La mirada precedentemente expuesta dista mucho de la perspectiva que se tiene sobre el derecho a portar armas de fuego en América Latina. Recordemos que Latinoamérica es una región marcada por la pobreza, la desigualdad y la inseguridad. Poseer un arma de fuego en América Latina se encuentra estrictamente regulado y, más allá de considerarse un derecho, se ha convertido en una condición excepcional.

Sólo un puñado de países de la región garantiza de manera condicionada su porte y tenencia, ya sea por vía constitucional o legal (es el caso de Guatemala y Honduras), pero la gran mayoría mantiene una normativa rigurosa, principalmente por el peligro que representa para la sociedad el uso de armas de fuego. En este caso, el debate estriba, tal como sucede en Colombia, en la necesidad que alegan los que están a favor de su flexibilización, esto es, la relevancia de protegerse de la delincuencia.

Por otro lado, el tráfico ilícito de armas de fuego y sus municiones es una de las principales preocupaciones de los Estados Americanos, en atención a las consabidas consecuencias nefastas que ponen en riesgo el bienestar de los pueblos y su derecho a vivir en paz. Esta legítima preocupación dio lugar a que, en 1997, se firmara la Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos y otros materiales relacionados, conocida como CIFTA, con el fin de ayudar a los Estados Parte de la Convención a combatir y procurar el desarme en sus países. 

A modo de ejemplo, en el marco de este desafío, México se encuentra en una cruzada contra los armeros estadounidenses, alegando que no están poniendo restricciones en la venta de armas. Aunado a que son estos quienes facilitan el armamento al crimen organizado y a las cabecillas del narcotráfico, los que tienen verdaderos ejércitos —incluso mejor armados que los cuerpos de seguridad estatales—lo que contribuye a que la espiral de la violencia no disminuya. 

En todo caso, los Estados latinoamericanos no solo mantienen regulaciones restrictivas sobre el derecho a portar armas, sino que, a su vez, están comprometidos a combatir su comercio ilícito, agobiados por las altas tasas de violencia producto del crimen organizado, lo que ha elevado de manera continuada el índice de homicidio intencional, tal como se desprende del Preámbulo de la CIFTA y los datos del Estudio sobre Homicidios de UNODC. Espacios como los que otorga la CIFTA y otros cuerpos de los organismos internacionales creados para apoyar el desarme regional, como la Oficina Regional de Naciones Unidas (UNLIREC) o los programas de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA), sirven de apoyo técnico para lograr dicho objetivo.

Portar armas de fuego es una responsabilidad que se debe dar en situaciones de excepcionalidad.  Lo cierto es que la inseguridad que rodea la región puede generar esa necesidad ciudadana de adquirir un arma de fuego con miras a salvaguardar su vida y bienes más preciados.  Sin embargo, su tráfico ilícito, producto de la expansión del crimen organizado, pone a los ciudadanos latinoamericanos en una situación de extrema vulnerabilidad, que les impide vivir en plena libertad y a disfrutar su derecho humano a la paz. Y, aún cuando vemos que el mayor índice de homicidios violentos involucra a la población masculina joven, no hay que perder de vista que las mujeres, niñas y niños también son considerados como víctimas vulnerables de las armas de fuego, que son utilizadas en gran medida en su detrimento en casos de femicidios y extorsión.