Desde hace pocos años, el acoso sexual en los ámbitos educativos ha empezado a hacer parte del debate público. Aunque dicho protagonismo no implica la reciente aparición de este tipo de violencia –pues desafortunadamente, siempre ha caracterizado la experiencia de mujeres y niñas en las aulas de clase–, las valientes denuncias de estudiantes, profesoras y colectivas y la visibilidad que los medios de comunicación dieron a estas, permitieron que el hostigamiento y las agresiones sexuales en centros educativos tuvieran un lugar en las agendas de las autoridades, de quienes demandan medidas para su prevención y sanción.

Esta problemática –que contribuye a la profundización de la brecha en la garantía de, entre otros, los derechos a la educación y del trabajo de la población femenina, ya que constituye una causa de desmotivación e incluso de deserción–, no ha sido ajena al análisis judicial, el cual ha dado cuenta de su dimensión y gravedad.

En 2020, por ejemplo, la Corte IDH constató las profundas afectaciones a la salud mental e incluso física de sus víctimas, al conocer el caso de una niña que se suicidó por el acoso y la violencia sexual perpetrados por un directivo de su colegio (Caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador). Así mismo, en Colombia, la Corte Constitucional ha tenido múltiples oportunidades de estudiar tutelas sobre la forma negligente en la atención de situaciones de acoso sexual, destacando que por tratarse de violencias basadas en género y, por tanto, de violaciones a los derechos humanos, al Estado le corresponde actuar conforme a su obligación de debida diligencia (T-239 de 2018 y T-061 de 2022).

Para este Alto Tribunal, lo anterior implica investigar y sancionar los hechos sin “minimizarlos o reducir su gravedad a partir de prejuicios culturales y obstáculos institucionales”, así como el deber de garantizar efectivamente a mujeres y niñas,    espacios libres de violencia. Incluso, ha exhortado al Ministerio de Educación a destinar recursos financieros para ese fin, así como elevar a norma nacional “la exigencia para que todas las universidades públicas y privadas cuenten con instrumentos normativos dirigidos a atender, prevenir, investigar y sancionar los casos de violencia basada en el género que se presenten en los centros de educación superior del país”.

Teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional, así como algunas investigaciones en la materia, y a partir del acompañamiento a casos concretos de acoso sexual en universidades que facilitaron conversaciones con profesoras, activistas y colectivas; y con el propósito de contribuir a dar pasos adelante en la construcción de espacios educativos seguros y libres de acoso sexual; a continuación, recalcamos cinco aspectos que consideramos resultan fundamentales para dicho propósito, algunos de los cuales coinciden con los formulados por Dejusticia en una investigación llevada a cabo entre 2019 y 2021. Recomendado: Entre la denuncia y la difamación: el acoso sexual en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia