Tanto la revocatoria de la denuncia de la Carta de la OEA, como las ratificaciones de los demás tratados interamericanos, fueron recibidas por el depositario de dichos instrumentos, el Secretario General de la OEA, sin oposición u observaciones de los otros Estados Parte.

El acto de depósito de un tratado es un acto que debe ser controlado por las partes, o las instancias que se señale como competentes para tal fin en tratados constitutivos de organizaciones internacionales. Esta conclusión coincide con el  criterio sostenido por la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional en relación con la controversial ratificación del Estatuto de Roma realizada por Palestina.

La oposición de nueve Estados en la Asamblea General de la OEA se sustentó en el desacuerdo sobre la legitimidad del gobierno interino, y no pueden tenerse como formulaciones en contra de los actos relativos a los tratados interamericanos realizados por Guaidó, por no haberse cumplido con los extremos que señala el art. 77.2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT).

De esa forma, el examen hecho por el depositario partió de la premisa de que Guaidó ejercía la jefatura del gobierno en los términos del art. 7.2 de la CVDT. Los efectos del derecho interno sobre el derecho internacional para anular la manifestación de la voluntad para obligarse por un tratado son muy limitados, y se contraen a casos de manifiesta incompetencia en detrimento de una norma fundamental (art.46.2 CVDT), lo que no se ha observado en este caso.

Por otro lado, los Estados han hecho aquiescencia sobre la condición de Venezuela como Estado parte de la OEA; no habiéndose opuesto a los actos de manifestación en obligarse por la Carta de la OEA, el TIAR, la CADH y el Protocolo de San Salvador, permitiéndose incluso su participación en la elección de magistrados de la Corte IDH, lo que no había ocurrido desde 2013 cuando entró en vigor la denuncia de la CADH.

Esta interpretación está además soportada por la conducta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha sido consistente en su ejercicio ininterrumpido de competencias sobre Venezuela, otorgando más de 50 medidas cautelares desde abril de 2019, y que, además, ha elevado a la Corte casos contenciosos del período posterior al 10 de septiembre de 2013 (Ver: aquí, aquí, aquí), reconociendo la validez de los actos relativos a los tratados interamericanos realizados por Juan Guaidó.

En suma, la Corte IDH tendrá próximamente la posibilidad de dirimir la cuestión relativa a la validez del acto de ratificación de la CADH, cuya decisión podrá aplicarse mutatis mutandis para los demás actos relativos a tratados interamericanos celebrados por Guaidó, y así despejar la incertidumbre que rodea a la condición de Venezuela como estado parte de la OEA. En todo caso, debe traerse a colación el art. 143 de la Carta de la OEA, conforme al cual Venezuela estaría en todo caso ligada a la organización hasta cuando cumpla con todas las obligaciones pendientes con ésta (particularmente, el pago de cuotas pendientes, la restitución de las garantía democráticas y la implementación de las decisiones de la CIDH y la Corte IDH, tal como dispuso la Corte IDH en la OC-26/20), en el supuesto que se interpretara que los actos celebrados por Guaidó carecen de validez.