2024: año clave para la justicia y la democracia en Guatemala

11 de Julio de 2024
2024: año clave para la justicia y la democracia en Guatemala
Foto. Corte Suprema de Justicia de Guatemala

Guatemala enfrenta una oportunidad histórica para renovar el organismo judicial. En esta ocasión, la integración de la Comisión de Postulación representa una esperanza para garantizar una justicia independiente, imparcial y profesional.

En 2024, Guatemala enfrenta un evento crucial: el proceso de designación de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los 135 magistrados titulares de las Salas de la Corte de Apelaciones (SdCdA). Este proceso ocurre cada cinco años, pero la elección actual es especialmente relevante por varios motivos.

Primero, debido a acusaciones de corrupción y a irregularidades en el proceso anterior, la renovación programada para el 12 de octubre de 2019 no se realizó a tiempo. Fue necesario posponerla y no fue hasta noviembre de 2023, cuatro años tarde, cuando el Congreso finalmente procedió a la elección de los magistrados, quienes estarán en el cargo menos de un año.

Segundo, en 2023, Guatemala enfrentó su peor crisis institucional y democrática desde el fallido autogolpe de Estado de 1993. Gran parte de esta crisis estuvo vinculada al sistema de justicia. La fiscalía general, liderada por Consuelo Porras, junto con otros operadores de justicia sancionados por Estados Unidos, Canadá y el Consejo de la Unión Europea por ser antidemocráticos y corruptos, instrumentalizaron el sistema judicial para intentar anular las elecciones y evitar la toma de posesión del actual gobierno.

Una orden judicial arbitraria que intentó impedir la participación del partido Movimiento Semilla, del presidente Arévalo, desató la crisis constitucional. Afortunadamente, la Corte de Constitucionalidad (CC) intervino con una sentencia el 14 de diciembre de 2023, poniendo fin a la intentona golpista.

Y tercero, porque esta vez, para el proceso de selección de CSJ y SdCdA, habrá una misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) invitada por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.

Evolución de las Comisiones de Postulación

De acuerdo con los artículos 215 y 217 de la Constitución guatemalteca, las Comisiones de Postulación (CP) son responsables de seleccionar y proponer candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de la Corte de Apelaciones (SdCdA).

El Congreso elige a los magistrados de estas cortes a partir de esta lista. Las CP están integradas por 37 miembros: un representante de los rectores de las universidades, 12 magistrados, 12 decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país y 12 representantes elegidos por voto en el Colegio de Abogados. Los procesos de designación de cada representante ya han tenido lugar a esta fecha y las CP serán juramentadas por el Congreso en los próximos días.

Las CP surgieron durante la transición democrática en Guatemala. El Consejo de Estado, un cuerpo consultivo compuesto por representantes de diversos sectores sociales, económicos y académicos, tenía la tarea de estudiar y proponer soluciones a problemas nacionales.

Este consejo preparó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral de 1983 por encargo del jefe de Estado, Efraín Ríos Montt, e ideó las «novedosas» CP que enviarían una lista de 20 aspirantes a la CSJ para que esta designara al Tribunal Supremo Electoral, el cual garantizaría las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente.

Inicialmente, las CP operaban sin un marco legal claro y funcionaban informalmente como comités de pares que nominaban a juristas de prestigio para ocupar las altas magistraturas. Después del fallido autogolpe de 1993, se realizaron reformas sustanciales a la Constitución y se amplió el sistema de CP para la designación completa de la CSJ.

Originalmente, solo se proponían candidatos para 5 de los 9 magistrados de la CSJ, mientras que los otros 4 eran electos directamente por el Congreso. Tras la reforma de 1993, la CSJ se elige por el Congreso de una nómina de 26 candidatos propuestos por una CP con representantes de diversas instituciones, requiriendo el voto de dos tercios de sus miembros. Desde entonces, los magistrados de las SdCdA también se eligen por el Congreso de una nómina doble de candidatos propuestos por una CP con requisitos similares a los de la CSJ.

