La jurisprudencia de la Corte Interamericana normalmente había cerrado líneas para la protección de jueces y juezas contra destituciones arbitrarias.  El caso Cajahuanca abrió una ventana por la que se podrían justificar algunas arbitrariedades.

 La sanción por comprometer la dignidad del cargo de juez tiene un doble componente. En primer lugar, habilita a la destitución siempre y cuando el juzgador u órgano disciplinario correspondiente considere que se comprometió la dignidad de esa posición.  En segundo lugar,  trae consigo un efecto disuasor: los jueces deben evitar atentar contra la dignidad del cargo. Visto en estos términos, la norma cumple con un fin legítimo que es proteger la bondad de la magistratura.

Sin embargo, esa norma leída sin contexto es problemática. En América Latina, los ataques contra la independencia de la judicatura han sido recurrentes, y particularmente la destitución de un juez o jueza ha sido usada para socavar la democracia en múltiples oportunidades. Ecuador, Honduras, Venezuela y el propio Perú han visto como ataques contra las magistraturas se han escudado detrás de alegados fines legítimos. Frente a estos contextos, la Corte IDH había priorizado la previsibilidad de una sanción de destitución contra un juez por encima del grado de discrecionalidad permitido en un caso.

Particularmente en el caso Urrutia Laubreaux vs. Chile, la Corte Interamericana responsabilizó a Chile por usar una norma “que permitía una discrecionalidad incompatible con el grado de previsibilidad que debe ostentar la norma en violación del principio de legalidad contenido en el artículo 9 de la Convención”. En ese caso, el tipo disciplinario aplicado era “[p]ublicar, sin autorización del Presidente de la Corte Suprema, escritos en defensa de su conducta oficial o atacar en cualquier forma, la de otros jueces o magistrados”. La norma del caso peruano es incluso más abierta que esta, en tanto dentro de la concepción de “comprometer la dignidad del cargo” pueden calzar actos de toda índole.

Tampoco es razonable sostener que una motivación adecuada es suficiente para subsanar la falta de previsibilidad. En primer lugar, la motivación debe reflejar el análisis jurídico por el cual una determinada conducta calza dentro del supuesto normativo.  Si el supuesto de hecho es sumamente amplio, cualquier conducta que se pueda considerar reprochable por el juzgador calzaría dentro de este supuesto. En cualquier caso, incluso para revertir una posible arbitrariedad tendría que recurrirse la decisión, algo que puede tomar un largo tiempo en resolverse y puede hacer ilusoria la posibilidad de ser reintegrado a un cargo. Cabe recordar, por ejemplo, que en el caso López Lone las reincorporaciones de algunas víctimas se dieron hasta 8 años después de que fueron destituidas en primer lugar.

Establecer causales previsibles para la destitución, por lo tanto, no es un capricho, sino una garantía contra la arbitrariedad. Independientemente de la licitud de la conducta del juez Cajahuanca Vásquez que le haya llevado a su destitución, este caso debió resolverse por vía de la determinación de responsabilidad de Perú por la falta de criterios objetivos y previsibles por los cuales podía ser sancionado el señor Cajahuanca.  La falta de esta determinación tiene una doble consecuencia: (1) legitimó la compatibilidad con el derecho internacional de una norma que podría favorecer a la consumación de violaciones a la independencia de la judicatura, y (2) habilitó a Estados a considerar incorporar normas abiertas de este tipo para mermar la independencia de la judicatura.