La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se apresta a celebrar audiencia en el caso Beatriz y otros vs. El Salvador, el primer caso en el que se debate la compatibilidad de la criminalización del aborto, en caso de inviabilidad del feto, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Aunque las aristas que plantea el caso son múltiples, me gustaría centrarme aquí sobre un punto concreto que ha sido repetido, en distintos ámbitos, para justificar la criminalización del aborto en este y otros casos. De acuerdo con el argumento que se esgrime, la interrupción voluntaria del embarazo, en caso de inviabilidad del feto, constituiría un caso de discriminación por motivos de discapacidad, ya que se lo privaría del derecho a vivir por su discapacidad. Y, por ende –se dice–la criminalización sería necesaria para proteger al feto como persona con discapacidad.

¿Interrupción voluntaria del embarazo por inviabilidad del feto como discriminación por discapacidad?

Me parece que el argumento no se condice con la definición que ofrece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), según la cual “(l)as personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. Más allá de discutir si puede considerarse que un feto es una persona, es evidente que el modelo social de discapacidad incluido en la CDPD no se limita a la existencia de “deficiencias”, sino que requiere interacción con un medio social en el que existen barreras para la participación plena y efectiva. Por definición, el feto no tiene ninguna interacción social, por lo que difícilmente pueda aplicársele una definición social de discapacidad. Si lo que se pretende decir es que la razón de la discriminación es una discapacidad futura –una vez nacido–la cuestión es que la nula o corta expectativa de vida del feto inviable, hace bastante difícil pensar a qué interacción con barreras que impidan la plena y efectiva participación en la sociedad pueda referirse el argumento. La mención de la existencia de “deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo”, supone al menos la posibilidad de sobrevivir a largo plazo, como condición para que se produzca la citada interacción con barreras a la participación. Es evidente que ese no es el caso del feto inviable.

Dicho de modo más simple, la definición de la CDPD pretende captar la situación de personas que, por una deficiencia que limite la posibilidad de realizar ciertas funciones (tales como ver, caminar o escuchar) y debido a barreras u obstáculos generados socialmente, vean afectada su plena participación en ámbitos tales como el trabajo, el espacio público, la vida política y cultural, entre otros. Es difícil encontrar alguna relación entre esa definición y la situación de un feto inviable, o en qué sentido obligar a la gestante a llevar a cabo el parto de un feto inviable sería una manera de cumplir con el mandato de inclusión social de las personas con discapacidad, que se deriva de aquella CDPD. Menos plausible aun parece obligar a la gestante a llevar a cabo el embarazo de un feto inviable bajo la justificación de promover la “aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas”. Esta obligación estatal está dirigida a la toma de conciencia social sobre la contribución de las personas con discapacidad, pero es absurdo imponer a la gestante la carga de llevar a cabo el embarazo para que el nacimiento de un feto inviable contribuya a la diversidad humana.

Creo, entonces, que el argumento constituye una extensión indebida e injustificada del significado de “persona con discapacidad” o de “discriminación por motivos de discapacidad” –una hipóstasis de un elemento aislado de la definición, que el filósofo del derecho Genaro Carrió llamaba “pérdida de equilibro conceptual”–, con el único interés de invocar para el feto inviable la protección internacional destinada a ese grupo.