Tres transformaciones para la justicia de género
20 de Agosto de 2024
Ante la alarmante situación de las violencias contra mujeres y personas LGBTIQ+ en Colombia, se ha discutido cómo se debe transformar el acceso a la justicia para erradicarlas. En el marco de la Comisión de Reforma a la Justicia en Colombia emergieron ideas que pueden ser inspiradoras para otros países de la región.
La superación de la impunidad en los casos de violencias contra mujeres y personas LGBTIQ+ es una de las recomendaciones para la transición hacia la paz y la no repetición que la Comisión de la Verdad de Colombia dejó en su informe final a mediados de 2022. Lograrlo es una deuda histórica, particularmente en regiones como América Latina, en las que estas violencias alcanzan niveles insostenibles sin que los sistemas de justicia respondan adecuadamente, como lo demuestran las condenas a varios países en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Para avanzar hacia este objetivo, se han resaltado tres transformaciones claves para el acceso a la justicia de mujeres y personas LGBTIQ+ –discutidas en el marco de la Comisión de Reforma a la Justicia en Colombia, en diálogo con expresiones de los movimientos feministas y de las diversidades sexuales y de género–, que pueden ser útiles y adaptables a otros contextos:
Las instancias judiciales especializadas en violencias de género son reconocidas como una buena práctica por ONU Mujeres y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y han sido implementadas en varios países. En Colombia, la jurisdicción ordinaria mantiene una estructura dividida en especialidades que corresponden a las ramas tradicionales del derecho (penal, familia, civil y laboral). Esta división se queda corta para responder a las necesidades de las mujeres o personas LGBTIQ+ víctimas, que requieren una respuesta integral y especializada a todos los asuntos relacionados con la violencia.
En diversos Estados se han diseñado modelos de justicia que brindan una respuesta más integrada a las víctimas y, aunque se requieren más estudios empíricos que evalúen estas apuestas, se han registrado impactos positivos. En las cortes integradas para la violencia doméstica de Nueva York, donde un solo juez resuelve los asuntos penales y de familia relacionados con un solo contexto de violencia doméstica, se ha observado un incremento en la eficiencia de los procesos. En el caso de los jueces de violencia contra la mujer en España, que conocen asuntos penales y civiles relacionados con violencias por parte de la pareja, se ha registrado un aumento del 67% en la celeridad de resolución de casos.
En esta línea, la Comisión de Reforma a la Justicia colombiana ha discutido la creación de un Juez de Erradicación de Violencias, que podría conocer los asuntos penales, de familia, civiles e incluso laborales que afectan a mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas de violencia de género o por prejuicio, si se originan a partir del mismo contexto de violencia. Esta propuesta no se restringiría a violencias contra mujeres ocurridas en el contexto familiar o de pareja.
En los casos de violencia de género o por prejuicio una víctima no solo necesita una respuesta judicial. La respuesta a sus distintas necesidades –en materia judicial, de salud, protección, estabilización, etc.– requiere la convergencia de distintas entidades. Sin embargo, cada entidad es autónoma en su planeación estratégica y presupuestal y en la administración de sus servicios. Esto ha generado dificultades en materia de coordinación interinstitucional –por ejemplo, en casos de violencias en el contexto familiar– que se traducen en demoras en la atención y cargas desproporcionadas en las víctimas, que deben tocar la puerta de numerosas instituciones, así como en un uso poco eficiente de los recursos.
La coordinación intersectorial y la integración de los servicios y medidas dirigidas a las víctimas de violencias de género son fundamentales para su acceso a la justicia. En Nueva York, las cortes integradas para la violencia doméstica articulan el acceso a servicios y programas no judiciales para las víctimas. En Guatemala, se ha reconocido como una buena práctica la incorporación de un Sistema Integral de Atención a los juzgados especializados en feminicidios y otras violencias –que han alcanzado tasas de condena superiores a las de juzgados ordinarios–.
Sobre este aspecto, en la Comisión de Reforma se ha propuesto que los juzgados de erradicación de violencias funcionen en los nuevos Centros de Justicia Integral y Especializada para Violencias de Género y por Prejuicio. Las víctimas recibirán una solución centrada en sus necesidades, bajo un modelo de mayor coordinación que concentra funcionarixs especializadxs en el tratamiento de las violencias. Además de los juzgados, el Centro incluye unidades especializadas de investigación y servicios de atención jurídica y psicosocial, de representación judicial gratuita y de acompañamiento en el acceso a mecanismos de justicia restaurativa cuando procedan.
Los mecanismos de protección en materia de género en Colombia en la práctica se han centrado principalmente en la violencia intrafamiliar desde un enfoque familista, más preocupado por la protección de la institución de familia tradicional que por la de los miembros de esta que sufren desigualdades estructurales. Además, estos mecanismos han resultado insuficientes —dejan de lado otras violencias que afectan a mujeres en otros ámbitos distintos a la familia y las violencias que sufren las personas LGBTIQ+ por motivos de género en cualquier contexto—, y muchas veces inoportunas –como lo ilustran casos que han sido objeto de decisiones recientes del Consejo de Estado o la Corte Constitucional colombiana.
Por ello, en la Comisión de Reforma de Colombia se ha discutido la creación de un nuevo procedimiento judicial denominado “procedimiento de salvaguarda”, que puede ser iniciado ante cualquier juez, para que ordene medidas de protección inmediatas en casos de violencia de género o por prejuicio ocurridas en cualquier contexto, sin exigir abogado/a ni que se agoten requisitos o procedimientos previos. Es un mecanismo preferente y al alcance de cualquier víctima, en el que el juez decide, sobre medidas provisionales en 24 horas y toma una decisión definitiva en 10 días.
Para lograr resultados, los mecanismos discutidos deberán contar con recursos suficientes, un adecuado monitoreo y una incorporación efectiva al sistema de justicia. Esperamos que, así como en Colombia se han provocado discusiones necesarias e importantes entre personas expertas, tomadoras de decisiones y representantes de organizaciones sociales al respecto, estas tres transformaciones puedan contribuir a movilizar y nutrir los debates sobre los modelos de justicia para violencias de género y por prejuicio en otros países de América Latina.
Disclaimer: las transformaciones expuestas en este artículo son resultado del trabajo colectivo entre expertas de organizaciones sociales de mujeres y personas LGBTIQ+, así como de los Ministerios de la Igualdad y Equidad y de Justicia y del Derecho de Colombia, del que hacen parte Mariana Ardila y Enith Bula.
Citación académica sugerida: Ardila, Mariana; Bula, Enith. Tres transformaciones para la justicia de género. Agenda Estado de Derecho. 2024/08/20. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/tres-transformaciones-para-la-justicia-de-genero/
Palabras clave: Violencia de género, justicia de género, justicia especializada, reforma a la justicia, Colombia.
¿Es importante profundizar sobre este tema?
Escribe tu artículo/respuesta sobre este tema y déjanos tu texto siguiendo las siguientes instrucciones
Abogada y politóloga de la Universidad del Norte, con maestría en Derecho de la Universidad de los Andes y Master of Advanced Studies in Transitional Justice, Human Rights and the Rule of Law de la Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. Actualmente, es asesora del Ministerio de Justicia de Colombia.
Abogada de la Universidad Externado de Colombia, con Diploma de Postítulo en Mujeres y Derechos Humanos de la Universidad de Chile y maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Nueva York. Es experta en derechos de las amujeres y aplicación del enfoque de género en el derecho. Actualmente, es la directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho, que actualmente impulsa la reforma a la justicia en Colombia y la incorporación de una justicia especializada en género.
Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.
Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
