Las preguntas de fondo son: ¿Quién debe decidir sobre la validez de una ratificación de un tratado? ¿El depositario del tratado? ¿los Estados? o, en el caso de la CADH, ¿la Corte Interamericana?

El depositario del tratado tiene la función de revisar si un Estado puede ser parte de un tratado. Sin embargo, según la práctica del Secretario General de la ONU, en caso de dudas o de temas políticos, como en movimientos de liberación nacional, son los Estados quienes deben decidir, y el depositario actuará en seguimiento de dicha decisión.

Que la decisión recaiga en los Estados, es lo que tiene más sentido al tomar en cuenta el funcionamiento del derecho internacional público y el derecho de los tratados en particular. Por ejemplo, son los Estados quienes deben decidir si una reserva a un tratado es o no aceptable. Esto además se respalda con lo establecido por la Corte IDH en la Opinión Consultiva 26. En esta opinión, la Corte IDH resaltó que en tratados que permiten la protección de derechos humanos, como la Carta de la OEA y la Convención Americana, existe una obligación de garantía colectiva, la cual implica que en casos de denuncia de estos tratados, los demás Estados del Sistema Interamericano tienen la obligación de, entre otros, exteriorizar sus observaciones y objeciones a la denuncia, y “realizar los esfuerzos diplomáticos bilaterales y multilaterales, así como ejercer sus buenos oficios de forma pacífica, para que aquellos Estados que hayan efectivizado su retiro de la OEA vuelvan a incorporarse al sistema regional”.

En el caso de Venezuela, no se ha hecho público si el depositario transmitió a los demás Estados el desistimiento de la denuncia de la Carta de la OEA ni del instrumento de ratificación de la CADH. Tampoco se ha indicado si algún Estado presentó sus observaciones al respecto. La publicidad de esta información sería lo ideal.

Sin embargo, es claro que el actuar de la mayoría de los Estados Miembros de la OEA, al permitir la participación de Venezuela en las discusiones de la OEA, demuestra que han considerado válido el desistimiento de la denuncia de la Carta de la OEA realizada por la representación de Guaidó.

Lo mismo sucede con la ratificación de la CADH. En la Asamblea General de la OEA de 2021, la representación del Gobierno de Guaidó, en nombre de Venezuela, participó en la elección de jueces y juezas de la Corte Interamericana. En estas elecciones solo pueden participar Estados partes de la CADH. La participación de Venezuela fue una muestra inequívoca de que la mayoría de los Estados de la región en ese momento reconocían que Venezuela era parte de la CADH.

Con los casos que tiene pendiente, la Corte Interamericana también va a tener que participar en la discusión. El año pasado la Sala de Cuestiones Previas de la Corte Penal Internacional enfrentó una situación similar cuando tuvo que decidir sobre la jurisdicción territorial de la situación de Palestina. La Sala indicó que esta decisión correspondía a los Estados, quienes ya se habían pronunciado afirmativamente al aceptar la adhesión de Palestina al Estatuto de Roma.

En el caso de Venezuela, los Estados ya tomaron implícitamente la decisión de aceptar que sigue siendo miembro de la OEA y parte de la CADH. No debería la Corte actuar en un sentido diferente. Sobre todo considerando que el actuar de los Estados puede ser entendido como una medida de garantía colectiva ante las denuncias presentadas por el gobierno de Maduro.