¿Una posible luz para las víctimas del golpe de Estado en Honduras?
23 de Mayo de 2025
El requerimiento fiscal contra tres ex altos mandos militares por su responsabilidad en la represión del golpe de Estado de 2009 en Honduras es un paso importante, pero aún persiste la impunidad.
Aunque el requerimiento fiscal en contra de tres miembros de la ex cúpula de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) representa un paso importante de cara a la justicia retributiva a favor de las víctimas del golpe de Estado de 2009 en Honduras, todavía se está muy lejos de acabar con la impunidad de los crímenes del pasado.
Desde el retorno formal a la democracia en 1982, Honduras ha atravesado tres momentos críticos para la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho: la aplicación de la doctrina de seguridad nacional durante la década de los años ochenta, el golpe de Estado de 2009 y la crisis política generada por el fraude electoral en las elecciones de 2017.
Un común denominador de estos tres momentos es que los recursos legales disponibles no fueron idóneos ni eficaces, el sistema de justicia demostró su falta de voluntad y capacidad para garantizar la protección de los derechos humanos, y las vulneraciones a estos se cometieron en un contexto general de impunidad que persiste hasta hoy, dejando a las víctimas y sus familiares en completa indefensión.
Aunque, con la creación del Ministerio Público a mediados de los años noventa, se procesaron penalmente a aproximadamente 27 oficiales militares y policiales por algunos de los crímenes cometidos durante la década de los ochenta, ninguno de ellos fue condenado y muchos de los procesos terminaron en sobreseimientos definitivos.
El 5 de enero de 2025, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra tres ex altos mandos de las fuerzas armadas: el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, el ex subjefe, Venancio Cervantes Suazo, y el ex comandante del Comando de Operaciones Especiales, Carlos Roberto Puerto Fúnez.
Según el requerimiento fiscal, las actuaciones de los militares para reprimir las protestas contra el golpe de Estado fueron “brutalmente desproporcionadas ya que dispararon de manera indiscriminada con fusiles de alto poder y grueso calibre (M16) contra ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente”.
Para el Ministerio Público, la responsabilidad de los tres ex altos jerarcas castrenses radica en que las muertes y graves lesiones que ocurrieron como resultado de la represión militar “no fueron actos aislados, sino crímenes ejecutados por elementos de las Fuerzas Armadas bajo órdenes directas” de ellos.
Inicialmente, a estos militares se les decretó detención judicial y, posteriormente, arresto domiciliario. Luego, la Corte de Apelaciones de lo Penal lo revocó y ordenó su reclusión. Sin embargo, el general en retiro Romeo Vásquez Velásquez se fugó y alega persecución política, narrativa a la que se han sumado otros sectores políticos y sociales, sin atender al derecho de las víctimas a la justicia.
Ante ello, es importante establecer tres verdades incontestables: primero, en 2009, hubo un golpe de Estado que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia López Lone y otros vs. Honduras, constituye un hecho ilícito internacional; segundo, como resultado del golpe de Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comprobó que se cometieron graves violaciones a derechos humanos.
Y, tercero, de acuerdo con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) que esclareció los hechos ocurridos antes y después golpe de Estado, algunas de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad, pues fueron cometidas por agentes estatales y respondieron a una política general de represión ordenada y dirigida por el ex presidente de facto Roberto Micheletti Baín y el Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas.
Este informe constituye la verdad oficial y, como tal, el reconocimiento del Estado hondureño de la existencia de graves violaciones a derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad, y la expresión de su voluntad de perseguirlos penalmente. La existencia de estos crímenes obliga a abordar el caso no solo desde el derecho penal hondureño, sino desde la integralidad y complementariedad de éste con el derecho internacional.
Por tanto, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben abordarlos teniendo en cuenta los estándares desarrollados por el derecho y la jurisprudencia internacional, particularmente el Estatuto de Roma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, así como la jurisprudencia de la Corte IDH.
De esta manera, es fundamental tener muy presente dos cuestiones: primero, el principio del mando responsable, que establece que los jefes militares tienen el deber de tomar las medidas necesarias y razonables para prevenir, reprimir, investigar las violaciones a derechos humanos cometidas por sus subordinados, establecer los hechos y transmitir los casos a las autoridades competentes.
Segundo, la posición de garante, es decir, que las personas acusadas tengan a cargo el cuidado de un bien jurídico importante frente a los peligros que puedan amenazarlo, así como el deber de actuar frente a concretas amenazas para evitar su lesión.
Por ello, como lo señala la CVR, además de su responsabilidad por contribuir a causar las violaciones a derechos humanos a priori, al general en retiro Vásquez Velásquez también le corresponde una responsabilidad por no cumplir con su obligación de denunciarlos y sancionarlos debidamente a posteriori. Pero su responsabilidad está estrechamente vinculada con la de Roberto Micheletti Baín y el Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, como órgano colegiado (págs 203-209).
Basado en los hallazgos de la CVR, los generales en retiro Vásquez Velásquez, Cervantes Suazo y Puerto Fúnez habrían tenido responsabilidad penal a título de autor en los delitos que los militares bajo su mando y control efectivo cometieron en el contexto del golpe de Estado. Este planteamiento se centra en delitos de criminalidad compleja en donde la cadena de mando juega un rol importante.
Aunque la orden no conste por escrito, el contexto aporta los indicios para identificar a quienes tienen el control de que se produzca o no un resultado. Si los crímenes contra la población civil desarmada fuese un hecho aislado, el patrón no se repetiría. En cambio, si es una orden que emana de la cúpula que domina los hechos, estos se repiten en distintos momentos y espacios, tal y como sucedió en los meses posteriores al rompimiento del orden constitucional
Pese a que, en el caso del ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, Romeo Vásquez Velásquez, se encuentra prófugo, el juicio contra estos altos jerarcas militares es un paso importante que debe verse con mucha cautela, pues el sistema de justicia tiene ante sí el enorme desafío de investigarlos y sancionarlos efectivamente, pero también a todas las demás personas responsables de los crímenes cometidos en el marco del golpe de Estado, quienes aún sigue protegidas por un manto de impunidad.
Citación académica sugerida: Mejía Rivera, Joaquín A. (2025). ¿Una posible luz para las víctimas del golpe de Estado en Honduras? Agenda Estado de Derecho. 05/23/25. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/una-posible-luz-para-las-victimas-del-golpe-de-estado-en-honduras/
Palabras clave: Honduras; golpe de estado; derechos humanos; impunidad.
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Doctor Cum Laude en Estudios Avanzados en Derechos Humanos (Universidad Carlos III de Madrid), Doctor Cum Laude en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional (Universidad de Valencia) y Doctor Honoris Causa en Humanidades (Universidad José Cecilio del Valle). Investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, y coordinador adjunto del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
