Para analizar la eventual responsabilidad en materia de derechos humanos del supermercado, la CtIDH se basa en el deber de garantía de los Estados, dentro de los cuales incluye las actuaciones de particulares dentro de su jurisdicción. Esto significa, entre otras cosas, que el Estado debe realizar acciones positivas para que los actores privados respeten los derechos humanos, así como abstenerse de realizar acciones que eventualmente pongan en riesgo los derechos humanos de la población que habita en su jurisdicción. Con todo, la Corte previene que un Estado no puede ser responsable por todas las violaciones de derechos humanos cometidas por particulares dentro de su jurisdicción. Para determinar la eventual vulneración del deber de garantía hay que analizar las circunstancias del caso concreto (párr.95).

Para analizar el caso, la CtIDH se vale de elementos jurídicos y de contexto social. Respecto de los elementos jurídicos, la Corte se basa en la aplicación práctica de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU (en adelante PRNU), particularmente haciendo referencia al caso de Caso Buzos Miskito (Lemoth Morris) Vs. Honduras. Haciendo una aplicación de los estándares de los PRNU en relación con la Convención Americana, la CtIDH señala que las empresas son las primeras encargadas de tener un comportamiento responsable en las actividades que realicen (párr. 98). Apoya dicha aseveración tomando en consideración que los Estados deben adoptar medidas destinadas a que las empresas: (i) cuenten con políticas apropiadas para la protección de los derechos humanos; (ii) incorporen prácticas de buen gobierno corporativo con enfoque derechos humanos; (iii) cuenten con procesos de diligencia debida para la identificación, prevención y corrección de violaciones a los derechos humanos, así como para garantizar el trabajo digno y decente; y, (iv) cuenten con procesos que permitan a la empresa reparar las violaciones a derechos humanos que ocurran con motivo de las actividades que realicen (párr. 100). Estas obligaciones provienen precisamente del Pilar dos de los PRNU, lo que ya ha sido referido por la Corte en casos anteriores.

Para hacer el vínculo entre los PRNU y la población LGBTIQ+, la Corte hace referencia a otra serie de instrumentos de soft law. Entre ellos, los principios de conducta para las empresas en la lucha contra la discriminación de las personas LGBTIQ+, impulsada por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde el año 2017, y los principios de Yogyakarta, en virtud de los cuales la Corte estima que las empresas deben asegurarse de que no discriminan a los proveedores, distribuidores, ni a los clientes LGBTIQ+ a la hora de que estos accedan a sus productos y servicios. Ello implica no solo evitar la discriminación, sino hacer frente a problemas de violencia, acoso, intimidación, malos tratos, incitación a la violencia y otros abusos contra las personas LGBTIQ+ en que las empresas puedan estar implicadas por medio de sus productos, servicios o relaciones comerciales.

Respecto a elementos de contexto, la Corte estima que en Perú, las personas de la comunidad LGBTIQ+, han sufrido -y siguen sufriendo- un estigma profundamente arraigado en la sociedad, así como los estereotipos negativos que perpetúan los actos de discriminación que sufren en el lugar de trabajo, el mercado y en la comunidad en general. En aras de eliminar todo tipo de prácticas y actitudes discriminatorias y alcanzar la igualdad material -más allá de la formal- es necesaria la implicación de toda la comunidad y, muy particularmente, del sector empresarial. Así, dicho sector tiene no solo la posibilidad, sino también la responsabilidad de fomentar un cambio positivo para la comunidad LGBTIQ+.