligaciones de carácter esencialmente objetivo, y tienen una naturaleza especial, que los diferencian de los demás tratados, los cuales reglamentan intereses recíprocos entre los Estados Partes” (Caso “Masacre de Mapiripán Vs. Colombia», 2005). Desde el caso “Velázquez Rodríguez Vs. Honduras” hasta la jurisprudencia actual, el contenido de las reparaciones ha ido expandiéndose.

Soluciones Amistosas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

El procedimiento de Solución Amistosa, es un “mecanismo [que] permite generar espacios de diálogo entre presuntas víctimas, peticionarios y Estados, donde estos pueden alcanzar acuerdos que establecen medidas de reparación beneficiosas para las presuntas víctimas de la situación denunciada y muchas veces [para] la sociedad en su conjunto”.

El procedimiento de solución amistosa es facilitado por la CIDH antes de la emisión de una decisión de fondo, y se basa en la voluntad de las dos partes, es decir, que, si las partes consideran que la negociación no satisface sus intereses, pueden solicitar la finalización del proceso y la continuación del mismo por vía contenciosa. Una vez que el acuerdo es aprobado y publicado por la CIDH surte efectos, finalizando el sistema de peticiones y casos. (arts. 48 y 49 de la CADH)

Beneficios del procedimiento de Soluciones Amistosas y su efectividad en el Sistema Interamericano

Un acuerdo de solución amistosa ofrece la posibilidad de reflejar los intereses y necesidades de las dos partes, y de responder a las causas y consecuencias de las violaciones denunciadas según la perspectiva de las personas afectadas. Estas modalidades de reparación son consistentes con los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de DD.HH. y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario, a interponer recursos y obtener reparaciones”. En dichos principios se incluye, diferentes modalidades que permiten a los Estados coordinar sobre las reparaciones, al tener en cuenta su realidad política, económica y social en cada caso en concreto. Para la efectividad del acuerdo, resulta clave que en ellos solo se incluyan aquellas medidas que realmente se puedan cumplir; así como los marcos temporales en los que se pueden llevar a cabo, teniendo presente que una vez se suscribe el acuerdo de solución amistosa, los Estados tienen el deber de cumplir con los compromisos asumidos en él. Actualmente, se encuentran activos sesenta y cinco (65) Acuerdos de Solución Amistosa en el SIDH, en los cuales cuarenta y siete (47) de ellos obtuvieron un cumplimiento total respecto de las medidas de reparación acordadas, setenta y tres (73) Acuerdos se encuentran en estado de cumplimiento parcial de dichas medidas, y solamente uno su acatamiento está pendiente. (CIDH, “Seguimiento de soluciones amistosas aprobadas y publicadas”)

Mediante la adopción de medidas de reparación, numerosas víctimas de violaciones de DD.HH. han obtenido la restitución plena del derecho vulnerado o su reparación a partir de la ejecución de medidas de satisfacción vinculadas a la investigación de los hechos y sanción de los responsables de las violaciones; el pago de una compensación económica; medidas de rehabilitación o tratamiento médico; así como la adopción de medidas de reparación de carácter simbólico, como la celebración de actos de desagravio y la publicación de disculpas públicas.” (CIDH, «Informe sobre el impacto del mecanismo de solución amistosa», 2018)

Adoptar el procedimiento implicaría agilizar el proceso ordinario ante la CIDH, evitando un posible proceso posterior ante la Corte IDH, descomprimiendo así el Sistema de Peticiones y Casos.

Posibles reformas legales para facilitar el procedimiento de soluciones amistosas y cumplir con la reparación integral de las víctimas

Para concretar el objetivo del procedimiento de soluciones amistosas, lograr la efectividad y cumplimiento de las medidas de reparación, se propone lo siguiente:

Establecer mecanismos legislativos/administrativos que permitan facilitar la implementación de algunas medidas de reparación adoptadas mediante procedimientos de solución amistosa decretadas por órganos de derechos humanos, como por ejemplo la Ley Nº 288 de Colombia, por medio de la cual se establecieron mecanismos para la indemnización de víctimas de violaciones de derechos humanos.

Creación de grupos o unidades especializadas para el impulso de las negociaciones e implementación de los acuerdos, con personal capacitado en DD.HH., SIDH y resolución alternativa de conflictos. Por ejemplo, en Colombia, se ha creado de un Grupo de Soluciones Amistosas, con el objetivo de fortalecer la política institucional de promoción de ellas e impulsar el restablecimiento de la confianza en las instituciones y garantizar las reparaciones, a partir de un trabajo directo con víctimas y organizaciones.

Tomar como base la Ley Nº 936 de Bolivia sobre “Conciliación y Arbitraje” que autoriza al Estado a suscribir acuerdos de solución amistosa y crea el Consejo Estatal de Soluciones Amistosas en materia de Derechos Humanos.

Retomar la discusión en el seno del Poder Legislativo de Argentina, el Proyecto de Ley Expte. Nº 2538-S-2000 cuya autoría corresponde al Dr. Alberto Rodríguez Saa, referido al mecanismo para tornar operativas las resoluciones de carácter dispositivo de los organismos de verificación de los tratados internacionales de rango constitucional. Dicho proyecto establece: la obligatoriedad de las sentencias de la Corte IDH; el pago de indemnizaciones a las víctimas en un plazo de 90 días desde que la resolución se encontrare firme; la obligación de hacer cesar la situación que diera origen a la disposición referida, disponiendo la adopción inmediata de las pertinentes medidas administrativas, judiciales o legislativas para que ello suceda dentro del plazo de 90 días; y la aplicación retroactiva de dichas disposiciones.

Citación académica sugerida: Parodi Cruz, Luciana Antonella:Procedimiento de Soluciones Amistosas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 2020/12/09, https://agendaestadodederecho.com/procedimiento-de-soluciones-amistosas-ante-el-sistema-interamericano-de-derechos-humanos

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ACERCA DE LA AUTORA
Luciana Antonella Parodi Cruz

Abogada, por la Universidad Nacional de Catamarca – Especialista en Violencia de Género, Participación y Políticas Públicas, en proceso- Ex pasante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, año 2017- Ex pasante del Instituto contra la Discriminación Xenofobia y Racismo (INADI), año 2018.

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Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.