En 2009, se promulgó la Ley de Comisiones de Postulación que estableció parámetros bajo los cuales la comisión debe regirse y un sistema de evaluaciones. Según el marco normativo, las CP tienen la tarea de evaluar a los aspirantes con base en su mérito académico, profesional y ético. Sin embargo, el modelo actual enfrenta grandes desafíos, incluyendo acusaciones de manipulación política y corrupción.

Recuento de un modelo agotado

En las elecciones de cortes de 2009, la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) reveló graves irregularidades en el proceso de selección de magistrados. Estas irregularidades incluían la manipulación de las listas de candidatos y la intervención de intereses externos en el proceso de selección.

La CICIG documentó cómo estas irregularidades afectaron la legitimidad del sistema judicial. Como resultado de estas revelaciones, el Congreso enmendó el proceso de selección tanto en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como en las SdCdA, corrigiendo varios nombramientos cuestionados.

En las elecciones de cortes de 2014, el Caso Comisiones Paralelas, denunciado la CICIG en 2018 y 2019, reveló posibles hechos de corrupción, incluyendo negociaciones ilícitas y tráfico de influencias para la elección de magistrados. Según la investigación, el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y el excandidato presidencial condenado por lavado de dinero en EE. UU, Manuel Baldizón y otros altos dirigentes políticos pudieron influir indebidamente en el proceso para cooptar las cortes.

En 2019-2020, la situación se repitió con el Caso Comisiones Paralelas 2020, donde se descubrieron reuniones secretas y negociaciones ilícitas. A pesar de una sentencia de la CC, el Congreso se rehusó a elegir cortes hasta noviembre de 2023, para ocupar el cargo por menos de un año.

Una oportunidad de mejorar pese a las deficiencias del modelo

En esta ocasión, los ojos de la sociedad guatemalteca y los de observadores internacionales estarán puestos sobre las CP. Hay que mencionar que la elección en el Colegio de Abogados para designar a los 12 representantes que participarán en cada comisión batió récords de participación, con el voto de más de 15,000 profesionales, aproximadamente un 36% de los agremiados activos.

El gran desafío de las CP será llegar a acuerdos que permitan que las evaluaciones de los aspirantes se basen en criterios sustanciales. En el pasado, las CP suelen ponderar con demasiado valor la antigüedad y publicaciones que carecen de rigor académico, lo cual infla los puntos que los aspirantes obtienen, algo que no garantiza el mérito de los aspirantes.

Es importante recordar que las CP toman todas sus decisiones por una mayoría de dos tercios, lo que implica que se necesitarán 25 votos para cualquier resolución. Esto podría otorgar un poder de veto a las fuerzas democráticas dentro de las CP, aunque no sean la mayoría.

Las expectativas están puestas en que estas fuerzas lideren y, por primera vez, generen un proceso que inspire confianza e invite a profesionales de reconocida trayectoria a postularse. Sin embargo, existe la amenaza de que grupos antidemocráticos intenten judicializar el proceso, replicando el retraso de 2019 y buscando demorar la instalación de la nueva magistratura. La observación internacional y la vigilancia ciudadana serán cruciales.

Citación académica sugerida: Ortiz Romero, Edgar. 2024: año clave para la justicia y la democracia en Guatemala. Agenda Estado de Derecho. 2024/07/11. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/2024-ano-clave-para-la-justicia-y-la-democracia-en-guatemala/

Palabras clave: Guatemala; Corte Suprema; poder judicial; Comisión de Postulación; independencia judicial.

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ACERCA DEL AUTOR
Edgar Ortiz Romero

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala; magíster en economía por Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, profesor universitario y director del área jurídica de Fundación Libertad y Desarrollo en Guatemala. Es miembro del Consejo Editorial de Agenda Estado de Derecho

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.