Bajo los dos criterios referidos, el CICR, como la instancia reconocida por el DIH para promover su difusión y aplicación, considera que actualmente existen los siguientes seis CANI en Colombia: i) Estado vs. Ejército de Liberación Nacional (ELN); ii) Estado vs. Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); iii) Estado vs. Antiguas FARC no acogidas al Acuerdo de Paz; iv) ELN vs AGC; v) Antiguas FARC no acogidas al Acuerdo de Paz vs. Segunda Marquetalia; y, vi) Antiguas FARC no acogidas al Acuerdo de Paz vs. Comandos de la Frontera. Esta clasificación presenta algunas variaciones respecto de la hecha por el CICR en 2018 –tras la firma del Acuerdo de Paz–, en donde identificó cinco CANI vigentes en el país, dando cuenta de la evolución de las dinámicas y actores en confrontación.

En el plano oficial, la Política de Defensa y Seguridad del gobierno colombiano, adoptada en 2019, no habla de conflictos armados, pero reconoció para ese momento cinco GAO (ELN, Clan del Golfo – AGC para el CICR-, Los Pelusos y Los Puntilleros y los GAO residuales) operando en el país, que han ido despareciendo o reconfigurándose en estos años, conforme lo muestra la clasificación actual del CICR. Sin embargo, el punto a destacar es que, al identificar esos GAO, el gobierno señaló que reunían el “nivel de organización y de hostilidad” para amenazar la seguridad nacional y afectar a la población. Estos dos criterios responden a los elementos ya vistos para determinar la existencia de un CANI, pese a que ese documento oficial no menciona la expresión conflicto armado. Este punto coincide con un discurso gubernamental contradictorio que, al tiempo que prevé el uso de la fuerza militar en contra de esos grupos, se rehúsa a calificar su actuar como parte de un CANI, considerando que son simples amenazas criminales.    

En esta línea, el gobierno ha rechazado la identificación hecha por el CICR sobre los seis conflictos armados, argumentando que no es vinculante para el Estado y que lo que Colombia enfrenta es una amenaza alimentada por las rentas ilícitas. Aquí, es importante destacar que, desde el DIH, ni la motivación ni la forma de financiación de los GAO son elementos necesarios para definir la existencia de un conflicto armado. Este existe cuando, de forma objetiva, se dan los elementos de intensidad y organización ya referidos. Por tanto, más allá de la reticencia gubernamental a nombrarlos, estos CANI existen y el Estado los está enfrentando como tales mediante el uso de su fuerza militar. De otro lado, vale también mencionar que, si bien se ha cuestionado la clasificación del CICR por no ser del todo clara en relación con grupos como los Comandos de la Frontera, —señalando que podrían considerarse parte de la Segunda Marquetalia—, otras posturas consideran que se trata de un grupo armado organizado por sí mismo, con lo que, por ser la primera vez que entra en esta clasificación habrá que esperar a observar su comportamiento.